Resumen final de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas

América Latina tiene una voz propia y busca protagonizar la transformación de un camino que hasta ahora solo llevó a la guerra, la violencia y la criminalización de los sectores más vulnerables de nuestros pueblos”.

Con esta frase del Coordinador General del Comité Organizador Pablo Cymerman, se podría resumir la perspectiva que dejó esta V Conferencia Latinoamericana y I Centroamericana sobre Políticas de Drogas realizada en San José, Costa Rica, organizada por el consorcio CONFEDROGAS y la organización local ACEID.

Con la participación de las máximas autoridades del país anfitrión y funcionarios de gobiernos de la región; representantes de las principales agencias de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA); los más destacados especialistas y actores de la sociedad civil, dos días de intenso debate dejaron en claro que América Latina intenta caminar hacia un cambio de paradigma en políticas de drogas, que respete los derechos humanos, que contemple a los usuarios de drogas como sujetos de derechos y dé un enfoque de salud pública para abordar el consumo problemático de drogas. Se planteó además la necesidad de avanzar en políticas de regulación del mercado de las drogas.

Los Estados de la región contarán con las conclusiones de la V Conferencia en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA sobre drogas, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre en la ciudad de Guatemala.

Apertura

Más de 500 asistentes llegados de todos los países de la región, colmaron el salón principal del Hotel Radisson para seguir atentamente el desarrollo de los paneles y participar de numerosos eventos satélites en el encuentro más importante de Latinoamérica sobre políticas de drogas. Las primeras palabras estuvieron a cargo de Celso Gamboa, Ministro de Seguridad de Costa Rica, quien abrió la Conferencia en nombre del presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís. “Mucho de la lucha contra el narcotráfico nos conduce a la criminalización de la pobreza” señaló remarcando que se deben enfocar los esfuerzos hacia “quienes manejan los capitales económicos de esas estructuras”. “Se ha combatido la violencia con violencia y el resultado no ha sido exitoso sino que ha generado más violencia”. El funcionario hizo hincapié en que “la Asamblea Legislativa está discutiendo la legalización de la marihuana con fines medicinales, lo cual muestra un país abierto a la discusión, permeable a las nuevas ideas” y concluyó “debemos replantear la estrategia con una visión de salud publica pero también como una cuestión económica, basta ya de la punición de este problema. Si no apostamos a la prevención vamos a recoger frutos nefastos”.

A continuación, Giselle Amador Muñoz, Directora ejecutiva de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), pidió un “dialogo urgente que logre modificar las actuales políticas de drogas” y destaco a la V Conferencia como “un espacio de análisis y reflexión entre instituciones públicas, privadas, academia, agencias internacionales y sociedad civil” y se refirió a las actuales políticas de drogas citando la célebre frase de Einstein “locura es hacer una misma cosa una y otra vez esperando tener diferentes resultados”.

Con la idea de “una estrategia integral de desarrollo humano” y “políticas y programas de desarrollo que abarquen a toda la población” comenzó su locución Yoriko Yasukawa, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica. La funcionaria remarcó que “hay que ir más a allá para conseguir el reconocimiento de las personas que usan drogas como sujetos de derecho” y aclaro “más que plantear reformas puntuales, necesitamos un cambio de paradigma”.

Amado Philip de Andrés, Representante Regional para Centro América y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito subrayo que “es necesario vertebrar verdaderas políticas integradas de drogas” y pidió tener en cuenta otras experiencias; “hay que mirar la experiencia en otras latitudes para ver resultados y oportunidades”.

Por su parte, Jorge Luis Prosperi, Representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en Costa Rica mostró su preocupación por lo limitado del acceso equitativo a sistemas de salud en América Latina y sostuvo que “las personas que tienen problemas de consumos problemáticos son estigmatizadas y rechazadas, no solo por la sociedad, sino también por los sistemas y servicios de salud”.

Un mensaje de reflexión de ONUSIDA trajo a la apertura César Núñez, Director del Equipo de apoyo regional para América Latina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida puntualizando que “las respuestas al VIH deben estar basadas en evidencia científica y en los principios de Derechos Humanos”.

