Panel Políticas de drogas y el derecho de acceso a la justicia

“Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas”

Las respuestas punitivas a los delitos de drogas siguen siendo un factor decisivo en el aumento de la población carcelaria, trayendo aparejado condiciones infrahumanas de detención. Frente a esta realidad giró la discusión entre los panelistas.

Un emotivo discurso brindó Marie, vocera de mujeres encarceladas por delitos menores vinculados a las drogas de Costa Rica, quien relató los pesares atravesados cuando fue detenida por un delito de drogas, actividad que tuvo que realizar por la desesperación de mantener a sus 4 hijos. “Muchas mujeres son privadas de sus familias y de sus derechos al ser encarceladas”, dijo Marie y se quejó de  “las situaciones vulnerables que te llevan a cometer estos actos”, “no abrimos los ojos a tiempo”, reflexionó.

María Cristina Meneses Sotomayor, Defensora Pública Penal de Ecuador, señaló que “las políticas de drogas se plantean equivocadamente como políticas penales”. Por otro lado, contó que “las reformas de drogas en el Ecuador han admitido criterios para que la normativa penal mantenga al margen a personas con poca cantidad de sustancias prohibidas y se dejen en libertad”. También destacó que “el porcentaje de mujeres encarceladas en Ecuador disminuyó un 43 por ciento”.

Por su parte, Zhuyem Molina Murillo, Defensora Pública de Costa Rica a cargo de la Unidad de Género Penal e Incidencia legislativa,  indicó que la reforma “debe ser desde los derechos humanos” y que “la ley 9161 entendió que los derechos eran lo primordial” “Esta fue la principal herramienta para la liberación de cientos de mujeres como Marie y permitió reunirlas con sus familias, ya que muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidades antes de cometer el delito”. Para la funcionaria, “el gran desafío es la proporcionalidad de las penas, los derechos humanos, seguir estudiando y investigando y contar con estas historias como la de Marie que estas tocan corazones”.

El investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile Diego Piñol desarrolló un informe de lecciones aprendidas a partir de las cortes de drogas en Chile. Para el académico, dichas cortes “carecen de reconocimiento normativo y sólo es posible gracias a un acuerdo entre los operadores del sistema judicial y el sector de salud”. Por otro lado, indicó que “los jueces y fiscales poseen serios problemas para interpretar diagnósticos, conocer y poder evaluar procesos de tratamiento, conocimientos sobre las adicciones y los procesos de motivación, aherencia, rehabilitación y otros”.

Ofició de discutidor el investigador de Intercambios Asociación Civil e Integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) Alejandro Corda, quien afirmó que “la población por posesión de drogas crece cada día más en las cárceles en la región, y se ve claramente que es un problema social”. “La salud y el tratamiento para estas personas es un derecho y no deben de ser encarcelados, porque esto genera una mayor la vulnerabilidad y el crecimiento de la pobreza en las comunidades”.

Moderó Coletta Youngers, investigadora Afiliada a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA),