“Lograr un cambio hacia un enfoque de salud y reducción de daños que sustituya el actual enfoque punitivo y criminalizador”
Con la moderación de Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), se dio inicio al segundo panel temático de esta V Conferencia Latinoamericana sobre políticas de drogas en San José de Costa Rica.
Los especialistas expusieron la preocupación creciente en la región por los consumos de drogas en condiciones de alta vulnerabilidad social a lo que se suma un reconocimiento generalizado acerca de la necesidad de generar respuestas desde el enfoque de la salud pública.
Desde Brasil, Myres Maria Cavalcanti, Coordinadora del Área Técnica de Salud Mental, Alcohol y otras drogas del Municipio de San Pablo, compartió la experiencia del Programa de “Brazos abiertos” de dicho municipio, que está basado en estrategias de reducción de daños y que “tiene como objetivos construir una red de servicios para atención de usuarios desde el enfoque de reducción de daños, poner a disposición servicios de atención integral de salud, fortalecer la red social procurando la inserción de la población en las políticas públicas, estimular la participación y apoyo de la sociedad”.
Catalina Pérez Correa González, Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) presentó el informe de este colectivo “En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina” que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. “Las respuestas estatales muestran que existe una persistente criminalización hacia las personas usuarias de estas sustancias, lo que muestra la necesidad de repensar las políticas de drogas que hoy prevalecen en América Latina para lograr un cambio hacia un enfoque de salud y reducción de daños que sustituya el actual enfoque punitivo y criminalizador” explicó la investigadora mexicana.
“Una situación dramática”
Así definió la situación de América Latina Cipriano Tix Lucas, Alcalde de San Andrés Sajcabajá, Guatemala, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS) quien enfatizó “hay que seguir buscando estrategias comunes; buscar la sostenibilidad de los centros y contrapartes conscientes; mayor presupuesto para los tratamientos, la prevención, la reducción de daños y la inserción social”.
Por su parte, Denise Tomasini Joshi, Subdirectora del Programa Internacional para el Desarrollo de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRDP/FOS) puso el foco sobre los centros de tratamientos compulsivos y la preocupación por “la gran proliferación de centros privados, que en muchas ocasiones operan con el consentimiento, aprobación, asistencia y/o financiamiento del gobierno en los que La falta de consentimiento, el hacinamiento, los malos tratos que se han hecho moneda corriente. Esto requiere una reforma de leyes y prácticas y enfatizar el enfoque de reducción de daños”.
Ofició de discutidor Manuel Antonio Molina Brenes, Presidente de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) de Costa Rica quien no dudó en polemizar remarcando que “la perspectiva de salud pública, se ha vuelto una palabra hueca”. “Tenemos que darle un sentido, redefinirla, opmitizarla” enfatizó y para ello “los derechos humanos y la rehumanización deben ser pilares”.
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La V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas cuenta con la adhesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Fue declarada de Interés Cultural por la Presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica.
CONFEDROGAS es un consorcio que nació en 2013, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un cambio profundo en las políticas de drogas y que tiene por objetivo organizar las Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, como plataforma permanente y periódica para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras. Integran CONFEDROGAS: Acción Técnica Social (Colombia), el Colectivo por una política Integral hacia las Drogas (CUPIhD, México), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Psicotropicus (Brasil), la red internacional de activistas-investigadores Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), el organizador local, es una organización sin fines de lucro que inició su labor a finales del año 2012 y se constituyó legalmente a inicios del 2013, conformada por un grupo de profesionales, artistas y activistas interesados/as en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Su misión es la reducción de la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas, así como los riesgos y los daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.
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