Resaltando “la importancia de esta Conferencia para los Estados de la región que se reunirán en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA sobre drogas en la ciudad de Guatemala el 19 de septiembre” comenzó su exposición Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El funcionario además destacó “el rol y la importancia de la sociedad civil en el planeamiento de las políticas de drogas en la región” y calificó como “notable la participación de la sociedad en las redes de prevención y tratamiento de drogas”.

En tanto Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas hizo hincapié en “la importancia de transversalizar los derechos humanos en cualquier acción que se lleve cabo respecto a las políticas de drogas”. “Lo importante es comprender que el tema de las drogas se debe humanizar”, aclaro señalando que “las organizaciones de la sociedad civil deben ser incorporados en la dinámica de las políticas de drogas”.

La Ministra de Salud de la República de Costa Rica María Elena López Núñez, por su parte, indico la importancia de esta conferencia como “un insumo para la elaboración de políticas públicas de drogas” y estimo que “el enfoque actual no ha tenido el éxito que se esperaba y por ende debemos combinar el uso de nuevas alternativas”.

Por último, Graciela Touzé, Presidenta de Intercambios Asociación Civil expreso en representación del consorcio organizador CONFEDROGAS que “estamos convencidos de estar viviendo una oportunidad histórica para que nuestra Latinoamérica avance hacia posiciones consensuadas y acciones coordinadas que respondan a las necesidades y las prácticas culturales de nuestros pueblos, a un verdadero respeto de los derechos humanos y a mejores prácticas de salud pública”.

Panel Mercados de Drogas Regulados

Augusto Vitale, Coordinador del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de la República Oriental del Uruguay expuso en este espacio de discusión regional los pormenores de la decisión del gobierno uruguayo de regular el mercado del cannabis. “La política de regulación del cannabis es una política de cuidado y no de liberalización del mercado” explicó y agregó: “las políticas de regulación pueden ser consideradas como dispositivos sociales, hemos aprendido como en los mercados regulados deben intervenir los actores políticos pero también la sociedad civil, que comparte la mirada de que el fenómeno es multicausal”.

Pensando en futuras políticas de regulación del mercado de drogas, un interesante desarrollo de conceptos dejó en la mesa la guatemalteca Carmen Rosa de León Escribano, Directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). “Estamos intentando presentar modelos que no han sido probados, la resistencia es parte del miedo al cambio. No sabemos dónde vamos porque no hay lecciones aprendidas de lo que podemos cambiar. Lo que hay son lecciones aprendidas de lo que no debe hacerse”. “Por eso nace la propuesta del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es necesario buscar rutas diferentes”, remarcó.

El Psicólogo, periodista y empresario peruano, dedicado a la elaboración y comercialización de alimentos integrales enriquecidos con harinas nativas, Manuel Seminario Bisso expresó desde la cosmovisión andina su parecer sobre el prohibicionismo que recae sobre la coca; “cuando hablamos de hoja de coca, hablamos de una planta sagrada, que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ella”. “La coca permite entender que papel tenemos en la vida, las posibilidades que tenemos de cumplir nuestros sueños. Debemos cambiar la imagen que tiene el mundo de la hoja de coca” propuso.

Por su parte, el estadounidense Norton Arbeláez, fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado se refirió a la experiencia de regulación del mercado de cannabis en Washington y Colorado. “La vida sigue normal”, contó. “Todo el miedo de la sociedad de que todo se va a acabar a raíz de la regulación del cannabis, simplemente no se ha realizado. Podemos adoptar un modelo de regulación que contemple las particularidades de cada país, y acabar con este negocio tan lucrativo”.

El Coordinador del Proyecto de Política Internacional de Drogas de The London School of Economics (LSE) del Reino Unido, John Collins hizo referencia al actual marco de las convenciones de Naciones Unidas al cual calificó de “insostenible”. “La idea de un mundo libre de drogas no es posible y ha generado muchas consecuencias terribles. Es importante moverse de las respuestas estandarizadas hacia las drogas a un pluralismo en políticas”.

Catalina Niño Guarnizo, de Colombia, Coordinadora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional (PCSR) de la Fundación Friedrich Ebert ofició de discutidora y destacó que “la regulación permite alejar a los consumidores de los mercados ilegales, que son violentos, precisamente por ser ilegales”.

Moderó el panel Jorge Hernández Tinajero (México), Presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), miembro de CONFEDROGAS.

