Declaración LANPUD frente a la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas 2016

La siguiente declaración constituye la postura pública compartida, defendida e impulsada por la totalidad de los  miembros  de  la  Red  Latinoamérica  y  del  Caribe  de  Personas  Usuarias  de  Drogas  (LANPUD) de  cara  a  la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas  2016.

Desde LANPUD sentimos la necesidad de visibilizar y denunciar el presente paradigma hegemónico de la prohibición, patologización, estigmatización, discriminación y criminalización de personas usuarias de Sustancias Psicoactivas.  Dicho paradigma se sustenta en mecanismos de control social y geopolítico fundamentados en perspectivas racistas, clasistas, sexistas, heteronormativas, adultocentristas y excluyentes. Por esta razón, queremos hacer énfasis en 10 puntos que representan la visión de nosotras, personas usuarias de sustancias psicoactivas:

  1. El paradigma prohibicionista y abstencionista se ha estructurado bajo la premisa de que el uso de Sustancias Psicoactivas es siempre problemático, basándose más en prejuicios sociales, morales y costumbristas que en evidencia científica.

 

  1. La prohibición ha sustentado la toma de acciones extremas, justificando las más terribles violaciones de DDHH como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, así como el derroche de millones de dólares en políticas fallidas.

 

  1. En América Latina y el Caribe este paradigma ha implicado una continuación del proceso histórico de colonización y desmembramiento de las tradiciones originarias que, a lo largo de la historia, han hecho uso de plantas y sustancias psicoactivas como el cannabis, el peyote, la ayahuasca o los hongos psilocibos en contextos rituales, medicinales y lúdicos, siendo centrales en su construcción de identidad.

 

  1. La guerra contra las drogas ha generado enormes daños colaterales en la sociedad, dejando a miles de familiares de víctimas de la guerra, en situaciones de abandono social y vulnerabilidad, sin que existan estrategias ni medios de reparación adecuados.

 

  1. Las múltiples herramientas de reducción de riesgos y daños han probado ser efectivas para reducir los impactos negativos a la salud y a la comunidad relacionados al uso de las Sustancias Psicoactivas.

 

  1. Cada vez resulta más claro que los modelos de tratamiento que no imponen la abstinencia son capaces de abordar el tema de las adicciones con un mayor respeto a los derechos humanos y que, además, tienen mayor efectividad que otros tratamientos disponibles en la actualidad.
  1. Dentro de las políticas de prevenir los daños, exigimos que no se reanude la estrategia de aspersión aérea o fumigaciones, debido a las nefastas consecuencias para la salud y la economía de cientos de miles de cultivadores y consumidores.
  2. Reconocemos la legitimidad, por sobre la legalidad o la ilegalidad, del derecho al placer y la inviolabilidad de la autonomía del cuerpo como un aspecto inalienable del desarrollo integral de las personas, grupos sociales e identidades culturales que surgen de las distintas prácticas asociadas a las sustancias psicoactivas.
  1. La justicia penal no debe ser utilizada como medida dirigida a personas que usan Sustancias Psicoactivas, mientras no hagan daños a Se debe evitar a toda costa la canalización hacia un sistema  judicial que ha resultado  en hacinamiento  carcelario y que  afecta  desproporcionalmente  a  sectores  y/o poblaciones  marginalizados  por  etnia, orientación  sexual,  clase  y  género.
  1. Bajo ninguna  circunstancia  debe  ser  considerada  la  pena  de  muerte  como  respuesta  a  delitos  relacionados  a drogas. El uso de estas sustancias debe abordarse desde un esquema de salud pública, no como un comportamiento a ser erradicado.

Con base en esto queremos lanzar una invitación a reconocer con mirada honesta y humildad la importancia de las relaciones con plantas y sustancias psicoactivas como prácticas vivas que son y han sido constitutivas de nuestra identidad regional, sabiduría ancestral y experiencias contemporáneas.

Consideramos urgente la búsqueda de políticas alternativas al prohibicionismo, que aboguen por la regulación de la producción, preparación, distribución, venta y consumo de plantas y sustancias actualmente ilícitas, que permita el desarrollo sustentable local y el beneficio de las comunidades hasta hoy más afectadas. Estas alternativas deben acompañarse de la reconstrucción del tejido social por medio de procesos de aceptación de la verdad, acceso a la justicia y reparación del daño.

Las políticas públicas en materia de drogas deben dar continuidad al conocimiento y las prácticas generadas en la población usuaria, incluyéndonos como parte de la solución.

Nada sobre nosotras, las personas usuarias, sin nosotras.