DÍA 1

UNODC: “Abogamos por la abolición de enfoques orientados a la sanción,  impulsando, por lo contrario, acciones arraigadas en el derecho a la salud y los derechos humanos”

Así lo expresó el Director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito  (UNODC) Aldo Lale-Demoz, en la ceremonia de apertura de la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas que se realiza hoy y mañana en Santo Domingo, Rep. Dominicana.

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(Rep. Dominicana, 5 de octubre de 2016) Más de 700 personas asistieron a la apertura del encuentro más importante de Latinoamérica sobre políticas de drogas. Funcionarios, especialistas y amplios sectores de la  sociedad civil siguieron atentamente la presentación del alto funcionario de UNODC, que presentó un análisis basado en las lecciones aprendidas y en las mejores prácticas que surgen de los programas de asistencia técnica que lleva a cabo la UNODC a partir de sus 75 oficinas regionales y nacionales en América Latina y el Caribe.

Aldo Lale-Demoz reconoció que “la comunidad internacional ha hecho un paso importante en los últimos años al reconocer que el uso de drogas y sus complicaciones conexas – como ser el VIH, la hepatitis C y la sobredosis de drogas – son asuntos de salud que deben ser abordados en primer lugar por el sistema de salud pública”, y señaló que “es una problemática que requiere prevención, tratamiento y atención basados en evidencia, donde el castigo, más allá de vulnerar los derechos humanos, no ha arrojado resultados positivos; más bien tiende a empeorar la situación en materia de adicciones, paz comunitaria y cohesión social”. “Abogamos por la abolición de enfoques orientados a la sanción,  impulsando, por lo contrario, acciones arraigadas en el derecho a la salud y los derechos humanos”, remarcó.

Respecto a la justicia penal, consideró que “las entidades dedicadas a la aplicación de la ley y a la justicia penal deberían centrarse primordialmente en combatir los delitos de drogas más graves y en desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”. “La penalización de los campesinos dedicados a cultivos ilícitos no es ni eficaz ni justa. Los agricultores siembran cultivos ilícitos debido a la pobreza, la exclusión, o la coerción por parte de grupos armados ilegales”, declaró el alto funcionario. Además, señaló el compromiso a “mejorar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos controlados, ya que son esenciales para el alivio del dolor relacionado con condiciones de salud”.

Compromiso presidencial con las mujeres encarceladas por delitos de drogas

Una importante promesa realizó la Ministra de la Mujer de Rep. Dominicana, Janet Camilo, quien señaló que “en nuestro país el abordaje del tema drogas se ha hecho solo desde la penalización. Es como que el Estado dominicano no tiene conciencia de que tenemos que trabajar desde la prevención”. La funcionaria movilizó un cerrado aplauso del público al declarar: “tenemos como objetivo que en ningún caso, mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos vayan a prisión, ya que la mayoría no significan una amenaza para la sociedad” y agregó que “reducir la población femenina carcelaria es prioridad del presidente de la República”.

“No dejar nadie atrás”

El Director regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe César Núñez llamó a la reflexión porque “el mundo está fallando en proteger la salud de las personas que usan drogas, las cuales han sido traumatizadas por la violencia, estigmatizadas y encarceladas”. Para el funcionario, el “no dejar nadie atrás” de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “incluye a los usuarios de drogas”. También destacó el “trabajo en conjunto con la sociedad civil, incluyendo las asociaciones de personas que usan drogas”. Por último declaró: “venimos trabajando con las distintas agencias de Naciones Unidas para que los pilares de la salud pública sean incorporados en las políticas de control de drogas”.

Por su parte, el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez de Luis, expresó que “esta conferencia es extraordinariamente pertinente” y también destacó que “si bien no hay un consenso sobre políticas de drogas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son subscritos por la gran mayoría de la comunidad internacional, y sus ejes tienen estrechos vínculos con el tema drogas, como la reducción de la pobreza y el logro de la paz, lo cual requiere inherentemente un cambio en las políticas de drogas”.

La salud primero

La Representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arazeli Azuara recalcó que “el problema de las drogas requiere respuestas multidimensionales, integrales y transversales”. Así mismo, expresó que “una de las grandes asignaturas pendientes es el abordaje desde la salud y los derechos humanos”. “No vamos a poder resolverlo sin la cooperación regional”, afirmó la funcionaria.

Alma Morales, Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) puso el énfasis en “garantizar el acceso a medicamentos controlados, así como la reducción del estigma que dificulta el acceso a tratamientos”. También señaló que su agencia promueve el “enfoque de salud pública, la inversión para la generación de evidencia científica y la articulación de políticas de drogas con metas para el desarrollo humano”.