Panel “Consumo de drogas y el enfoque de salud pública en América Latina”

Con la moderación de Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), los especialistas expusieron la preocupación creciente en la región por los consumos de drogas en condiciones de alta vulnerabilidad social a lo que se suma un reconocimiento generalizado acerca de la necesidad de generar respuestas desde el enfoque de la salud pública.

Desde Brasil, Myres Maria Cavalcanti, Coordinadora del Área Técnica de Salud Mental, Alcohol y otras drogas del Municipio de San Pablo compartió la experiencia del Programa de “Brazos abiertos” de dicho municipio, que está basado en estrategias de reducción de daños y que “tiene como objetivos construir una red de servicios para atención de usuarios desde el enfoque de reducción de daños y poner a disposición servicios de atención integral de salud”.

Catalina Pérez Correa González, Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) presentó el informe de este colectivo “En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina” que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: “Las respuestas estatales muestran que existe una persistente criminalización hacia las personas usuarias de estas sustancias, tenemos que repensar un cambio hacia un enfoque de salud y reducción de daños que sustituya el actual enfoque punitivo y criminalizador” explicó la investigadora mexicana.

“Una situación dramática”

Así definió la situación de América Latina Cipriano Tix Lucas, Alcalde de San Andrés Sajcabajá, Guatemala, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) quien enfatizó “hay que seguir buscando estrategias comunes; buscar la sostenibilidad de los centros y contrapartes conscientes; mayor presupuesto para los tratamientos, la prevención, la reducción de daños y la inserción social”.

Por su parte, Denise Tomasini Joshi, Subdirectora del Programa Internacional para el Desarrollo de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRDP/FOS) puso el foco sobre los centros de tratamientos compulsivos y la preocupación por “la gran proliferación de centros privados, que en muchas ocasiones operan con el consentimiento, aprobación, asistencia y/o financiamiento del gobierno en los que La falta de consentimiento, el hacinamiento, los malos tratos que se han hecho moneda corriente”.

Ofició de discutidor Manuel Antonio Molina Brenes, Presidente de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) de Costa Rica quien no dudó en polemizar remarcando que “la perspectiva de salud pública, se ha vuelto una palabra hueca”. “Tenemos que darle un sentido, redefinirla, opmitizarla” enfatizó y para ello “los derechos humanos y la rehumanización deben ser pilares”.

Panel “Drogas e inclusión social”

América Latina es la región más inequitativa del mundo. La desigualdad se expresa en la falta de acceso a bienes y servicios pero también en relación al género, la edad, la etnia, y tantas otras condiciones. Militantes, especialistas y representantes de los sectores afectados, analizaron, debatieron y aportaron propuestas para pensar en el futuro de aquellos que hoy parecieran no tenerlo.

La mexicana Rosa Julia Leyva, representante de la Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación de México abrió el panel con un emotivo relato de su experiencia personal al ser encarcelada por un delito relacionado con el microtráfico de drogas y de cómo, en ese proceso, se convirtió en una militante. “Debemos darle visibilidad a esta problemática de tantas mujeres que son criminalizadas y encarceladas y que viven en situaciones de alta vulnerabilidad”.

Anamelva Esther Felix Sotelo, Coordinadora del proyecto “Promoviendo un espacio de Escucha y acogida para mujeres privadas de libertad” del penal de mujeres Anexo- Chorrillos de Perú, integrante de la RAISSS compartió la experiencia de Mujeres del Barrio, una organización que busca el empoderamiento de las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza de las zonas de Lima y las provincias. “Este proyecto trabaja con mujeres que han nacido y crecido en un contexto de alto riesgo; el riesgo es lo cotidiano, termina siendo su “zona de comodidad” explicó. “Todas ellas tienen o ha tenido una relación directa o indirecta con el alcohol y drogas”, concluyó.

José Luis Zárate Zárraga, Responsable del Centro de Escucha Comunitario de la Fundación Munasim Kullakita (“quiérete hermanita”) de Bolivia, Integrante de la RAISSS compartió la experiencia de un proyecto desarrollado en la Ciudad de El Alto, en una comunidad de alto riesgo, basado en la prevención, reducción del daño, y tratamiento de cualquier tipo de situación de exclusión y sufrimiento social. “Este proyecto, que consta de un tratamiento comunitario, tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de personas, grupos y comunidades, no tanto el cambio. Trata de dar respuesta al 90% de personas en exclusión que nunca van a decidir ir a un centro de rehabilitación consiguiendo que las mismas comunidades en las que habitualmente viven se conviertan en barrios terapéuticos”.

