Resumen Día 1 #Confedrogas2016

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UNODC: “Abogamos por la abolición de enfoques orientados a la sanción,  impulsando, por lo contrario, acciones arraigadas en el derecho a la salud y los derechos humanos”

Así lo expresó el Director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito  (UNODC) Aldo Lale-Demoz, en la ceremonia de apertura de la VI Conferencia Latinoamericana y I Caribeña sobre Políticas de Drogas que se realiza hoy y mañana en Santo Domingo, Rep. Dominicana.

(Rep. Dominicana, 5 de octubre de 2016) Más de 700 personas asistieron a la apertura del encuentro más importante de Latinoamérica sobre políticas de drogas. Funcionarios, especialistas y amplios sectores de la  sociedad civil siguieron atentamente la presentación del alto funcionario de UNODC, que presentó un análisis basado en las lecciones aprendidas y en las mejores prácticas que surgen de los programas de asistencia técnica que lleva a cabo la UNODC a partir de sus 75 oficinas regionales y nacionales en América Latina y el Caribe.

Aldo Lale-Demoz reconoció que “la comunidad internacional ha hecho un paso importante en los últimos años al reconocer que el uso de drogas y sus complicaciones conexas – como ser el VIH, la hepatitis C y la sobredosis de drogas – son asuntos de salud que deben ser abordados en primer lugar por el sistema de salud pública”, y señaló que “es una problemática que requiere prevención, tratamiento y atención basados en evidencia, donde el castigo, más allá de vulnerar los derechos humanos, no ha arrojado resultados positivos; más bien tiende a empeorar la situación en materia de adicciones, paz comunitaria y cohesión social”. “Abogamos por la abolición de enfoques orientados a la sanción,  impulsando, por lo contrario, acciones arraigadas en el derecho a la salud y los derechos humanos”, remarcó.

Respecto a la justicia penal, consideró que “las entidades dedicadas a la aplicación de la ley y a la justicia penal deberían centrarse primordialmente en combatir los delitos de drogas más graves y en desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”. “La penalización de los campesinos dedicados a cultivos ilícitos no es ni eficaz ni justa. Los agricultores siembran cultivos ilícitos debido a la pobreza, la exclusión, o la coerción por parte de grupos armados ilegales”, declaró el alto funcionario. Además, señaló el compromiso a “mejorar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos controlados, ya que son esenciales para el alivio del dolor relacionado con condiciones de salud”.

Compromiso presidencial con las mujeres encarceladas por delitos de drogas

Una importante promesa realizó la Ministra de la Mujer de Rep. Dominicana, Janet Camilo, quien señaló que “en nuestro país el abordaje del tema drogas se ha hecho solo desde la penalización. Es como que el Estado dominicano no tiene conciencia de que tenemos que trabajar desde la prevención”. La funcionaria movilizó un cerrado aplauso del público al declarar: “tenemos como objetivo que en ningún caso, mujeres acusadas por delitos de drogas no violentos vayan a prisión, ya que la mayoría no significan una amenaza para la sociedad” y agregó que “reducir la población femenina carcelaria es prioridad del presidente de la República”.

“No dejar nadie atrás”

El Director regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe César Núñez llamó a la reflexión porque “el mundo está fallando en proteger la salud de las personas que usan drogas, las cuales han sido traumatizadas por la violencia, estigmatizadas y encarceladas”. Para el funcionario, el “no dejar nadie atrás” de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “incluye a los usuarios de drogas”. También destacó el “trabajo en conjunto con la sociedad civil, incluyendo las asociaciones de personas que usan drogas”. Por último declaró: “venimos trabajando con las distintas agencias de Naciones Unidas para que los pilares de la salud pública sean incorporados en las políticas de control de drogas”.

Por su parte, el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez de Luis, expresó que “esta conferencia es extraordinariamente pertinente” y también destacó que “si bien no hay un consenso sobre políticas de drogas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son subscritos por la gran mayoría de la comunidad internacional, y sus ejes tienen estrechos vínculos con el tema drogas, como la reducción de la pobreza y el logro de la paz, lo cual requiere inherentemente un cambio en las políticas de drogas”.

La salud primero

La Representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arazeli Azuara recalcó que “el problema de las drogas requiere respuestas multidimensionales, integrales y transversales”. Así mismo, expresó que “una de las grandes asignaturas pendientes es el abordaje desde la salud y los derechos humanos”. “No vamos a poder resolverlo sin la cooperación regional”, afirmó la funcionaria.

Alma Morales, Representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) puso el énfasis en “garantizar el acceso a medicamentos controlados, así como la reducción del estigma que dificulta el acceso a tratamientos”. También señaló que su agencia promueve el “enfoque de salud pública, la inversión para la generación de evidencia científica y la articulación de políticas de drogas con metas para el desarrollo humano”.