Por otro lado, Pablo Cymerman, Coordinador Ejecutivo de CONFEDROGAS y Responsable de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil de Argentina, subrayó que “las actuales políticas de control de drogas no han hecho sino profundizar la exclusión y continúan reforzando el estigma, la discriminación y los abusos que afectan a las personas que usan drogas”.  Además declaró que “el enfoque punitivo ha causado efectos devastadores y no logró disminuir el consumo de sustancias, mientras aumentó los niveles de violencia y fortaleció el crimen organizado”. “Los gobiernos dan destinado una gran cantidad desproporcionada de recursos a las políticas represivas, en perjuicio de dirigir esfuerzos a mejorar la condición humana”. “Es necesario priorizar respuestas desde la salud pública antes que del sistema penal”, concluyó.

Por su parte, Santo Rosario Ramírez, Director del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), organizador local de la Conferencia, señaló que “la políticas basadas en la represión no están dando los resultados que se esperan” y propuso “repensar las políticas de drogas para que busquen el bienestar de los seres humanos, y no llenen las cárceles de consumidores”.

Modificar la ley de drogas

Por último, Víctor Terrero, Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA de Rep. Dominicana pidió “no discriminar usuarios de drogas” e hizo hincapié en la necesidad de “modificar la ley 50-58 sobre Drogas y Sustancias Controladas”, ya que “ésta criminaliza el consumo, limitando las intervenciones de reducción de daños para la prevención del V IH en los consumidores de drogas”, precisó el funcionario.

“Recordemos hoy y siempre que la igualdad y la no discriminación, son la clave para lograr una sociedad justa y equitativa, y a que pensemos y actuemos con la convicción de que podemos ser parte de esta transformación”, enfatizó.

Panel Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia

“Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas”

Las respuestas punitivas a los delitos de drogas siguen siendo un factor decisivo en el aumento de la población carcelaria, trayendo aparejado condiciones infrahumanas de detención. Frente a esta realidad giró la discusión entre los panelistas.

Un emotivo discurso brindó Marie, vocera de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados a las drogas de Costa Rica, quien relató los pesares atravesados cuando fue detenida por un delito de drogas, actividad que tuvo que realizar por la desesperación de mantener a sus 4 hijos. “Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas”, dijo Marie y se quejó de  “las situaciones vulnerables que te llevan a cometer estos actos”, “no abrimos los ojos a tiempo”, reflexionó.

María Cristina Meneses Sotomayor, Defensora Pública Penal de Ecuador, señaló que “las políticas de drogas se plantean equivocadamente como políticas penales”. Por otro lado, contó que “las reformas de drogas en el Ecuador han admitido criterios para que la normativa penal mantenga al margen a personas con poca cantidad de sustancias prohibidas y se dejen en libertad”. También destacó que “el porcentaje de mujeres encarceladas en Ecuador disminuyó un 43 por ciento”.

Por su parte, Zhuyem Molina Murillo, Defensora Pública de Costa Rica a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia legislativa,  indicó que la reforma “debe ser desde los derechos humanos” y que “la ley 9161 entendió que los derechos eran lo primordial” “Esta fue la principal herramienta para la liberación de cientos de mujeres como Marie y permitió reunirlas con sus familias, ya que muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades antes de cometer el delito”. Para la funcionaria, “el gran desafío es la proporcionalidad de las penas, los derechos humanos, seguir estudiando y investigando y contar con estas historias como la de Marie que estas tocan corazones”.

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El investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile Diego Piñol desarrolló un informe de lecciones aprendidas a partir de las cortes de drogas en Chile. Para el académico, dichas cortes “carecen de reconocimiento normativo y sólo es posible gracias a un acuerdo entre los operadores del sistema judicial y el sector de salud”. Por otro lado, indicó que “los jueces y fiscales poseen serios problemas para interpretar diagnósticos, conocer y poder evaluar procesos de tratamiento, conocimientos sobre las adicciones y los procesos de motivación, aherencia, rehabilitación y otros”.

Ofició de discutidor el investigador de Intercambios Asociación Civil e Integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) Alejandro Corda, quien afirmó que “la población por posesión de drogas crece cada día más en las cárceles en la región, y se ve claramente que es un problema social”. “La salud y el tratamiento para estas personas es un derecho y no deben de ser encarcelados, porque esto genera una mayor la vulnerabilidad y el crecimiento de la pobreza en las comunidades”.

Moderó Coletta Youngers, investigadora Afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Panel Avances hacia la regulación del cannabis

“Dejamos el consumo de drogas bajo el control del narcotráfico o bajo el control del Estado y la sociedad”

Con esta frase concluyó su participación Milton Romani Gerner, ex Secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y Representante Permanente ante la Organización de Estados Americanos, quien brindó detalles del proceso que llevó a la Ley de regulación y control de marihuana en Uruguay: “Fue debatida en 2013 en el Congreso Nacional y sancionada en enero del 2014. Salió en el marco de un plan de seguridad y convivencia ciudadana”, explicó.