Nischa Pieris (CIM/OEA), Investigadora y analista en la Comisión Interamericana de Mujeres se refirió a la invisibilidad de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. “Sabemos que la mayoría son jóvenes de bajo nivel socioeconómico y de escolarización, juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias, son jefas de hogar, madres solteras. Dada la escasa visibilidad, se complica el diseño de políticas públicas”. “Es una paradoja hablar de la inclusión social de personas que en su mayoría siempre han sido excluidas”, concluyó.

La Coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de la Universidad Cándido Mendes de Brasil, Julita Lemgruber, ofició de discutidora y señaló que “en la mayoría de nuestros países, la mayor parte de los presos, lo están por delitos relacionados con drogas. No tengo sueños de que podíamos reformar prisiones, nunca llegaremos a eso”, expresó.

Moderó el panel Ernesto Cortés Amador, Coordinador del Área Incidencia Política en Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID).

Día 2: Panel Drogas y violencia

Varios países de la región están enfrentando niveles extraordinarios de violencia, que suele asociarse al tráfico de drogas. Paradójicamente, uno de los factores que contribuyen al incremento de la violencia es la respuesta de mano dura por parte de las autoridades. El rol del Estado, los contextos de pobreza y marginalidad, el rol de las fuerzas de seguridad, la regulación del mercado de drogas, fueron algunos de los elementos puestos en discusión por un panel tan atractivo como heterogéneo. Con estas contradicciones como premisa, se inició el 2do día de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

José Miguel Cruz, Profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida estimó que no hay una única forma de caracterizar el vinculo entre drogas y violencia. “No toda violencia es producto de drogas”, declaró. Luego puso el foco en la situación de Centroamérica, donde las tasas de violencia se han hecho mucho más altas: “El incremento de la violencia tiene que ver con las políticas de mano dura en seguridad y está más asociado a ello que a las drogas”, expresó. Además explicó que “Centroamérica es una región de paso, no produce ni consume grandes cantidades de droga”. “El narcotráfico no es el principal problema de seguridad y no es la principal causa de la violencia”.

Luego, la líder comunitaria de El Salvador Martha Guzmán de Castro contó desde su experiencia de trabajo voluntario en el territorio, una cruda realidad de “niños inhalando, indigentes y prostitutas” y cómo las maras se fueron adueñando del paisaje mientras “aumentaba su poder y peleaban por territorio”. “Violentan, cortan procesos destruyendo familias y asesinan esperanzas” expresó.

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, Director General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación de México, hizo referencia al nuevo enfoque de México en lo que respecta a las políticas de drogas. “El nuevo modelo con el que está trabajando México es incluir la prevención social, y eso plantea un giro de 180 grados”. Además, remarcó el papel que debe tener la sociedad, “El estado no puede por sí solo, sino que la ciudadanía debe ser incluida”.

Mike Trace, del Reino Unido, Presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), presentó una propuesta para modernizar la aplicación de las leyes sobre drogas y redefinir las estrategias de reducción de la oferta, teniendo en cuenta que el plan de un mundo libre de drogas tal como lo planteó “la guerra contra las drogas” resultó “conceptualmente defectuoso, difícil de llevar adelante y con consecuencias imprevistas”. “Debemos aceptar que el mercado ilícito no puede ser erradicado”, remarcó y explicó que hay que “desarrollar nuevos objetivos; recentrar nuestra estrategia y nuestras inversiones y tolerar formas benignas de mercados de drogas”.

Ofició de discutidor el especialista en seguridad ciudadana Juan Carlos Garzón, asesor internacional del Ministerio de Justicia de Colombia y de la Comisión para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala, quien consideró que “la política pública no debe evaluarse por sus intenciones sino por sus resultados y las políticas de seguridad actuales no han dado buenos resultados para los ciudadanos”. Luego planteo una serie de interrogantes respecto a cómo se distribuyen los recursos y a la regulación del mercado de drogas: “¿la regulación puede ser una oportunidad para fortalecer las instituciones, o hay que fortalecer las instituciones para poder asumir la regulación?”, se preguntó y cuestionó: “¿América Latina no está preparada para la regulación, pero si lo estuvo para asumir la prohibición?”.

