Panel Drogas e inclusión social

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“Es una paradoja hablar de la inclusión social de personas que en su mayoría siempre han sido excluidas”

América Latina es la región más inequitativa del mundo. La desigualdad se expresa en la falta de acceso a bienes y servicios pero también en relación al género, la edad, la etnia, y tantas otras condiciones. Militantes, especialistas y representantes de los sectores afectados, analizaron, debatieron y aportaron propuestas para pensar en el futuro de aquellos que hoy parecieran no tenerlo.

La mexicana Rosa Julia Leyva, representante de la Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación de México abrió el panel con un emotivo relato de su experiencia personal al ser encarcelada por un delito relacionado con el microtráfico de drogas y de cómo, en ese proceso, se convirtió en una militante. “Debemos darle visibilidad a esta problemática de tantas mujeres que son criminalizadas y encarceladas y que viven en situaciones de alta vulnerabilidad”.

Anamelva Esther Felix Sotelo, Coordinadora del proyecto “Promoviendo un espacio de Escucha y acogida para mujeres privadas de libertad” del penal de mujeres Anexo- Chorrillos de Perú, integrante de la RAISSS compartió la experiencia de Mujeres del Barrio, una organización que busca el empoderamiento de las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza de las zonas de Lima y las provincias. “Este proyecto trabaja con mujeres que han nacido y crecido en un contexto de alto riesgo; el riesgo es lo cotidiano, termina siendo su “zona de comodidad” explicó. “Todas  ellas tienen o ha tenido una relación directa o indirecta  con el alcohol y drogas”, concluyó.

José Luis Zárate Zárraga, Responsable del Centro de Escucha Comunitario de la Fundación Munasim Kullakita (“quiérete hermanita”) de Bolivia, Integrante de la RAISSS compartió la experiencia de un proyecto desarrollado en la Ciudad de El Alto, en una comunidad de alto riesgo, basado en la prevención, reducción del daño, y tratamiento de cualquier tipo de situación de exclusión y sufrimiento social. “Este proyecto, que consta de un tratamiento comunitario, tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de personas, grupos y comunidades, no tanto el cambio. Trata de dar respuesta al 90% de personas en exclusión que nunca van a decidir ir a un centro de rehabilitación consiguiendo que las mismas comunidades en las que habitualmente viven se conviertan en barrios terapéuticos”.

Nischa Pieris (CIM/OEA), Investigadora y analista en la Comisión Interamericana de Mujeres se refirió a la invisibilidad de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. “Sabemos que la mayoría son jóvenes de bajo nivel socioeconómico y de escolarización, juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias, son jefas de hogar, madres solteras. Dada la escasa visibilidad, se complica el diseño de políticas públicas” y detalló que “en abril la CIM publicó un diagnóstico de política pública que muestra que la mayoría de mujeres privadas de su libertad lo están por delitos de drogas, un 80 % en Ecuador, entre 36 % en México, en Costa Rica 64 % solo para dar unos ejemplos. Estas mujeres carecen de oportunidades en la economía formal y recurren al micro tráfico ante una situación de necesidad económica y son víctimas de abuso y participan en los eslabones más bajos del marcado ilícito”. “Es una paradoja hablar de la inclusión social de personas que en su mayoría siempre han sido excluidas”, concluyó.

La Coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de la Universidad Cándido Mendes de Brasil, Julita Lemgruber, ofició de discutidora y señaló que “en la mayoría de nuestros países, la mayor parte de los presos, lo están por delitos relacionados con drogas. No tengo sueños de que podíamos reformar prisiones, nunca llegaremos a eso”, expresó y agregó que “en el caso brasilero, el año pasado, solo en la ciudad de Río de Janeiro, la policía mató 450 personas y estos son básicamente homicidios que comete la policía en el nombre de la “guerra contra las drogas”.

Moderó el panel Ernesto Cortés Amador, Coordinador del Área Incidencia Política en Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) moderó el panel.

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La V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas cuenta con la adhesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Fue declarada de Interés Cultural por la Presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica.

CONFEDROGAS es un consorcio que nació en 2013, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un cambio profundo en las políticas de drogas y que tiene por objetivo organizar las Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, como plataforma permanente y periódica para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras. Integran CONFEDROGAS: Acción Técnica Social (Colombia), el Colectivo por una política Integral hacia las Drogas (CUPIhD, México), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Psicotropicus (Brasil), la red internacional de activistas-investigadores Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), el organizador local, es una organización sin fines de lucro que inició su labor a finales del año 2012 y se constituyó legalmente a inicios del 2013, conformada por un grupo de profesionales, artistas y activistas interesados/as en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Su misión es la reducción de la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas, así como los riesgos y los daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.

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