“Se han registrado entre auto cultivadores  y miembros de clubes cerca de seis mil uruguayos que por medio del  auto cultivo o la fundación clubes cannábicos están produciendo y consumiendo cannabis de tipo legal”. “En farmacia es con registro previo y se puede consumir hasta 40 gramos mensuales”, contó.

“Esto es una experiencia que se basa en las condiciones uruguayas que venía no penalizando el consumo personal hace décadas, pero se tenía que acceder al mercado ilegal para hacerlo. Con la nueva ley los usuarios están consumiendo con legitimidad ante la sociedad”. Para Romani, existen dos posibilidades ciertas: “dejamos el consumo de drogas bajo el control del narcotráfico o bajo el control del Estado y la sociedad”.

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Comenzando con el épico tema Legalize it de Peter Tosh, Vicki Hanson, integrante del Comité Directivo de la Asociación de Cultivadores y Productores de Ganja de Santa Catarina de Jamaica nos introduce en el mundo del ganja movement en Jamaica. Vicky contó que “en 2015 se hizo una enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas y se despenalizo la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, 2 onzas o menos, porque la mayoría de los jóvenes estaban siendo penalizados por tenencia de una pequeña cantidad de marihuana. Se ordenó la eliminación de registros penales por tenencia de pequeñas cantidades y 2000 registros aproximadamente fueron expurgados”.

Para Hanson “la enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas significo un reconocimiento de los derechos de una sociedad que fue marginalizada por el uso tradicional de la ganja”.

Sin embargo, no todo es “no problem” en la tierra de Marley. Para Hanson “falta un cambio de actitud de la comunidad médica, todavía rehúsan el uso médico del cannabis”. Por otro lado, “las grandes compañías vienen a buscar el mercado para Europa y Estados Unidos, y los productores no están en esas conversaciones”.

La siguiente expositora fue Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta de la Comisión para la Descriminalización de la Marihuana en la Región del CARICOM y ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Rose, “que se diga que la marihuana es una droga peligrosa nos impide hacer una investigación científica que permita probar los efectos beneficiosos que tiene en la realidad”. Por otro lado, indicó que “la despenalización de pequeñas cantidades de marihuana no hace mucho con respecto de la despenalización general, que es el gran objetivo”.

Por último, recalcó que “la sociedad excluye a las personas que consumen marihuana  por una condena moral, por prejuicios y desconocimiento”.

Donald MacPherson, Director de la Coalición Canadiense de Políticas de Drogas contó que “el gobierno de Canadá está trabajando enérgicamente en un proceso de consulta pública para llevar la regulación del cannabis a la realidad” y que encuestas dicen que “un 68 por ciento de los canadienses apoyan un enfoque regulado”. También señaló que “el objetivo del gobierno al restringir el uso del cannabis es proteger a los jóvenes”. Sin embargo, reflexionó acerca de “qué hará Canadá respecto a los tratados internacionales de drogas” y concluyó que “al Igual que Uruguay podríamos pensar que es un problema de tratados, no de nosotros, pero hay que buscar un mecanismo de regulación del cannabis de una manera regional”.

El discutidor fue el mexicano Jorge Hernández Tinajero, integrante de la Coalición Latinoamericana de activistas Cannábicos quien destacó que “la práctica del cultivo por los propios usuarios es lo que ha funcionado más ágilmente o al menos lo ha hecho más que la burocracia”.

La moderadora fue Pien Metaal Coordinadora del proyecto sobre América Latina del programa de Drogas y  Democracia del Transnational Institute (TNI).

Mesa redonda: UNGASS y ahora qué?

El proceso hacia la UNGASS 2016 reflejó pequeños pero valiosos avances: la utilización de un lenguaje en derechos humanos, la proporcionalidad en las penas, mayor perspectiva de género, acceso a medicamentos controlados y la incorporación en el debate de otras agencias de Naciones Unidas.  También quedó en evidencia la ausencia de consenso como fiel reflejo del fracasado sistema imperante y el importante papel desempeñado por la sociedad civil en este recorrido. No obstante, en el sistema internacional de fiscalización de drogas, no se produjeron reformas significativas ¿Qué desafíos nos presenta este escenario? ¿Es la ausencia de consenso un punto de partida para un nuevo consenso? ¿Qué alianzas podrían fortalecerse hacia la reunión de alto nivel de 2019?

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Martin Jelsma, especialista en políticas internacionales sobre drogas del Transnational Institute de Países Bajos (TNI), reflexionó sobre que “existen algunos países que han desafiado al sistema de los tratados de drogas como Uruguay y su mercado regulado de cannabis; o Bolivia con la planta de hoja de coca”. “Lo que paso en UNGASS es una reafirmación de los tratados, ya que la agenda fue completamente limitada desde un inicio” indicó y agregó que sin embargo “hubieron unos cuantos avances después de una fuerte negociación, en temas como salud pública, acceso a medicamentos controlados y la importancia cultural de la droga para usos tradicionales”.