Moderó la mesa Adriana Beltrán, Investigadora en Seguridad Ciudadana en WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

Panel “Drogas y Derechos Humanos”

En América Latina, es común que las políticas de drogas promuevan situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de derechos. ¿Qué recursos institucionales existen y qué acciones pueden encararse para promover la defensa de los derechos? Con estas preguntas, los panelistas expusieron diferentes formas de violación a los derechos humanos que hoy se están cometiendo y detalles de las reformas que se están llevando a cabo en algunos países.

El paraguayo Mario López-Garelli, funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un estudio sobre la problemática de las drogas y los derechos humanos en México y Colombia. “El tema ha surgido al considerar, entre otros, la situación de las personas privadas de libertad, en la aplicación de la justicia penal, desde el punto de vista de la afectación de la cultura y los territorios indígenas, así como al observar la aplicación de medidas de seguridad ciudadana” contó el funcionario.

Por su parte, la estadounidense Mary Price, Asesora jurídica de Families Against Mandatory Minimums (FAMM), desarrolló a partir de la idea de “Cómo Perdiendo la Guerra Contra Las Drogas Cambió Todo” algunas de las propuestas que se están discutiendo para una reforma de la Justicia Penal en los Estados Unidos. La abogada considera que “cada dólar que el Departamento de justicia gasta en prisiones y detención, es un dólar que no se gasta en ejecución de leyes destinadas a crímenes violentos, cárteles de la droga, casos de corrupción pública, casos de fraude financiero, casos de trafico de humanos, y la explotación infantil”.

La Directora de la Defensa Pública de Costa Rica y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) Marta Iris Muñoz Cascante, compartió un extracto del documental ¨Un sueño llamado libertad¨ que narra la situación de las mujeres encarceladas en Costa Rica, y dio precisiones de la aprobación de Ley 9161 “Para Introducir Proporcionalidad y Especificidad de Género a la Ley de Psicotrópicos, específicamente en el delito de introducción de Drogas en Centros Penales”. “Creo que esta reforma es una esperanza para América Latina porque efectivamente logra reformar del articulo 77bis de la ley 9161 de psicotrópicos que establecía una pena de 8 a 20 años de prisión”, indicó.

Jorge Paladines, Coordinador Misional Nacional de la Defensoría Pública del Ecuador y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) dio cuenta de la liberación de los detenidos por la Ley 108 en Ecuador. “Esto abre un nuevo camino en los derechos humanos del Ecuador, trata de recuperar el sistema público de salud y mejorar el debido proceso de la gente apresada”. Finalmente señalo que “la reforma separa ahora el trafico en 4 bloques dependiendo de la droga también y proporcionando la pena para cada caso”.

El discutidor fue Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad De JuSticia, de Colombia, quien evaluó que “esta es una época que permite tener algún optimismo”, refiriéndose a las reformas que expusieron algunos de los panelistas y agregó que “los Estados deben privilegiar sus obligaciones sobre derechos humanos por sobre sus obligaciones en políticas de drogas”.

Moderó el panel Luiz Paulo Guanabara, Director ejecutivo de Psicotropicus – Centro Brasilero de Políticas de Drogas.

Panel “Con vistas al UNGASS 2016”

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas convocada para 2016 ofrece la oportunidad de llevar al escenario global el debate instalado en América Latina. ¿Qué oportunidades y obstáculos se avecinan? ¿Es posible fortalecer una posición consensuada entre los países de la región para avanzar hacia propuestas de reforma? Funcionarios y expertos de distintos países se plantearon alternativas de cara al futuro en las políticas de drogas y destacaron la importancia de los aportes de la sociedad civil.

Eugenia Zorbas, Punto focal sobre tráfico de drogas y crimen organizado del Departamento de Asuntos Políticos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York abrió el panel destacando que en UNGASS 2016 “hay una oportunidad muy valiosa para el intercambio de ideas”, y resaltó que “la ONU enfatiza la importancia de los estándares de derechos humanos para esta tarea”.

