Panel Drogas y Derechos Humanos

“Hay demasiada gente en la cárcel por demasiado tiempo y no necesariamente por buenas razones”

En América Latina, es común que las políticas de drogas promuevan situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de derechos. ¿Qué recursos institucionales existen y qué acciones pueden encararse para promover la defensa de los derechos? Con estas preguntas, los panelistas expusieron diferentes formas de violación a los derechos humanos que hoy se están cometiendo y detalles de las reformas que se están llevando a cabo en algunos países.

El paraguayo Mario López-Garelli, funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un estudio sobre la problemática de las drogas y los derechos humanos en México y Colombia. “El tema ha surgido al considerar, entre otros, la situación de las personas privadas de libertad, en la aplicación de la justicia penal, desde el punto de vista de la afectación de la cultura y los territorios indígenas, así como al observar la aplicación de medidas de seguridad ciudadana” contó el funcionario y explicó: “El informe destaca particularmente que, en virtud del principio de proporcionalidad, no debe aplicarse la prisión preventiva a personas acusadas de delitos de menor gravedad, como el microtráfico de drogas”.

Por su parte, la estadounidense Mary Price, Asesora jurídica de Families Against Mandatory Minimums (FAMM), desarrolló a partir de la idea de “Cómo Perdiendo la Guerra Contra Las Drogas Cambió Todo” algunas de las propuestas que se están discutiendo para una reforma de la Justicia Penal en los Estados Unidos. La abogada considera que “cada dólar que el Departamento de justicia gasta en prisiones y detención, es un dólar que no se gasta en ejecución de leyes destinadas a crímenes violentos, cárteles de la droga, casos de corrupción pública, casos de fraude financiero, casos de trafico de humanos, y la explotación infantil”. “Hoy el 97% de los prisioneros en cárceles federales se declaran culpables con el propósito de lograr sentencias más cortas”, y con ello explicó que “hay demasiada gente en la cárcel por demasiado tiempo y no necesariamente por buenas razones”.

La Directora de la Defensa Pública de Costa Rica y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) Marta Iris Muñoz Cascante, compartió un extracto del documental ¨Un sueño llamado libertad¨ que narra la situación de las mujeres encarceladas en Costa Rica, y dio precisiones de la aprobación de Ley 9161 “Para Introducir Proporcionalidad y Especificidad de Género a la Ley de Psicotrópicos, específicamente en el delito de introducción de Drogas en Centros Penales”. “Creo que esta reforma es una esperanza para América Latina porque efectivamente logra reformar del articulo 77bis de la ley 9161 de psicotrópicos que establecía una pena de 8 a 20 años de prisión”, indicó. “Hasta el 2012 habia 780 mujeres en cárceles, y 511 eran casos de infracción a la ley de psicotrópicos”. “Esperamos que esta reforma sirva de ejemplo para que los demás países de la región revisen proporcionalidad de las penas, ya que muchas mujeres se dedican al microtráfico por su situación de exclusión social”.

Jorge Paladines, Coordinador Misional Nacional de la Defensoría Pública del Ecuador y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) dio cuenta de la liberación de los detenidos por la Ley 108 en Ecuador. “Esto abre un nuevo camino en los derechos humanos del Ecuador, trata de recuperar el sistema público de salud y mejorar el debido proceso de la gente apresada”. Finalmente señalo que “la reforma separa ahora el trafico en 4 bloques dependiendo de la droga también y proporcionando la pena para cada caso”.

El discutidor fue Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad De JuSticia, de Colombia, quien evaluó que “esta es una época que permite tener algún optimismo”, refiriéndose a las reformas que expusieron algunos de los panelistas y agregó que “los Estados deben privilegiar sus obligaciones sobre derechos humanos por sobre sus obligaciones en políticas de drogas”.

Moderó el panel Luiz Paulo Guanabara, Director ejecutivo de Psicotropicus – Centro Brasilero de Políticas de Drogas.

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La V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas cuenta con la adhesión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Fue declarada de Interés Cultural por la Presidencia de la República de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud de la República de Costa Rica.

CONFEDROGAS es un consorcio que nació en 2013, integrado por seis organizaciones de la sociedad civil comprometidas con un cambio profundo en las políticas de drogas y que tiene por objetivo organizar las Conferencias Latinoamericanas sobre Políticas de Drogas, como plataforma permanente y periódica para la discusión y la elaboración de propuestas superadoras. Integran CONFEDROGAS: Acción Técnica Social (Colombia), el Colectivo por una política Integral hacia las Drogas (CUPIhD, México), Intercambios Asociación Civil (Argentina), Psicotropicus (Brasil), la red internacional de activistas-investigadores Trasnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), el organizador local, es una organización sin fines de lucro que inició su labor a finales del año 2012 y se constituyó legalmente a inicios del 2013, conformada por un grupo de profesionales, artistas y activistas interesados/as en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica hacia el enfoque de derechos humanos. Su misión es la reducción de la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas, así como los riesgos y los daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.

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