Por otro lado, Pablo Cymerman, Coordinador Ejecutivo de CONFEDROGAS y Responsable de Relaciones Institucionales de Intercambios Asociación Civil de Argentina, subrayó que “las actuales políticas de control de drogas no han hecho sino profundizar la exclusión y continúan reforzando el estigma, la discriminación y los abusos que afectan a las personas que usan drogas”.  Además declaró que “el enfoque punitivo ha causado efectos devastadores y no logró disminuir el consumo de sustancias, mientras aumentó los niveles de violencia y fortaleció el crimen organizado”. “Los gobiernos dan destinado una gran cantidad desproporcionada de recursos a las políticas represivas, en perjuicio de dirigir esfuerzos a mejorar la condición humana”. “Es necesario priorizar respuestas desde la salud pública antes que del sistema penal”, concluyó.

Por su parte, Santo Rosario Ramírez, Director del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), organizador local de la Conferencia, señaló que “la políticas basadas en la represión no están dando los resultados que se esperan” y propuso “repensar las políticas de drogas para que busquen el bienestar de los seres humanos, y no llenen las cárceles de consumidores”.

Modificar la ley de drogas

Por último, Víctor Terrero, Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA de Rep. Dominicana pidió “no discriminar usuarios de drogas” e hizo hincapié en la necesidad de “modificar la ley 50-58 sobre Drogas y Sustancias Controladas”, ya que “ésta criminaliza el consumo, limitando las intervenciones de reducción de daños para la prevención del V IH en los consumidores de drogas”, precisó el funcionario.

“Recordemos hoy y siempre que la igualdad y la no discriminación, son la clave para lograr una sociedad justa y equitativa, y a que pensemos y actuemos con la convicción de que podemos ser parte de esta transformación”, enfatizó.

 

Panel Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia

“Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas”

Las respuestas punitivas a los delitos de drogas siguen siendo un factor decisivo en el aumento de la población carcelaria, trayendo aparejado condiciones infrahumanas de detención. Frente a esta realidad giró la discusión entre los panelistas.

Un emotivo discurso brindó Priscilla Chavez Mendez, vocera de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados a las drogas de Costa Rica, quien relató los pesares atravesados cuando fue detenida por un delito de drogas, actividad que tuvo que realizar por la desesperación de mantener a sus 4 hijos. “Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas”, dijo Priscila y se quejó de  “las situaciones vulnerables que te llevan a cometer estos actos”, “no abrimos los ojos a tiempo”, reflexionó.

María Cristina Meneses Sotomayor, Defensora Pública Penal de Ecuador, señaló que “las políticas de drogas se plantean equivocadamente como políticas penales”. Por otro lado, contó que “las reformas de drogas en el Ecuador han admitido criterios para que la normativa penal mantenga al margen a personas con poca cantidad de sustancias prohibidas y se dejen en libertad”. También destacó que “el porcentaje de mujeres encarceladas en Ecuador disminuyó un 43 por ciento”.

Por su parte, Zhuyem Molina Murillo, Defensora Pública de Costa Rica a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia legislativa,  indicó que la reforma “debe ser desde los derechos humanos” y que “la ley 9161 entendió que los derechos eran lo primordial” “Esta fue la principal herramienta para la liberación de cientos de mujeres como Priscila Chavez y permitió reunirlas con sus familias, ya que muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades antes de cometer el delito”. Para la funcionaria, “el gran desafío es la proporcionalidad de las penas, los derechos humanos, seguir estudiando y investigando y contar con estas historias como la de Priscila que estas tocan corazones”.

El investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile Diego Piñol desarrolló un informe de lecciones aprendidas a partir de las cortes de drogas en Chile. Para el académico, dichas cortes “carecen de reconocimiento normativo y sólo es posible gracias a un acuerdo entre los operadores del sistema judicial y el sector de salud”. Por otro lado, indicó que “los jueces y fiscales poseen serios problemas para interpretar diagnósticos, conocer y poder evaluar procesos de tratamiento, conocimientos sobre las adicciones y los procesos de motivación, aherencia, rehabilitación y otros”.

Ofició de discutidor el investigador de Intercambios Asociación Civil e Integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) Alejandro Corda, quien afirmó que “la población por posesión de drogas crece cada día más en las cárceles en la región, y se ve claramente que es un problema social”. “La salud y el tratamiento para estas personas es un derecho y no deben de ser encarcelados, porque esto genera una mayor la vulnerabilidad y el crecimiento de la pobreza en las comunidades”.