El Director General Adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Gerardo Isaac Morales Tenorio, dejó en claro que su país está abierto a “abrir un debate sustantivo, plural, incluyente y transparente”, y que está trabajando sobre la “descriminalización del consumo y la búsqueda de alternativas al encarcelamiento”. Destacó además que hay que poner el énfasis “en la prevención y reducción de los efectos negativos de manera comprensiva, particularmente en los daños sociales”. Finalmente, valoró “la importancia de la próxima Asamblea General Extraordinaria de OEA sobre drogas en la ciudad de Guatemala, para la cual serán relevantes los aportes de la sociedad civil”.

Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) insistió en la necesidad de operacionalizar un abordaje de salud pública al problema de las drogas y para ello planteó la importancia de la “participación directa de los ministerios de salud, comisiones nacionales sobre drogas, y de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas de drogas relacionadas con la prevención, tratamiento y rehabilitación”.

Sonia Aiscar representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de Argentina consideró que “la actual implementación del régimen internacional de drogas no ha logrado soluciones eficaces ni en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas ni en la disminución de los consumos problemáticos, generando en algunos países consecuencias aún más negativas que los daños que se pretenden evitar”. “Entendemos que la guerra contra las drogas llevada adelante durante mas 40 años, ha fracasado en sus objetivos”.

La asesora de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia Sonia Matilde Eljach Polo llamó a “abrir el nivel político del debate”. “Espero que UNGASS 2016 sea recordada como un momento decisivo en el tratamiento del tema drogas”. Sin embargo, no dudó en aclarar que “cambiar el consenso internacional es muy difícil; un solo país puede vetar la posibilidad de un cambio. Es impensable que en una posibilidad de enmienda que abra nuevos enfoques, ningún país se oponga”, explicitó. A la vez, miró con optimismo que “América Latina está tomando la delantera en una discusión que espero que de sus buenos frutos”.

Ofició de dicutidor José Alberto Briz Gutierrez, Director General de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, remarcó que el problema de las drogas “es una discusión que está creciendo entre los Estados y la sociedad civil y también en lazos regionales”. Y aclaró: “este debate nos lleva a ir encontrando equilibrio para la labor estatal e institucional y es posible que las instituciones públicas puedan adelantar con reformas administrativas o legislativas, como algunos países han ido a través de diversas experiencias”.

Pien Metaal, Coordinadora del proyecto Reforma a las leyes de drogas en América Latina del Transnational Institute (TNI) moderó el panel.

IV Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas

Celeste Orozco recibió de manos de Graciela Touzé, Presidenta de Intercambios Asociacion Civil, entidad organizadora, el primer premio de la IV edición del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas. La periodista argentina fue reconocida por su artículo “Fórmula magistral: dispensarios y cannabis medicinal en California” publicado en la revista THC.

El jurado conformado por Jineth Bedoya Lima (Colombia), Marco Lara Klahr (México) y Daniel Valencia Caravantes (El Salvador), consideró que “Fórmula magistral: dispensarios y cannabis medicinal en California” forma parte de una propuesta integral respecto a cuál sería el futuro de una política de drogas. En términos generales, permite abrir el debate acerca de qué es lo que más conviene para alejarnos de ese modelo en el que la droga es sinónimo de tanta muerte. Tiene como eje una discusión que actualmente se está dando en muchos puntos del hemisferio. Hay una buena investigación y una crónica narrada de excelente forma, con un manejo periodístico que da un amplio panorama de lo que ha pasado en California. Además, es un reportaje interesante, vibrante, que gira en torno a un gran personaje; es novedoso, tanto con respecto al fenómeno como a la propuesta periodística, la investigación documental y el reporteo.

El segundo premio, obtenido por el colectivo Dromómanos fue recibido por dos de sus tres integrantes; José Luis Pardo Veiras y Alejandra Sánchez Inzunza. El articulo premiado fue “En las entrañas de crackolandia”, una crónica sobre las favelas de Rio de Janeiro y San Pablo, publicado en la revista Domingo del periódico El Universal de México. Los diplomas fueron entregados por Demalui Amighetti, en representación de ACEID, organizador local.

Según el jurado, “En las entrañas de crackolandia” es un trabajo que representa muy bien las consecuencias de la actual política de drogas. Hay una muy buena labor de investigación, novedosa, hecho muy gráficamente, muy bien resuelto. Tiene un perfil más reporteril, más de calle, de meterse en aquella realidad para hablar de la tragedia de las víctimas del narcotráfico. Plantea un modelo de periodismo que trata de meterse en las entrañas para denunciar lo grave que significa el comercio, la distribución y el narcotráfico en las comunidades excluidas.

