Panel Drogas y violencia

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La política pública no debe evaluarse por sus intenciones sino por sus resultados y las políticas de seguridad actuales no han dado buenos resultados para los ciudadanos

Con estas palabras del especialista en seguridad ciudadana Juan Carlos Garzón se puede sintetizar un extenso y rico debate en torno a la relación entre drogas y violencia. Varios países de la región están enfrentando niveles extraordinarios de violencia, que suele asociarse al tráfico de drogas. Paradójicamente, uno de los factores que contribuyen al incremento de la violencia es la respuesta de mano dura por parte de las autoridades. El rol del Estado, los contextos de pobreza y marginalidad, el rol de las fuerzas de seguridad, la regulación del mercado de drogas, fueron algunos de los elementos puestos en discusión por un panel tan atractivo como heterogéneo. Con estas contradicciones como premisa, se inició el 2do día de la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

José Miguel Cruz, Profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida estimó que no hay una única forma de caracterizar el vinculo entre drogas y violencia. “No toda violencia es producto de drogas”, declaró. Luego puso el foco en la situación de Centroamérica, donde las tasas de violencia se han hecho mucho más altas: “El incremento de la violencia tiene que ver con las políticas de mano dura en seguridad y está más asociado a ello que a las drogas”, expresó. Además explicó que “Centroamérica es una región de paso, no produce ni consume grandes cantidades de droga”. “El narcotráfico no es el principal problema de seguridad y no es la principal causa de la violencia”. Finalmente enfatizó que “Mientras atribuyamos la responsabilidad a las drogas, nos alejamos de las causas principales que son la corrupción de las instituciones que han sido penetradas mucha antes de que las drogas llegaran” “El problema fundamental es la impunidad y la falta de transparencia”, concluyó.

Luego, la líder comunitaria de El Salvador Martha Guzmán de Castro contó desde su experiencia de trabajo voluntario en el territorio, una cruda realidad de “niños inhalando, indigentes y prostitutas” y cómo las maras se fueron adueñando del paisaje mientras “aumentaba su poder y peleaban por territorio”.  “Violentan, cortan procesos destruyendo familias y asesinan esperanzas” expresó.  “Los jóvenes necesitan una oportunidad, no hay que desapegar de la prevención y la reducción de daños, y crear interés para que los padres manden a sus hijos a la escuela”.

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, Director General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación de México, hizo referencia al nuevo enfoque de México en lo que respecta a las políticas de drogas. “El nuevo modelo con el que está trabajando México es incluir la prevención social, y eso plantea un giro de 180 grados”. Además, remarcó el papel que debe tener la sociedad, “El estado no puede por sí solo, sino que la ciudadanía debe ser incluida”. Luego, explicitó mayores detalles del nuevo enfoque que se plantea el país azteca: “El problema se aborda dentro de una perspectiva de salud pública y no de seguridad. Estamos abordando la no criminalización del consumo, desarrollando modelos de tratamientos de adicciones, incluso al interior de centros penitenciarios”. “Queremos generar mas información y mas análisis de políticas públicas; necesitamos crear y fortalecer los medios de información, para que ellos puedan tomar mejores decisiones e impulsar la formación de recursos humanos que atiendan problemas de adicciones”.

Mike Trace, del Reino Unido, Presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), presentó una propuesta para modernizar la aplicación de las leyes sobre drogas y redefinir las estrategias de reducción de la oferta, teniendo en cuenta que el plan de un mundo libre de drogas tal como lo planteó “la guerra contra las drogas” resultó “conceptualmente defectuoso, difícil de llevar adelante y con consecuencias imprevistas”. “Debemos aceptar que el mercado ilícito no puede ser erradicado”, remarcó y explicó que hay que “desarrollar nuevos objetivos; recentrar nuestra estrategia y nuestras inversiones y tolerar formas benignas de mercados de drogas”. Según el especialista, el gran dilema político consiste en “aceptar el fracaso de la guerra contra las drogas”.

Ofició de discutidor el especialista en seguridad ciudadana Juan Carlos Garzón, asesor internacional del Ministerio de Justicia de Colombia y de la Comisión para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala, quien consideró que “la política pública no debe evaluarse por sus intenciones sino por sus resultados y las políticas de seguridad actuales no han dado buenos resultados para los ciudadanos”. Garzón también se refirió a la repercusión que tienen las políticas que aborda un país en el resto de los países de la región. “En Centroamérica en especial es difícil medir el efecto que ha tenido el plan Colombia y la iniciativa en México, pero nos lleva a discutir como las políticas de un país afecta los demás países”. Luego planteo una serie de interrogantes respecto a cómo se distribuyen los recursos y a la regulación del mercado de drogas: “¿la regulación puede ser una oportunidad para fortalecer las instituciones, o hay que fortalecer las instituciones para poder asumir la regulación?”, se preguntó y cuestionó: “¿América Latina no está preparada para la regulación, pero si lo estuvo para asumir la prohibición?” Finalmente recalcó que “el objetivo de la seguridad no es el castigo, sino la protección de los ciudadanos”.

Moderó la mesa Adriana Beltrán, Investigadora en Seguridad Ciudadana en WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

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La V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas cuenta con la adhesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Fue declarada de Interés Cultural por la Presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica.

CONFEDROGAS es un consorcio que nació en 2013, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un cambio profundo en las políticas de drogas y que tiene por objetivo organizar las Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, como plataforma permanente y periódica para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras. Integran CONFEDROGAS: Acción Técnica Social (Colombia), el Colectivo por una política Integral hacia las Drogas (CUPIhD, México), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Psicotropicus (Brasil), la red internacional de activistas-investigadores Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), el organizador local, es una organización sin fines de lucro que inició su labor a finales del año 2012 y se constituyó legalmente a inicios del 2013, conformada por un grupo de profesionales, artistas y activistas interesados/as en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Su misión es la reducción de la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas, así como los riesgos y los daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.

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