Un recorrido sobre cómo se construyó la actual política de drogas, qué marco internacional la regula, los paradigmas vigentes y en disputa.
Para analizar las actuales políticas de drogas, evaluarlas y transformarlas, conocer la historia de algunos conceptos es una herramienta imprescindible. En primer lugar, el de prohibición, surgido sobre fines del siglo XIX en Estados Unidos, que se constituyó en un discurso hegemónico que determinó no sólo políticas de Estado, sino también un extendido sentido común. En aquel momento, el regreso del elemento religioso tradicional en el mundo anglosajón, las tensiones sociales que “obligaban” a nuevas forma de control, la evolución del sector médico y la asunción de tareas reservadas antes al mundo eclesiástico, contribuyeron a imponer esa manera de ver la cuestión.
Enfoques en disputa
En cuanto al control de la oferta, pueden diferenciarse:
Criminalizador: mantener y ampliar el número de sustancias prohibidas. Los consumidores son tanto criminales como pacientes, que deben ser castigados y también tratados (coactivamente).
Legalizador: pasaje de sustancias prohibidas a la categoría de reguladas (prescriptas). Los consumidores son enfermos que deben ser tratados.
Liberalizador: acceso a todas las sustancias por parte de los adultos. El uso de drogas es considerado una elección personal, no un crimen ni una enfermedad.
En cuanto al control de la demanda, las categorías enfrentadas son:
Abstencionismo: Intervenciones orientadas a eliminar el uso de drogas, tanto en prevención (promover en la población la no utilización de drogas) como en el tratamiento (suspensión del consumo).
Reducción de daños: Intervenciones orientadas a disminuir los efectos negativos producto del uso de drogas. Aquí, la educación y asistencia sobre drogas se basan en una jerarquía de objetivos -de corto, mediano y largo alcance- entre los que la abstinencia no es forzosamente condición necesaria.
Marco regulatorio internacional
Hay varios antecedentes legales en el sistema internacional de control de drogas -el primero se remonta a la Conferencia de Shangai de 1909- pero tres Convenciones de Naciones Unidas constituyen el actual marco regulatorio:
1- Convención Única de Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972. Prohíbe la adormidera, coca y cannabis.
2- Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Incluye sustancias próximas a la industria farmacéutica como anfetaminas, barbitúricos y LSD, entre otras.
3- Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Disposiciones sobre extradición, asistencia judicial recíproca, cooperación y asistencia para los Estados de tránsito, entrega vigilada, blanqueo de dinero, incautación de bienes, desviación de precursores químicos. Profundiza aspectos represivos, pues criminaliza la posesión personal.
Compromiso 1998: Erradicar la producción y el consumo
En 1998, una Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas concluyó con el compromiso de los países miembros a “lograr resultados importantes y mensurables en cuanto a la reducción de la demanda para el año 2008″. No sólo eso: también se firmó la promesa de “eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008″.
Revisión 2009: sin éxitos, pero en la misma política
Vencido el plazo, en una Reunión de Alto Nivel en 2009 se reafirmaron aquellos ejes con un nuevo límite de diez años para eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito de la adormidera, el arbusto de la coca y la planta del cannabis. O sea, la continuidad de las políticas vigentes. Sin embargo, se dejó constancia de que algunos países reconocen las carencias de estas políticas e instan a la adopción de nuevos enfoques.
Revisión 2014
La reunión de la ONU en Viena que revisó las políticas de drogas de los últimos cinco años finalizó con claras diferencias entre los Estados participantes y la necesidad de numerosos países latinoamericanos de dar un giro hacia políticas centradas en la prevención y la salud pública. Gobiernos latinoamericanos llaman a poner fin a la guerra a las drogas
UNGASS 2016
La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas convocada para 2016 ofrece la oportunidad de llevar al escenario global el debate instalado en América Latina. Un panel especial en la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas discutirá qué oportunidades y obstáculos se avecinan y si es posible fortalecer una posición consensuada entre los países de la región para avanzar hacia propuestas concretas de reforma.
El debate regional en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Cumbre de Cartagena 2012
Mandato a la OEA para analizar actual política de drogas. “Hemos dado a la OEA el mandato para que inicie el proceso. Ver si esta política está funcionando y si hay alternativas más eficaces y menos costosas” (Juan Manuel Santos)
Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas (Mayo 2013)
El estudio encomendado por los presidentes de la región propone un nuevo abordaje poniendo sobre la mesa temas como la despenalización, la descriminalización y la reducción de daños. Además, sugiere por primera vez revisar las convenciones internacionales vigentes en la actualidad.
43ª Asamblea General de la OEA, “Rumbo a una política integral para el problema de las drogas en las Américas” (Junio 2013)
Los Estados encomendaron a la OEA a que programe una Asamblea General Extraordinaria para debatir exclusivamente las políticas de drogas en la región. Esta se realizará el 19 de septiembre en Antigua, Guatemala y los Estados tendrán como insumos las conclusiones de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.
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La V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas cuenta con la adhesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Fue declarada declarada de Interés Cultural por la Presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica.
CONFEDROGAS es un consorcio que nació en 2013, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un cambio profundo en las políticas de drogas y que tiene por objetivo organizar las Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, como plataforma permanente y periódica para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras. Integran CONFEDROGAS: Acción Técnica Social (Colombia), el Colectivo por una política Integral hacia las Drogas (CUPIhD, México), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Psicotropicus (Brasil), la red internacional de activistas-investigadores Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), el organizador local, es una organización sin fines de lucro que inició su labor a finales del año 2012 y se constituyó legalmente a inicios del 2013, conformada por un grupo de profesionales, artistas y activistas interesados/as en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Su misión es la reducción de la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas, así como los riesgos y los daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.
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