Moderó Coletta Youngers, investigadora Afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Panel Avances hacia la regulación del cannabis

“Dejamos el consumo de drogas bajo el control del narcotráfico o bajo el control del Estado y la sociedad”

Con esta frase concluyó su participación Milton Romani Gerner, ex Secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y Representante Permanente ante la Organización de Estados Americanos, quien brindó detalles del proceso que llevó a la Ley de regulación y control de marihuana en Uruguay: “Fue debatida en 2013 en el Congreso Nacional y sancionada en enero del 2014. Salió en el marco de un plan de seguridad y convivencia ciudadana”, explicó.

“Se han registrado entre auto cultivadores  y miembros de clubes cerca de seis mil uruguayos que por medio del  auto cultivo o la fundación clubes cannábicos están produciendo y consumiendo cannabis de tipo legal”. “En farmacia es con registro previo y se puede consumir hasta 40 gramos mensuales”, contó.

“Esto es una experiencia que se basa en las condiciones uruguayas que venía no penalizando el consumo personal hace décadas, pero se tenía que acceder al mercado ilegal para hacerlo. Con la nueva ley los usuarios están consumiendo con legitimidad ante la sociedad”. Para Romani, existen dos posibilidades ciertas: “dejamos el consumo de drogas bajo el control del narcotráfico o bajo el control del Estado y la sociedad”.

Comenzando con el épico tema Legalize it de Peter Tosh, Vicki Hanson, integrante del Comité Directivo de la Asociación de Cultivadores y Productores de Ganja de Santa Catarina de Jamaica nos introduce en el mundo del ganja movement en Jamaica. Vicky contó que “en 2015 se hizo una enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas y se despenalizo la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, 2 onzas o menos, porque la mayoría de los jóvenes estaban siendo penalizados por tenencia de una pequeña cantidad de marihuana. Se ordenó la eliminación de registros penales por tenencia de pequeñas cantidades y 2000 registros aproximadamente fueron expurgados”.

Para Hanson “la enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas significo un reconocimiento de los derechos de una sociedad que fue marginalizada por el uso tradicional de la ganja”.

Sin embargo, no todo es “no problem” en la tierra de Marley. Para Hanson “falta un cambio de actitud de la comunidad médica, todavía rehúsan el uso médico del cannabis”. Por otro lado, “las grandes compañías vienen a buscar el mercado para Europa y Estados Unidos, y los productores no están en esas conversaciones”.

La siguiente expositora fue Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta de la Comisión para la Descriminalización de la Marihuana en la Región del CARICOM y ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Rose, “que se diga que la marihuana es una droga peligrosa nos impide hacer una investigación científica que permita probar los efectos beneficiosos que tiene en la realidad”. Por otro lado, indicó que “la despenalización de pequeñas cantidades de marihuana no hace mucho con respecto de la despenalización general, que es el gran objetivo”.

Por último, recalcó que “la sociedad excluye a las personas que consumen marihuana  por una condena moral, por prejuicios y desconocimiento”.

Donald MacPherson, Director de la Coalición Canadiense de Políticas de Drogas contó que “el gobierno de Canadá está trabajando enérgicamente en un proceso de consulta pública para llevar la regulación del cannabis a la realidad” y que encuestas dicen que “un 68 por ciento de los canadienses apoyan un enfoque regulado”. También señaló que “el objetivo del gobierno al restringir el uso del cannabis es proteger a los jóvenes”. Sin embargo, reflexionó acerca de “qué hará Canadá respecto a los tratados internacionales de drogas” y concluyó que “al Igual que Uruguay podríamos pensar que es un problema de tratados, no de nosotros, pero hay que buscar un mecanismo de regulación del cannabis de una manera regional”.

El discutidor fue el mexicano Jorge Hernández Tinajero, integrante de la Coalición Latinoamericana de activistas Cannábicos quien destacó que “la práctica del cultivo por los propios usuarios es lo que ha funcionado más ágilmente o al menos lo ha hecho más que la burocracia”.

La moderadora fue Pien Metaal Coordinadora del proyecto sobre América Latina del programa de Drogas y  Democracia del Transnational Institute (TNI).

Mesa redonda: UNGASS y ahora qué?

El proceso hacia la UNGASS 2016 reflejó pequeños pero valiosos avances: la utilización de un lenguaje en derechos humanos, la proporcionalidad en las penas, mayor perspectiva de género, acceso a medicamentos controlados y la incorporación en el debate de otras agencias de Naciones Unidas.  También quedó en evidencia la ausencia de consenso como fiel reflejo del fracasado sistema imperante y el importante papel desempeñado por la sociedad civil en este recorrido. No obstante, en el sistema internacional de fiscalización de drogas, no se produjeron reformas significativas ¿Qué desafíos nos presenta este escenario? ¿Es la ausencia de consenso un punto de partida para un nuevo consenso? ¿Qué alianzas podrían fortalecerse hacia la reunión de alto nivel de 2019?