Claudia Salcedo Vásquez, funcionaria del Área de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, aseguró que “se deben acercar las posiciones para acercar un nuevo consenso global sobre las políticas de drogas”. “El enfoque de salud pública y la perspectiva de género han sido introducidos en el documento” “Pero quedaron afuera cuestiones como el uso no medicinal del cannabis”. Para la funcionaria, “el reto después de UNGASS, no solo para Colombia, es pasar del discurso a la práctica, con la adopción de nuevas acciones que reflejen lo hablado en UNGASS, demostrar que existen y funcionan”.

“En el ámbito internacional existen oportunidades. En la OEA se firmo el plan de acción 2016-2020, en la cual se lograron incluir enfoques de salud pública, derechos humanos y enfoque de género. El desarrollo de experiencias internacionales también es un espacio que se puede utilizar para implementar programas basados en evidencia”, dijo Salcedo Vázquez.

“Se debe promover y visibilizar proyectos, programas y políticas que han demostrado ser eficientes, como la intervención integral como respuesta al narcomenudeo, la regulación de mercados de drogas, y la implementación de programas de reducción de daños en distintos países”, concluyó.

Para Yaw Akrasi- Sarpong, Secretario Ejecutivo de la Junta de Control de Narcóticos del Ministerio del Interior de Ghana, UNGASS es simplemente un proceso, y no va a terminar en 2019, porque es una batalla histórica de elitismo, prohibicionismo y fuerzas poderosas”. El invitado africano sostuvo que “África tiene las experiencias más consistentes en políticas de drogas fallidas”. “Quiero reconocer los avances en materia de políticas de drogas en América Latina”. Además señaló que “las organizaciones de la sociedad civil son clave para el proceso de reforma. UNGASS no podría haber sido posible si no fuera por la fuerza de la sociedad civil de agrietar y romper barreras”.

Por último, el funcionario de Ghana entiende que “estamos siguiendo una narrativa negativa. Estamos hablando de cocaína y cannabis, pero la ciencia ha demostrado que el alcohol y el tabaco provocan más muertes al año que la cocaína. Tenemos que cambiar la narrativa, y hacer más énfasis respecto al beneficio que una regulación traería”.

Por último habló Diederik Lohman, Director asociado de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch, quien destacó el rol de la sociedad civil en las políticas de drogas. “Los objetivos de la sociedad civil en cada país, tienen que ser concretos, específicos y medibles, que tengan importancia para el objetivo final de proteger la salud pública contra los posibles riesgos del uso de drogas, ya que, aunque lo intentamos, no logramos que el documento de resultados de UNGASS lo incluyera”. “La declaración de 2019 es la oportunidad para poder incluir todo esto, y vamos a lograrlo”, enfatizó.

Moderó la mesa Ernesto Cortés, Director Ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID).

Milton Romani fue homenajeado en Santo Domingo

Milton Romani fue Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y Representante Permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Es una de las personas que desde el ámbito gubernamental, más ha contribuido a abordar las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos y uno de los promotores de las reformas para regulación legal del cannabis en su país.  Graciela Touzé, Presidenta de Intercambios Asociación Civil, hizo entrega de una placa de reconocimiento.

Con gran emoción, Milton Romani expresó que “la participación de la sociedad civil es imprescindible para diseñar políticas públicas”. Además, reflexionó sobre la llamada guerra contra las drogas a la cual calificó de “guerra contra las personas”. “Cuando atacamos la violencia incrementamos la violencia. Vivimos en una región muy injusta, tenemos los índices de mayor violencia porque los niveles de pobreza y la desigualdad se han incrementado mucho más que el crecimiento y el desarrollo”, señaló el ex funcionario uruguayo y concluyó: “tendremos que rescatar una agenda de derechos hacia la humanidad, deberemos pedir el derecho a la salud, negado a miles de usuarios por uso de drogas”.

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DÍA 2

Panel: Objetivos de Desarrollo sostenible y Derechos Humanos en las políticas de drogas

En el documento final adoptado en la UNGAS 2016 los Estados establecieron que “los esfuerzos encaminados a lograr los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abordar eficazmente el problema mundial de las drogas son complementarios y se refuerzan mutuamente”. No obstante, la erradicación forzosa de cultivos, entre tantas otras medidas,  contribuye a la pobreza, el conflicto y el desplazamiento de poblaciones. En este sentido, si los Estados se han propuesto metas a alcanzar respecto al desarrollo sostenible y han asumido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ¿no deberían las políticas públicas de drogas que cada uno desarrolla dentro de sus territorios, guardar coherencia con dichos propósitos? Estos interrogantes fueron el punta pie inicial para un profundo debate.

Amapola Duran Salas, representante de la Confederación Nacional de los Productores Agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú (CONPACCP) comenzó declarando que “la coca, la amapola y el cannabis están Injustamente satanizados”. “Nuestra hoja sagrada milenaria es medicina en su estado natural y nos da vida, es nuestro sustento”, explicó.

