Panel: Objetivos de Desarrollo sostenible y Derechos Humanos en las políticas de drogas

En el documento final adoptado en la UNGAS 2016 los Estados establecieron que “los esfuerzos encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y abordar eficazmente el problema mundial de las drogas son complementarios y se refuerzan mutuamente”. No obstante, la erradicación forzosa de cultivos, entre tantas otras medidas, contribuye a la pobreza, el conflicto y el desplazamiento de poblaciones. En este sentido, si los Estados se han propuesto metas a alcanzar respecto al desarrollo sostenible y han asumido obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ¿no deberían las políticas públicas de drogas que cada uno desarrolla dentro de sus territorios, guardar coherencia con dichos propósitos? Estos interrogantes fueron el punta pie inicial para un profundo debate.

Amapola Duran Salas, representante de la Confederación Nacional de los Productores Agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú (CONPACCP) comenzó declarando que “la coca, la amapola y el cannabis están Injustamente satanizados”. “Nuestra hoja sagrada milenaria es medicina en su estado natural y nos da vida, es nuestro sustento”, explicó.
“Los gobiernos obedecen a los tratados internacionales criminalizando a los humildes campesinos”. “No hay políticas públicas para el sector agrario y no existen oportunidades de desarrollo para las familias campesinas” analizó Amapola.
“Hay mucha riqueza para pocas personas y mucha miseria para la gran mayoría en mi Perú. En la práctica los programas de desarrollo no existen, y se gastan millones en combatir al narcotráfico”.
“No tenemos esperanza en los programas de la ONU”, sentenció finalmente.

Roberts Husbands, en representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, analizó los claros y oscuros del documento final de UNGASS 2016 en función de los objetivos planteados por los ODS. Para el funcionario, “el documento llama a que los servicios de la salud estén disponibles para las personas que usan drogas, quienes deben acudir de manera voluntaria e informada, sin embargo, no hay mención a las estrategias de reducción de daños, lo cual plantea una gran contradicción”. “Mientras reitera terminar con el VIH no contempla los obstáculos que existen para acceder a la salud para las poblaciones que usan drogas”, dijo Husbands. El funcionario también analizó que “es positivo cuando llama a las sentencias proporcionales para delitos de drogas pero no hace una autocritica sobre las violaciones a los derechos humanos y las compensaciones que deberían darle a las víctimas”. “No atiende la discriminación contra mujeres y minorías étnicas aunque si llama a una perspectiva de género”, fue otra de las contradcciones que señaló el funcionario de la ONU. Por último, remarcó que el documento “no discrimina los usos religiosos y espirituales ancestrales de algunas drogas”.

Natasha Horsfield, responsable de incidencia política y Directora del proyecto de reformas de políticas de drogas de Health Poverty Action de Reino Unido, indicó que “estamos fracasando con políticas que no pueden lidiar con los problemas que están surgiendo”. Para la especialista, las políticas de drogas no conducen a los ODS porque “hay una priorización de la reducción de la oferta sobre la reducción de la pobreza”. Para la británica, se debe “fortalecer la prevención y el tratamiento, lo cual requiere un mejora en el acceso a servicios de reducción de daños”. También resaltó que “las mujeres sufren de manera desproporcionada el peso de las actuales políticas”.
Para Horsfield, hay que “promover sociedades pacificas, la militarización de la ley de lucha contra las drogas exacerba la violencia, y la prohibición aumenta las ganancias del crimen organizado”. “Existe un enorme déficit de financiación para los OSD y gastamos billones de dólares en políticas que hacen daño”, reflexionó y aclaró: si no se modifican las políticas será inalcanzable el que “nadie se quede atrás”.

Por último, Herney Ruiz, campesino colombiano de la Región del Cauca, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) contó la experiencia en su territorio, donde “ancestralmente teníamos la hoja de coca para el mascado, el uso medicinal y espiritual, pero en los 80´ llegó la plata fácil, las armas, y la destrucción de nuestra cultura ancestral que nos deja el narcotráfico y la violencia”.
“Como respuesta a esta situación creamos un colegio para educarnos y en 10 años logramos bajar las muertes por violencia. Se elevó el nivel educativo y empieza una etapa de formación de líderes. Pero somos discriminados por ser campesinos, la coca nos deja un empobrecimiento ilícito en vez de un enriquecimiento ilícito”, expresó ganando el aplauso del auditorio.
“Si no respetamos la vida van a fracasar las políticas de drogas, tienen que dirigirse esfuerzos a fortalecer el tejido social, proponemos desarrollo alternativo y paz territorial”, concluyó.

El discutidor fue Javier Sagredo, Asesor en Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien llamó a “ponernos en los zapatos de aquellas personas que viven del tema de las drogas, que están involucrados en el proceso, en los plantíos, en el trafico, y que con eso les alcanza para comprar lo mínimo necesario para sobrevivir”. Para el funcionario del PNUD, “las políticas que han surgido por parte del Estado han demostrado no ser efectivas, tenemos que erosionar y reformar aquellas políticas que dañen”.
“No hemos puesto los elementos necesarios de resiliencia de políticas públicas”, reflexionó, “hay que recordar que no podemos ignorar estas discusiones de políticas de drogas, porque son políticas que criminalizan, que segregan y alimentan la violencia”.

Moderó el panel Rafael Pérez Torruela, Director de Intercambios Puerto Rico.