¿Despenalizar las drogas reduce la violencia?

Esta pregunta atravesó los debates en la segunda jornada de la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas. Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF se pronunció a favor. El viceministro de Justicia de El Salvador, Àlvaro Henry Campos Solórzano, en desacuerdo.

Un representante de la Unidad de la Policía Pacificadora de Río de Janeiro planteó la necesidad de políticas sociales y no sólo represivas, y el alcalde de San José Guaviare, Colombia, uno de los tres lugares con mayor producción de coca y pasta base de ese país, explicó un modelo centrado en las organizaciones comunitarias y poner límites a la represión.

La Conferencia, que convocó a expertos de toda la región, concluye hoy por la tarde.

(México DF, 14/09/11; 12:30 hs) La combinación de no persecución a los usuarios de drogas, con políticas de promoción social y alianzas con las organizaciones comunitarias en las localidades más afectadas por la violencia fueron presentadas como alternativas a las políticas de militarización en el abordaje de los problemas de seguridad asociados a las drogas. Esta  mañana, en la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas se presentaron las experiencias de El Salvador, Río de Janeiro, la localidad San José Guaviare de Colombia y México DF.

Àlvaro Henry Campos Solórzano, viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador planteó: “La simple legalización de las drogas no trae automáticamente la consecuencia de resolver la violencia, porque al igual que con los productos legales hay robos, amenazas, disputas violentas entre los productores. Mientras una sociedad no haya superado sus problemas de debilidad institucional sería difícil encontrar alternativas en el campo sanitario y en el campo de la justicia”, aseveró.

En cambio, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, se mostró con otra posición: “El círculo vicioso de que porque los jueces estaban corruptos llevó a introducir a los militares en México generó una situación veinte veces más difícil. Tenemos más de cincuenta mil muertos por las decisiones que nos dicen que hay que reducir la oferta. Probablemente la legalización de las drogas no es la única respuesta, pero sí mejoraría la situación de un montón de problemas que tenemos en la actualidad“.

La experiencia de gobierno en una zona de conflicto fue presentada por Pedro José Arenas García, alcalde de San José Guaviare, Colombia, uno de los tres estados con mayor producción de coca y pasta base en Colombia, con más de 50 por ciento de la población desplazada a causa de la violencia, y que en su pequeña penitenciaría municipal llegó a tener más de 300 personas detenidas, la mayoría sindicada por su participación de estupefacientes, casi todos campesinos o pequeños transportistas.

“Les recomiendo pensar el papel de la autoridad local como la instancia que puede aglutinar a las instituciones y hacerlas caminar hacia un mismo lugar”, aseveró al explicar que su estrategia se basó en reunir a las organizaciones comunitarias. Además de desarrollar agendas de cultura y deporte y políticas de prevención del desplazamiento forzado con visitas directas a las localidades “pues la población se desplaza sobre todo por la falta de presencia estatal”, señaló.

Arenas destacó el papel del alcalde con las autoridades militares y de policía. Afirmó que es muy difícil trabajar con el ejército, porque depende del Presidente de la República. En cambio, la policía aunque también es nacional tiene obligación de trabajar con las autoridades locales. “Entonces nosotros dijimos: primero la vida, y logramos bajar de 70 homicidios el año pasado a 37 hasta esta altura del año”, afirmó. Para lograrlo, la indicación a la policía fue: “No nos importa quién sea el causante de la agresión, guerrillas, paras o grupos asociados con el tráfico de drogas. El tema es defender lo que afecta la vida y los derechos humanos”.

Por su parte, el Capitán Felipe Magalhães, integrante de la Unidad de la Policía Pacificadora de Río de Janeiro, Brasil, narró “la transformación positiva que experimentó la comunidad con el establecimiento permanente de la policía comunitaria y la salida de la mayoría de las personas vinculadas al tráfico de drogas”. Sin embargo, advirtió que “el abuso de sustancias ilegales disponibles debe ser abordado, no desde un punto de vista policial, sino de salud”.

Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto mexicano en temas de violencia, seguridad y crimen organizado, hizo un análisis cuantitativo de las manifestaciones de la violencia relacionada con el narcotráfico: “Hechos como la detención o muerte de grandes capos suele desencadenar una escalada de violencia, por la pugna entre facciones por el control del territorio“.

Además, señaló que una vez que se instala un pico de violencia sobre el nivel de lo que sería considerado como “niveles de pre-alarma” es muy raro que esta intensidad disminuya y citó con ejemplo los casos de Chihuahua (donde la violencia ya lleva 42 meses) y Juárez (con un ciclo que ya llega a los 41 meses).

Finalmente, Àlvaro Henry Campos Solórzano, viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador concluyó: “Los delitos relacionados con las drogas no suceden en los lugares más pobres sino más desiguales. El sistema de justicia penal ha sido superado por la realidad. Mientras se recuperan y fortalecen las instituciones, hay que atender las necesidades generadas por la violencia y el delito”.

La III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas concluye esta tarde con debates sobre Latinoamérica en el Contexto internacional y mensajes de los jóvenes y de las organizaciones de personas que usan drogas en la región.

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