“Los gobiernos obedecen a los tratados internacionales criminalizando a los humildes campesinos”. “No hay políticas públicas para el sector agrario y no existen oportunidades de desarrollo para las familias campesinas” analizó Amapola.

“Hay mucha riqueza para pocas personas y mucha miseria para la gran mayoría en mi Perú. En la práctica los programas de desarrollo no existen, y se gastan millones en combatir al narcotráfico”.

“No tenemos esperanza en los programas de la ONU”, sentenció finalmente.

Roberts Husbands, en representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, analizó los claros y oscuros del documento final de UNGASS 2016 en función de los objetivos planteados por los ODS. Para el funcionario, “el documento llama a que los servicios de la salud estén disponibles para las personas que usan drogas, quienes deben acudir de manera voluntaria e informada, sin embargo, no hay mención a las estrategias de reducción de daños, lo cual plantea una gran contradicción”. “Mientras reitera terminar con el VIH no contempla los obstáculos que existen para acceder a la salud para las poblaciones que usan drogas”, dijo Husbands. El funcionario también analizó que “es positivo cuando llama a las sentencias proporcionales para delitos de drogas pero no hace una autocritica sobre las violaciones a los derechos humanos y las compensaciones que deberían darle a las víctimas”. “No atiende la discriminación contra mujeres y minorías étnicas aunque si llama a una perspectiva de género”, fue otra de las contradcciones que señaló el funcionario de la ONU. Por último, remarcó que el documento “no discrimina los usos religiosos y espirituales ancestrales de algunas drogas”.

Natasha Horsfield, responsable de incidencia política y Directora del proyecto de reformas de políticas de drogas de Health Poverty Action de Reino Unido, indicó que “estamos fracasando con políticas que no pueden lidiar con los problemas que están surgiendo”. Para la especialista, las políticas de drogas no conducen a los ODS porque “hay una priorización de la reducción de la oferta sobre la reducción de la pobreza”. Para la británica, se debe “fortalecer la prevención y el tratamiento, lo cual requiere un mejora en el acceso a servicios de reducción de daños”. También resaltó que “las mujeres sufren de manera desproporcionada el peso de las actuales políticas”.

Para Horsfield, hay que “promover sociedades pacificas, la militarización de la ley de lucha contra las drogas exacerba la violencia, y la prohibición aumenta las ganancias del crimen organizado”. “Existe un enorme déficit de financiación para los OSD y gastamos billones de dólares en políticas que hacen daño”, reflexionó y aclaró: si no se modifican las políticas será inalcanzable el que “nadie se quede atrás”.

Por último, Herney Ruiz, campesino colombiano de la Región del Cauca, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) contó la experiencia en su territorio, donde “ancestralmente teníamos la hoja de coca para el mascado, el uso medicinal y espiritual, pero en los 80´ llegó la plata fácil, las armas, y la destrucción de nuestra cultura ancestral que nos deja el narcotráfico y la violencia”.

“Como respuesta a esta situación creamos un colegio para educarnos y en 10 años logramos bajar las muertes por violencia. Se elevó el nivel educativo y empieza una etapa de formación de líderes. Pero somos discriminados por ser campesinos, la coca nos deja un empobrecimiento ilícito en vez de un enriquecimiento ilícito”, expresó ganando el aplauso del auditorio.

“Si no respetamos la vida van a fracasar las políticas de drogas, tienen que dirigirse esfuerzos a fortalecer el tejido social, proponemos desarrollo alternativo y paz territorial”, concluyó.

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El discutidor fue Javier Sagredo, Asesor en Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien llamó a “ponernos en los zapatos de aquellas personas que viven del tema de las drogas, que están involucrados en el proceso, en los plantíos, en el trafico, y que con eso les alcanza para comprar lo mínimo necesario para sobrevivir”. Para el funcionario del PNUD, “las políticas que han surgido por parte del Estado han demostrado no ser efectivas, tenemos que erosionar y reformar aquellas políticas que dañen”.

“No hemos puesto los elementos necesarios de resiliencia de políticas públicas”, reflexionó, “hay que recordar que no podemos ignorar estas discusiones de políticas de drogas, porque son políticas que criminalizan, que segregan y alimentan la violencia”.

Moderó el panel Rafael Pérez Torruela, Director de Intercambios Puerto Rico.

Panel: Salud pública y desarrollo de estrategias de reducción de daños en América Latina

Frente a las constantes transformaciones sociales, culturales y políticas se hace necesario actualizar los debates en torno a los principios de la Reducción de Daños en las Políticas de Drogas.  ¿Cómo se adecuan las técnicas de reducción de daño a la realidad de América Latina y el Caribe? ¿Qué experiencias encontramos en la región?

Para responder estas preguntas abrió el debate Luciana Temer, Secretaria de Desarrollo y Asistencia Social del Municipio de San Pablo, Brasil, quien expuso detalles de la implementación del Programa Brazos Abiertos que intenta reducir el uso de crack en Brasil. “Construimos un espacio con la presencia de evaluadores de salud y asistencia social para los consumidores”, explicó la funcionaria. “Nuestra oferta de reintegración, que incluye baños, comida, vestimenta, y remuneración por horas de trabajo, permitió la aceptación por parte de la gente”, señaló.  “El abuso de droga es un problema social, que no indica que no se acepten los servicios de salud establecidos, y más bien ilustra que se necesita de este tipo de apoyos para corregir el problema”, concluyó.

A continuación Nuria Calzada, Coordinadora del programa Energy Control del proyecto de reducción de riesgos de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) de España expuso conceptos desde su experiencia en trabajo de reducción de riesgos en ámbitos festivos. “Es necesario ir donde están los consumidores, donde se producen y consumen las drogas”, afirmó Calzada. “Nuestra perspectiva de trabajo está basado en la ciencia, pero también en derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, a la privacidad, el derecho al ocio, y el derecho a la educación”.

“La reducción de daños implica que la abstinencia no es el único camino, es una cuestión de pragmatismo, sobre qué podemos hacer para reducir al máximo el impacto de las drogas”, explicó y aseveró que “el uso responsable de las drogas es posible, porque existen muchas maneras de relacionarse con ellas, desde las mas seguras hasta las mas problemáticas. Un uso responsable implica que la persona ponga los medios necesarios para conseguir los efectos que desea, y evitar los riesgos potenciales que se puedan presentar”.

Además remarcó que el éxito de Energy Control se basa en que su comunicación “parte desde un lenguaje de respeto, que acepta el consumo como una realidad, y adapta el mensaje según el sector de la población a la que se dirige”.

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Bibiana Restrepo Lizcano, gestora de convivencia social y salud mental de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de la Alcaldía de Pereira, Colombia, presentó detalles del Programa de intercambio de material higiénico para PIDS y señaló que “la reducción de daños no se trata solo de entregar el material necesario para que los consumidores lo utilicen. Se necesita generar toda una campaña educativa, de sensibilización y conocimientos técnicos, con el fin de influir en la forma en la que se usan las drogas, con el fin de que sea de la forma correcta y minimizando el impacto”.

Además, graficó los retos que existen para la implementación y desarrollo de programas de reducción de daños. “En principio, es complicado conseguir el espacio y sensibilizar a los funcionarios responsables de otorgar el permiso para llevarlo a cabo. Posterior a la implementación, es importante continuar evaluando la forma en la que se puede mejorar la atención a los consumidores, y el acceso de estos a los proyectos y programas” indicó.

Por su parte, Lidiane Malanquini, Coordinadora de Proyectos con Eje en Seguridad Pública y Desarrollo territorial de la ONG Redes da Maré de Río de Janeiro, Brasil, expuso sobre los Espacios alternativos de sociabilización. “Proveemos espacios seguros en las favelas del norte de Rio de Janeiro, buscando empoderar a usuarios de crack principalmente. Por medio de espacios alternativos de sociabilización, se puede empoderar la percepción de aquellos actores que son moderadores de Maré, que se han involucrado en la realización, implementación y evaluación de las políticas públicas. De este modo, es que fungimos como un foro con las instituciones del país para garantizar los derechos de las personas que aun utilizan drogas”.

Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, Director ejecutivo de Casa Abierta, Rep. Dominicana señaló que “la guerra contra las drogas es un recurso de dominación política. En Republica Dominicana hemos tenido una política que va acorde a esta mirada, tenemos una política de Estado absolutamente contraria a los Derechos Humanos”, dictaminó.

“En Republica Dominicana necesitamos establecer rápidamente políticas de reducción de riesgos como el uso de drogas de sustitución, es urgente la oferta de tratamiento adecuado dadas las condiciones sociales que conlleva el uso de la heroína, y generar cambios en la ley, analizando los aportes de la ciencia al debate de políticas de drogas, que estén centrados en el ser humano, tomando en cuenta los derechos inalienables de las personas”, mencionó.

“Es necesario generar amplios espacios de incidencia, concientización y sensibilización de la población en general, a los fines de colocar en la agenda pública y del movimiento social organizado, el tema de las políticas de drogas”, dijo Radhamés, en consonancia con el objetivo de la realización de esta Conferencia en Rep. Dominicana.

Moderó Vanessa Uziely Rosario Brito, Gerenta de operaciones del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).

Mesa redonda: Drogas y violencia, ¿Son posibles otras respuestas?

El clásico paradigma de la “guerra contra las drogas” ha llevado a que varios países de la región enfrenten niveles extraordinarios de violencia. El aumento de la desigualdad estructural y la exclusión social son algunos de los factores que influyen en este fenómeno. ¿Qué estrategias podrían disminuir los actuales índices de violencia? ¿Cómo fortalecer la cooperación Sur-Sur y abordar amenazas comunes para América Latina y África?