Martin Jelsma, especialista en políticas internacionales sobre drogas del Transnational Institute de Países Bajos (TNI), reflexionó sobre que “existen algunos países que han desafiado al sistema de los tratados de drogas como Uruguay y su mercado regulado de cannabis; o Bolivia con la planta de hoja de coca”. “Lo que paso en UNGASS es una reafirmación de los tratados, ya que la agenda fue completamente limitada desde un inicio” indicó y agregó que sin embargo “hubieron unos cuantos avances después de una fuerte negociación, en temas como salud pública, acceso a medicamentos controlados y la importancia cultural de la droga para usos tradicionales”.

Claudia Salcedo Vásquez, funcionaria del Área de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, aseguró que “se deben acercar las posiciones para acercar un nuevo consenso global sobre las políticas de drogas”. “El enfoque de salud pública y la perspectiva de género han sido introducidos en el documento” “Pero quedaron afuera cuestiones como el uso no medicinal del cannabis”. Para la funcionaria, “el reto después de UNGASS, no solo para Colombia, es pasar del discurso a la práctica, con la adopción de nuevas acciones que reflejen lo hablado en UNGASS, demostrar que existen y funcionan”.

“En el ámbito internacional existen oportunidades. En la OEA se firmo el plan de acción 2016-2020, en la cual se lograron incluir enfoques de salud pública, derechos humanos y enfoque de género. El desarrollo de experiencias internacionales también es un espacio que se puede utilizar para implementar programas basados en evidencia”, dijo Salcedo Vázquez.

“Se debe promover y visibilizar proyectos, programas y políticas que han demostrado ser eficientes, como la intervención integral como respuesta al narcomenudeo, la regulación de mercados de drogas, y la implementación de programas de reducción de daños en distintos países”, concluyó.

Para Yaw Akrasi- Sarpong, Secretario Ejecutivo de la Junta de Control de Narcóticos del Ministerio del Interior de Ghana, UNGASS es simplemente un proceso, y no va a terminar en 2019, porque es una batalla histórica de elitismo, prohibicionismo y fuerzas poderosas”. El invitado africano sostuvo que “África tiene las experiencias más consistentes en políticas de drogas fallidas”. “Quiero reconocer los avances en materia de políticas de drogas en América Latina”. Además señaló que “las organizaciones de la sociedad civil son clave para el proceso de reforma. UNGASS no podría haber sido posible si no fuera por la fuerza de la sociedad civil de agrietar y romper barreras”.

Por último, el funcionario de Ghana entiende que “estamos siguiendo una narrativa negativa. Estamos hablando de cocaína y cannabis, pero la ciencia ha demostrado que el alcohol y el tabaco provocan más muertes al año que la cocaína. Tenemos que cambiar la narrativa, y hacer más énfasis respecto al beneficio que una regulación traería”.

Por último habló Diederik Lohman, Director asociado de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch, quien destacó el rol de la sociedad civil en las políticas de drogas. “Los objetivos de la sociedad civil en cada país, tienen que ser concretos, específicos y medibles, que tengan importancia para el objetivo final de proteger la salud pública contra los posibles riesgos del uso de drogas, ya que, aunque lo intentamos, no logramos que el documento de resultados de UNGASS lo incluyera”. “La declaración de 2019 es la oportunidad para poder incluir todo esto, y vamos a lograrlo”, enfatizó.

Moderó la mesa Ernesto Cortés, Director Ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID).

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Milton Romani fue homenajeado en Santo Domingo

Milton Romani fue Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y Representante Permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Es una de las personas que desde el ámbito gubernamental, más ha contribuido a abordar las políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos y uno de los promotores de las reformas para regulación legal del cannabis en su país.  Graciela Touzé, Presidenta de Intercambios Asociación Civil, hizo entrega de una placa de reconocimiento.

Con gran emoción, Milton Romani expresó que “la participación de la sociedad civil es imprescindible para diseñar políticas públicas”. Además, reflexionó sobre la llamada guerra contra las drogas a la cual calificó de “guerra contra las personas”. “Cuando atacamos la violencia incrementamos la violencia. Vivimos en una región muy injusta, tenemos los índices de mayor violencia porque los niveles de pobreza y la desigualdad se han incrementado mucho más que el crecimiento y el desarrollo”, señaló el ex funcionario uruguayo y concluyó: “tendremos que rescatar una agenda de derechos hacia la humanidad, deberemos pedir el derecho a la salud, negado a miles de usuarios por uso de drogas”.