IV Seminario para periodistas “Políticas de Drogas en América Latina”

Con el objetivo de generar un grupo crítico de periodistas capacitados y comprometidos desde una perspectiva vinculada al respeto de los derechos humanos, las políticas inclusivas, la reforma de las políticas de drogas y la perspectiva de la reducción de daños, para que desde su rol profesional contribuyan a fortalecer los procesos de democracia en América Latina, se realizó el IV Seminario para periodistas en el marco de la V Conferencia. El Seminario fue organizado por el Consorcio CONFEDROGAS, y contó con el apoyo de la Fundación Open Society y el auspicio de la Fundación para la Libertad de Prensa, Red-Salud y Cosecha Roja. Los periodistas que llegaron becados de toda la región fueron Luis Ángel Sas, Diario Prensa Libre, Guatemala; María Elena Hidalgo, Diario La República, Perú; Marcia Ferreira, Diario ABC Color, Paraguay; Sara Ortiz, Diario El Comercio, Ecuador; Ricardo León, Telecorporación Salvadoreña, El Salvador; José Luis Martinez, Diario La República, Uruguay; Daniel Salgar Antolinez, Diario El Espectador, Colombia; Laura Toribio, Periódico El Excélsior, Grupo Imagen, México; Elizabeth Romero, Diario La Prensa y Ernesto García, El Nuevo Diario, de Nicaragua; Juan José Cusicanqui Espinoza, Diario La Razón, Bolivia y Manuel Ruiz, Diario La Nación, Argentina. Además, participaron los ganadores del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre drogas y los periodistas locales Carlos Castro Gamboa del Diario Extra y Andrés Ortiz Murillo de Canal 13.

Eventos satélites

El último panel convocó a compartir las conclusiones y recomendaciones producto de varios de los eventos satélite de la V Conferencia, que desde el día previo, durante y después de la Conferencia se fueron sucediendo en distintos puntos de reunión.

Encuentro Continental de Activistas Latinoamericanos de Cannabis

El panel dio inicio con una Declaración del Encuentro Continental de Activistas Latinoamericanos de Cannabis que presentó Sebastián Martínez Arias del Movimiento Cannábico de Costa Rica, en el cual los activistas expresaron su constatación de que “cada vez somos más usuarios y usuarias de cannabis interesados en conocer la experiencia de otros en Latinoamérica, y de continuar actuando según las circunstancias particulares de cada región, como lo venimos haciendo para consolidar un movimiento cannábico latinoamericano con incidencia política en cada país”.

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Cultivadores buscando reconocimiento internacional

Otra declaración realizaron los cultivadores de amapola, coca y cannabis, congregados también en el marco de la V Conferencia. Javier González Skaríc del Observatorio de cultivos declarados ilícitos leyó el documento; “Animamos a los grupos de activistas en pro de las reformas, a los organismos correspondientes del sistema de Naciones Unidas, a otras instancias internacionales, lo mismo que a los gobiernos de Latinoamérica, a visibilizar los derechos de los pequeños agricultores, industrializadores y consumidores con vistas a que sean representadas sus demandas en UNGASS 2016”, solicitaron.

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Por un abordaje integral desde la perspectiva de la salud

La siguiente Declaración correspondió a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) sobre políticas de drogas, representada por la Directora de la Defensa Pública de Costa Rica Marta Iris Muñoz y expresaron que “la actual política de drogas desarrollada en nuestros países enfatiza la respuesta penal, en lugar de una respuesta preventiva orientada en el respeto de los derechos humanos y en el derecho a la salud. Ello nos ha alejado de los objetivos pretendidos en el abordaje integral desde la perspectiva de la salud, la criminalidad e impacto social, produciendo serias distorsiones en las políticas públicas y el entramado social”.

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Propuestas para la OEA desde la sociedad civil

En tanto, los representantes de la sociedad civil reunidos en el marco de la V Conferencia Latinoamericana y I Centroamericana sobre Políticas de Drogas, se dirigieron a los Estados Miembros presentes en la 46ª Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, para dar seguimiento al llamado hecho a los gobiernos de la región en ocasión de la XLIII Asamblea General de la OEA de junio de 2013, de hacer una revisión de la orientación de las políticas de drogas que vienen llevándose adelante en las Américas y con vistas a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas de 2016. Keila Abrego de la Fundacion Nueva Oportunidad de Costa Rica leyó el documento del cual se desprende el siguiente pedido: “Alentamos a que la OEA convoque a un debate amplio y abierto para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan al fortalecimiento de las estrategias nacionales y regionales, así como formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas sobre los diferentes aspectos del fenómeno de las drogas, involucrando a todas las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, la academia, redes, organizaciones y usuarios y productores de drogas”, declararon.

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La fuerza de la juventud

Otro convocante evento satélite de la V Conferencia fue la de Jóvenes de América Latina, en la cual diferentes sectores de la juventud se expresaron para resaltar “la importancia de incluir una perspectiva juvenil y de las nuevas generaciones en el debate sobre las políticas de drogas, tratando de empoderar a los jóvenes a involucrarse en proyectos e iniciativas que generen conocimiento e información y que, desde una perspectiva juvenil, les permitan actuar como agentes de cambio y promover el respeto a los derechos humanos”. Brun González de Espolea de México fue quien leyó el resumen.

Usuarios por sus derechos

La Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también sentó su Declaración representada por Laura Flechas de la Fundación Miguel Angel Vargas (FUMAV) de Colombia, con una fuerte crítica a la criminalización de la pobreza. “Abogamos los mismos derechos ya garantizados a minorías organizadas” indicaron. Además solicitaron el cumplimiento de la promesa del estado democrático de derecho: “nadie debería dejar de ser ciudadano, solo por el hecho de ser usuario de drogas” y exigieron “tratamientos sin penalización ni encarcelamientos forzosos así como programas de reducción de riesgos y daños

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Prospectivas y conclusiones

Sabemos que esta Conferencia tiene una enorme importancia para el país para que discutamos el alcance y las características que debe que tener una política integral de drogas” declaró la Segunda Vicepresidenta de la República de Costa Rica Ana Helena Chacón. “La cuestión de la legalización de las drogas es un tema de la región, no puede ser un tema de Costa Rica, no podemos convertirnos en un país aislado, en medio de una región donde las fronteras prácticamente no existen” dijo la segunda mandataria del país anfitrión de la Conferencia que por primera vez se realizó en Centroamérica.

Pablo Cymerman, Coordinador de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil de Argentina y coordinador del comité organizador de la V Conferencia, estuvo a cargo de las palabras finales: “Llegamos al final de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de drogas. En estos dos días de diálogo y debate volvió a quedar claro que América Latina tiene una voz propia y busca protagonizar la transformación de un camino que hasta ahora solo llevó a la guerra, la violencia y la criminalización de los sectores más vulnerables de nuestros pueblos. Comenzamos esta conferencia diciendo cuál es el objetivo de este espacio desde su creación: promover el debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas”.

A lo largo de estos dos intensos días de trabajo ha quedado clara la complejidad que tienen los problemas relacionados con las drogas. También quedaron en evidencia las nefastas consecuencias que generan las políticas hegemónicas adoptadas hasta la fecha”.

Una política que se construya sobre la base de la participación social, y tenga en cuenta las necesidades, expectativas e intereses de los diversos actores sociales. Estos son los desafíos que nos animan. Desde las organizaciones que conformamos CONFEDROGAS, nos comprometemos a continuar aportando en esta dirección y los convocamos a sumarse a este esfuerzo colectivo”.

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La V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas cuenta con la adhesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Fue declarada de Interés Cultural por la Presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica.

CONFEDROGAS es un consorcio que nació en 2013, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un cambio profundo en las políticas de drogas y que tiene por objetivo organizar las Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, como plataforma permanente y periódica para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras. Integran CONFEDROGAS: Acción Técnica Social (Colombia), el Colectivo por una política Integral hacia las Drogas (CUPIhD, México), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Psicotropicus (Brasil), la red internacional de activistas-investigadores Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), el organizador local, es una organización sin fines de lucro que inició su labor a finales del año 2012 y se constituyó legalmente a inicios del 2013, conformada por un grupo de profesionales, artistas y activistas interesados/as en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Su misión es la reducción de la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas, así como los riesgos y los daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.

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