Mesa redonda: Drogas y violencia, ¿Son posibles otras respuestas?

El clásico paradigma de la “guerra contra las drogas” ha llevado a que varios países de la región enfrenten niveles extraordinarios de violencia. El aumento de la desigualdad estructural y la exclusión social son algunos de los factores que influyen en este fenómeno. ¿Qué estrategias podrían disminuir los actuales índices de violencia? ¿Cómo fortalecer la cooperación Sur-Sur y abordar amenazas comunes para América Latina y África?

Rafael Silva West, ex Gestor General de Políticas sobre Drogas y Presidente del Consejo Estatal de Políticas de Drogas de Pernambuco (CEPAD/PE), Brasil, relató la experiencia de su Estado en los Programas para Usuarios de crack en situación de extrema vulnerabilidad. “Desarrollamos servicios en calle, centros de 24 horas, servicios de alojamiento”. Luego brindó algunas estadísticas que dan cuenta de la magnitud del Programa. “5714 personas fueron atendidas entre 2011 y 2015”. “Cada 2 personas 1 había sufrido un intento de homicidio, dando cuenta de un entorno de violencia. Un 65% había recibido una amenaza de muerte por cuestiones de drogas en los últimos 6 meses, pero el 70% se siente seguro cuando están en el Programa”, finalizó.

Adeolu, de Ghana, integrante de la red de políticas de drogas de África Occidental, apuntó que “la experiencia de violencia se siente muy distinto en los diferentes países” y señaló que en su región “se estima que 30% de las drogas que pasan por la región, se consume localmente”. “No es solo de transito”, estimó.  Comparando con la experiencia latinoamericana, “los grupos que trafican drogas en África Oeste son mas informales y la mayoría de las pandillas no forman parte de un sistema que sea posible investigar”. “Los que participan en el mercado no interactúan de una manera abierta”, indicó.

Oscar Giovanni Zepeda, fundador de la Iniciativa Pastoral por la Vida y la Paz y de la organización Iglesias Evangélicas Unidas para la Paz de El Salvador, mencionó que “existen de 15 a 20 muertes diarias por violencia en El Salvador tras la iniciativa de pacificación, cuando la tasa era de 8 a 10”. “Muchos sacerdotes estamos trabajando pero tenemos que aprender a organizarnos como iglesias y como comunidades, hemos logrado mesas territoriales de pacificación, con la sociedad, la policía. Los niños de nuestro país están siendo masacrados, la juventud ha sido estigmatizada”, contó.

“Hemos hecho marchas para pedir paz en nuestro país pero el gobierno no hace más que crear impuestos para la seguridad pública. Los impuestos que estamos recibiendo son muy altos. Todo bajo el tema de seguridad pública”, señaló.

Además relató que “hay mucha gente saliendo del país, son comunidades enteras a veces que se van. Porque los jóvenes de la zona, mueren y ni importa si son pandilleras o no”, concluyó.

Andrés Antillano, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela comenzó criticando la narrativa “drogas-violencia” que “refuerza la criminalización de la pobreza, con discursos en los cuales quien consume drogas es un pobre y excluído y jamás un artistas que se estimula para crear”.

Para el investigador venezolano, el tema debe ser estudiado “como un problema de clase y estructural” y “los delitos violentos no tienen tanto que ver con las drogas como con las condiciones estructurales de exclusión y desigualdad. Esta relación/narrativa drogas-violencia sirve para criminalizar a la pobreza”, argumentó.

“Hay un problema vinculado con las drogas pero tiene que ver con exclusión social”, finalizó.

Por último Lilian Bobea, experta en temas de seguridad y defensa, relaciones cívico-militares y seguridad explicó que “hay muy poca relación entre el consumo de drogas y el delito”. Para la especialista, los jóvenes son la población más afectada por la violencia. “Estamos hablando de un continente que es de jóvenes, y donde están siendo cada vez más criminalizados”, señaló y agregó en los países más violentos de la región “estos países tienen una trayectoria de gobiernos violentos”. “Entre el 16 y el 18% de la violencia está en manos de la policía”, argumentó. “No podemos hablar del proceso de paz si no entendemos cómo se genera la violencia”, cuestionó finalmente.

Julián Quintero, Director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS) de Colombia, moderó el panel.