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Panel: Drogas y Derechos Humanos

“Menos palabras y más acciones que respeten los derechos humanos”

En países de todo el mundo, las personas que  usan drogas ilícitas enfrentan a menudo situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de sus derechos. En esta mesa redonda, el objetivo fue determinar qué políticas y acciones deberían llevarse a cabo para evitar que esto siga ocurriendo.

(Bogotá, 5/12/12, 18:00 hs) M menos palabras y más acciones, que incluyan y respeten los derechos humanos, pero no como una retórica interesante sino como aplicación efectiva”, reclamó Pablo Abarca, Consultor del Área de Género, Derechos, Diversidad cultural y Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). El especialista fue uno de los participantes de la mesa redonda sobre Drogas y Derechos Humanos que tuvo lugar en el marco dela IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se lleva a cabo en Bogotá.

“El derecho a la salud existe y está establecido, pero ¿cómo lo hacemos operativo? ¿De qué sirve decir que los usuarios con consumo problemático tienen derecho a ser bien recibidos y atendidos, si no tenemos forma de operativizarlo, si no hay lugares donde esa atención se pueda llevar a cabo?”, planteó.

Abarca explicó que, cuando los objetivos de los organismos de fiscalización de drogas entran en conflicto con los derechos humanos, son estos últimos los que deben primar. “Pero eso es algo que está escrito en un papel y no se aplica”, expresó.

Para concluir, apuntó que “lamentablemente, la comunidad internacional determina que las drogas son un mal que hay que combatir, y para hacerlo se están violando los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud. Todo ello con el agravante de que el resultado de acabar con las drogas tampoco se está consiguiendo”.

¿Qué pasa con los usuarios de drogas?
“Los derechos y la dignidad de los usuarios están siendo violados por la guerra a las drogas” sostuvo Wagner Coutinho Alves, miembro de la Red Latinoamericana de personas que usan drogas (LANPUD) y secretario de la Asociación de Estudios Sociales de la utilización de sustancias Psicoactivas (ABESUP) de Brasil.

“Necesitamos tener participación efectiva en la elaboración de políticas dirigidas a personas que usan drogas. Cuando se tome conciencia de lo que las drogas significan para las personas, las políticas podrán ser adaptadas para respetar nuestra dignidad”, aseguró.

En referencia a la reunión en la cual se constituyó LANPUD, comentó que “al comparar los problemas que enfrentan los usuarios de Costa Rica, Argentina, México, Brasil Chile, Uruguay, Colombia y Bolivia, llegamos a la conclusión de que son bastante similares”.

Drogas, criminalidad y salud pública
Otro de los participantes de esta mesa redonda fue Daniel Wolfe, director del Programa Internacional de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRD/OSF), quien cuestionó “el mito conveniente que muchos nos decimos a nosotros mismos: que es suficiente tratar a las drogas como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad. Nos lo repetimos como si eso bastara. Decimos que las personas necesitan tratamiento, pero evitamos la pregunta de qué significa tratamiento”.

Wolfe recordó que esto significa no sólo accesibilidad o disponibilidad, sino también no ser torturado, no ser humillado, tener el derecho a la privacidad y la confidencialidad, derecho a la vida. “Muchas personas mueren en centros que operan bajo la bandera de tratamiento, de compasión, de un mejor enfoque hacia las políticas de drogas”, advirtió

Para finalizar, afirmó que “es importante para los profesionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en este tema cuestionar el modelo que dice que la única manera que se puede mantener a una persona dentro del centro es poniendo un candado o una alambre de púas. Si se necesita eso, es porque hay un enfoque equivocado”.

Recuperar la reducción de daños
La práctica de la reducción de daños se inició en Europa hace más de 30 años, luego de que hubiera 70.000 muertes por el consumo intravenoso de drogas. “Hacia mediados de la década de 1990 se empezó a dar la discusión de qué era la reducción de daños, y es un debate que aún sigue abierto”, recordó Oscar Parés Franquero, colaborador de la Subdirección General de Drogodependencias de la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, España al iniciar su exposición.

La reflexión -explicó- comenzó al problematizar qué era riesgo y las causas del riesgo. La vulnerabilidad va más allá del riesgo y no está dada por el consumo sino por las situaciones de consumo. Los factores estructurales como el género o la pobreza generan vulnerabilidad”.

Parés recuperó el paradigma de la vulnerabilidad, “que nos permite no ver como inevitables los daños del consumo. Al unir la vulnerabilidad con los derechos humanos hacemos que no sean sólo unos profesionales que trabajan con ciertos grupos sino toda la sociedad la que se involucre”.

Finalmente, apuntó que las actuales políticas de drogas tienen una serie de efectos graves: 1) castigan a los consumidores, 2) aumentan el precio de las drogas, 3) favorecen la marginación, 4) dan espacio a la producción de drogas más fuertes, 5) generan muerte y delincuencia, 6) dilapidan recursos públicos, 7) dejan a los menores indefensos y 7) hacen inoperante al sistema judicial.

“Estos cien años de políticas prohibicionistas han creado un régimen que no solo atenta contra los derechos humanos de los consumidores, sino también de los desplazados o las víctimas de la violencia y, si nos ponemos más extremos, afectan a toda la sociedad porque se dilapidan recursos públicos”, concluyó.

 

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