Rafael Silva West, ex Gestor General de Políticas sobre Drogas y Presidente del Consejo Estatal de Políticas de Drogas de Pernambuco (CEPAD/PE), Brasil, relató la experiencia de su Estado en los Programas para Usuarios de crack en situación de extrema vulnerabilidad. “Desarrollamos servicios en calle, centros de 24 horas, servicios de alojamiento”. Luego brindó algunas estadísticas que dan cuenta de la magnitud del Programa. “5714 personas fueron atendidas entre 2011 y 2015”. “Cada 2 personas 1 había sufrido un intento de homicidio, dando cuenta de un entorno de violencia. Un 65% había recibido una amenaza de muerte por cuestiones de drogas en los últimos 6 meses, pero el 70% se siente seguro cuando están en el Programa”, finalizó.

Adeolu, de Ghana, integrante de la red de políticas de drogas de África Occidental, apuntó que “la experiencia de violencia se siente muy distinto en los diferentes países” y señaló que en su región “se estima que 30% de las drogas que pasan por la región, se consume localmente”. “No es solo de transito”, estimó.  Comparando con la experiencia latinoamericana, “los grupos que trafican drogas en África Oeste son mas informales y la mayoría de las pandillas no forman parte de un sistema que sea posible investigar”. “Los que participan en el mercado no interactúan de una manera abierta”, indicó.

Oscar Giovanni Zepeda, fundador de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz y de la organización Iglesias Evangélicas Unidas para la Paz de El Salvador, mencionó que “existen de 15 a 20 muertes diarias por violencia en El Salvador tras la iniciativa de pacificación, cuando la tasa era de 8 a 10”. “Muchos sacerdotes estamos trabajando pero tenemos que aprender a organizarnos como iglesias y como comunidades, hemos logrado mesas territoriales de pacificación, con la sociedad, la policía. Los niños de nuestro país están siendo masacrados, la juventud ha sido estigmatizada”, contó.

“Hemos hecho marchas para pedir paz en nuestro país pero el gobierno no hace más que crear impuestos para la seguridad pública. Los impuestos que estamos recibiendo son muy altos. Todo bajo el tema de seguridad pública”, señaló.

Además relató que “hay mucha gente saliendo del país, son comunidades enteras a veces que se van. Porque los jóvenes de la zona, mueren y ni importa si son pandilleras o no”, concluyó.

Andrés Antillano, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela comenzó criticando la narrativa “drogas-violencia” que “refuerza la criminalización de la pobreza, con discursos en los cuales quien consume drogas es un pobre y excluído y jamás un artistas que se estimula para crear”.

Para el investigador venezolano, el tema debe ser estudiado “como un problema de clase y estructural” y “los delitos violentos no tienen tanto que ver con las drogas como con las condiciones estructurales de exclusión y desigualdad. Esta relación/narrativa drogas-violencia sirve para criminalizar a la pobreza”, argumentó.

“Hay un problema vinculado con las drogas pero tiene que ver con exclusión social”, finalizó.

Por último Lilian Bobea, experta en temas de seguridad y defensa, relaciones cívico-militares y seguridad explicó que “hay muy poca relación entre el consumo de drogas y el delito”. Para la especialista, los jóvenes son la población más afectada por la violencia. “Estamos hablando de un continente que es de jóvenes, y donde están siendo cada vez más criminalizados”, señaló y agregó en los países más violentos de la región “estos países tienen una trayectoria de gobiernos violentos”. “Entre el 16 y el 18% de la violencia está en manos de la policía”, argumentó.

“No podemos hablar del proceso de paz si no entendemos cómo se genera la violencia”, cuestionó finalmente.

Julián Quintero, Director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia, moderó el panel.

Se entregó el V Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas

En el marco de la Conferencia se realizó la entrega de premios a los ganadores de la quinta edición del Premio Latinoamericano de Periodismo ‘Políticas de Drogas en América Latina’, organizado por la Asociación Civil Intercambios de Argentina con el apoyo de la Fundación Open Society, la Fundación Friedrich Ebert y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de estimular a periodistas de América Latina y el Caribe a desarrollar un tratamiento ético, de calidad y de respeto por los derechos humanos en relación con esta problemática.

El premio busca reconocer a periodistas que trabajan esta temática con compromiso, información seria y atractiva y valorizar el rol del periodismo como servicio público en temas donde la información precisa y presentada con sentido ético, es imprescindible para no profundizar la criminalización, los prejuicios y las políticas represivas que atentan contra la democracia.

El 2do lugar fue para Débora Lopes de Vice Brasil por su artículo “Cinco dias com ela: tratando o vício em drogas com ibogaína”. Recibió el diploma de manos de Diego García Devis (Colombia),  Responsable del Programa Mundial de Políticas de Drogas, Open Society Foundations.

El 1er lugar fue para Matías Maxx, también de Vice Brasil, por su trabajo “A Pacificação do Complexo do Alemão Deu Certo?” quien se llevó los U$D 1000 que otorgó el PNUD, además del viaje a Rep. Dominicana. Hizo entrega del diploma Luciana Mermet, Representante Residente Adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Adrian Pietryszyn, coordinador del Premio y conductor de la ceremonia, señaló que “el trabajo de Matías Maxx sintetiza el espíritu de esta conferencia, ya que demuestra que cuando se quiere pacificar mediante la violencia, como lo han hecho las políticas de drogas de los últimos 50 años, sólo se reproduce un mayor nivel de violencia”.

Ceremonia de cierre

“Hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas”

Así definió Pablo Cymerman, Coordinador Ejecutivo de CONFEDROGAS y Responsable de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil de Argentina, a los debates que movilizaron a más de 700 personas en Santo Domingo, en la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas.

Funcionarios de gobiernos de la región, representantes de Naciones Unidas, especialistas y actores de la sociedad civil coincidieron en que América Latina camina hacia un cambio de paradigma en donde la prohibición no sea el eje de las respuestas a los problemas asociados al consumo de drogas.

“Comenzamos esta conferencia diciendo cuál es el objetivo de este  espacio desde  su creación: promover el debate y hacer uso del derecho democrático a disentir con los discursos y las prácticas dominantes en el campo de las drogas”, explicó Cymerman.

“A lo largo de estos dos intensos días de trabajo ha quedado clara la complejidad que tienen los problemas relacionados con las drogas. También quedaron en evidencia las nefastas consecuencias que generan las políticas hegemónicas adoptadas hasta la fecha”, argumentó.

“Eso nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo y qué debemos hacer. Es la responsabilidad que tenemos los que trabajamos en política, en la justicia, en los medios de comunicación, en el campo sanitario, de la acción social, de la educación” reflexionó.

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Por su parte, Santo Rosario Ramírez, Director del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), organizador local de la Conferencia, destacó la gran convocatoria de la Conferencia, lo cual dio cuenta del interés que estos temas despiertan en la sociedad dominicana. “Cuando empezamos con COIN, hablar de los derechos de trabajadoras sexuales y avanzar en la inclusión de poblaciones clave como las LGBT parecía un sueño imposible” relató. “Hoy luego de mucho trabajo podemos decir que hemos logrado grandes avances”. “Esperamos que estas conclusiones puedan incidir en las políticas públicas”, mencionó. “Organizar este evento significa para COIN un gran reto: que esto no quede en el evento”, concluyó

“Visibilizar y denunciar el presente paradigma hegemónico de la prohibición”

Con ese objetivo presentaron su declaración  los miembros de la  Red  Latinoamérica  y  del  Caribe  de  Personas  Usuarias  de  Drogas  (LANPUD). “Desde LANPUD sentimos la necesidad de visibilizar y denunciar el presente paradigma hegemónico de la prohibición, patologización, estigmatización, discriminación y criminalización de personas usuarias de Sustancias Psicoactivas.  Dicho paradigma se sustenta en mecanismos de control social y geopolítico fundamentados en perspectivas racistas, clasistas, sexistas, heteronormativas, adultocentristas y excluyentes”, manifestaron.

La Declaración completa se encuentra disponible aquí.

“Respeto para nuestras culturas”

Los cultivadores de cannabis, coca y amapola también elaboraron un documento en el cual manifestaron “la necesidad urgente de una reforma en las políticas publicas referentes a nuestras cultivos, cuyos resultados hasta el día de hoy han sido negativos para nuestras comunidades”.

“Exigimos el respeto para nuestras culturas, en las cuales el uso de las plantas juega un papel fundamental. El uso tradicional y el cultivo para ello de la cannabis, la hoja de coca y el amapola no puede ser prohibida, criminalizada  o marginalizada”, expresaron.

“Demandamos el cese de inmediato a la erradicación forzada como instrumento principal en las políticas públicas actuales, por ser contrarias a la dignidad y los derechos de las comunidades que dependen de ello para sustentar sus economías familiares”, exigieron los cultivadores.

“Abogamos por planes de desarrollo sostenible para nuestras comunidades y la participación en el diseño, la implementación y la evaluación de ellos. Hasta ahora el llamado desarrollo alternativo solo existe en teoría, pero en la práctica no ha cambiado nada en la realidad de nuestras comunidades”, finalizaron.

Por un abordaje integral desde la perspectiva de la salud

La última declaración presentada correspondió a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) sobre políticas de drogas, quienes expresaron que “la actual política de drogas desarrollada en nuestros países enfatiza la respuesta penal, en lugar de una respuesta preventiva orientada en el respeto de los derechos humanos y en el derecho a la salud. Ello nos ha alejado de los objetivos pretendidos en el abordaje integral desde la perspectiva de la salud, la criminalidad e impacto social, produciendo serias distorsiones en las políticas públicas y el entramado social”.

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