Un soplo de esperanza desde México

Tras #Confedrogas2018, México se encamina hacia la regulación del mercado de marihuana, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo. Sin dudas, esto es una victoria de los movimientos reformistas de las políticas de drogas de Latinoamérica y sus aliados internacionales.

El hecho de que cientos de personas se reunieran en el evento sobre políticas de drogas más importante de la región para analizar los impactos de las actuales políticas y elaborar propuestas innovadoras, y que en el diálogo de apertura el futuro subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, afirmara que el gobierno asumirá su responsabilidad en el tema de la regulación las drogas y culminase con el mencionado fallo de la Suprema Corte el mismo día de cierre de la Conferencia, no puede atribuirse ingenuamente al azar o a la buena suerte. Es el fruto de una inteligencia colectiva; de los múltiples esfuerzos de activistas y organizaciones de la sociedad civil; de académicos, especialistas y referentes sociales comprometidos con los derechos humanos, que quieren terminar con el estigma y la persecución de las personas usuarias de drogas, y con una guerra que ha causado más problemas y dolor que soluciones.

#Confedrogas2018 encontró en la Ciudad de México el escenario ideal, no de casualidad sino como una causalidad, con el claro propósito de continuar marcando el camino hacia políticas de drogas enfocadas en el bienestar de las personas. Aquí les presentamos un resumen de lo más destacado de esos 3 días de intenso trabajo.

Día 1. Feria y movimientos

#Confedrogas2018 se inició con la inauguración de la Feria de Reducción de Riesgos, donde diversas organizaciones del mundo y particularmente de América Latina, presentaron la más variada gama de planes, programas y estrategias de reducción de riesgos y daños que existen y se aplican en diversas comunidades. El espacio se mantuvo abierto durante los 3 días y fue un sitio de permanente intercambio y enriquecimiento entre las distintas experiencias de trabajo expuestas y los asistentes.

Posteriormente, se llevó a cabo el Encuentro de Movimientos Sociales, donde una multitud de activistas de toda Latinoamérica compartieron experiencias y diagnósticos sobre las actuales políticas de drogas en la región. En un trabajo plenario y en grupos se discutieron estrategias para la reforma del actual sistema punitivo y estigmatizante para las personas que usan drogas.

Día 2. Apertura. Rompiendo el tabú

“El nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador asumirá su responsabilidad en el tema de la regulación las drogas adoptando un nuevo paradigma de respeto a los derechos humanos y con un reconocimiento pleno de la soberanía mexicana”, afirmó Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos y Migración.

Durante su intervención en el Diálogo de Apertura en la inauguración formal de #Confedrogas2018 señaló que “la política prohibicionista en el combate a las drogas ha tenido un rotundo fracaso y para México graves consecuencias en 12 años”.

El futuro funcionario detalló que “ha costado la vida de más de 250 mil personas, la desaparición de 38 mil personas, 1.050 fosas clandestinas, 26 mil cuerpos sin identificar y cerca de 250 mil mexicanas y mexicanos desplazados. Y sin embargo, hoy hay más producción, más consumo, se ha diversificado el tipo de drogas, ha disminuido la edad promedio de consumo de primera droga, se ha registrado un empoderamiento de grupos delictivos y esto nos ha llevado a mayores niveles de violencia e inseguridad”.

Por ello, dijo, “es hora de definir una nueva postura respecto a este tema, donde se evite la criminalización de quienes consumen drogas, dejar atrás una política prohibicionista por regulación, con restricciones claras en donde el Estado regule de manera firme la producción, distribución, consumo y atención”.

A continuación, Miguel Ruiz Cabañas, actual subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que “todas las drogas deben ser reguladas pero no bajo los mismos parámetros”. Es importante, señaló, “hacer alianzas entre autoridades, organizaciones civiles, congresos, para avanzar a políticas humanas que permitan a las futuras generaciones vivir en un mundo menos violento”.

Por su parte, Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres destacó la urgencia de que en México haya un cambio de rumbo. “Ante avances de la ultra derecha, México es uno de los pocos puntos de esperanza en toda la región. Llevamos más de una década luchando una guerra sin sentido basada en prohibicionismo, que promovió la militarización en todo el país. Esta guerra ha afectado a diversos grupos de forma diferente. Ha cambiado, por ejemplo, las dinámicas de violencia que viven las mujeres. En 2007 las muertes violentas de mujeres en el espacio público por arma de fuego han sobrepasado las muertes en el espacio doméstico, además esta guerra ha impulsado la movilización de un ejército de mujeres que buscan justicia y una política de persecución ya que las mujeres son el grupo con más alta tasa de crecimiento en el sistema penitenciario y los delitos de dogas son la primera causa a nivel federal”.

Por su parte, el Coordinador del Comité Organizador de Confedrogas y responsable del área de Relaciones Institucionales de Intercambios AC de Argentina, Pablo Cymerman, explicó que “cuando la violencia es la forma primordial de regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está acompañado por el tráfico de personas y de armas, las disputas territoriales, la corrupción y el resquebrajamiento de las instituciones democráticas, especialmente de las fuerzas de seguridad y de las instituciones legislativas, ejecutivas y de aplicación de la justicia”.

Giselle Amador, ministra de Salud de Costa Rica, dijo en un mensaje filmado que en los países de la región hay un retroceso en las políticas sociales, especialmente en el tema de drogas. “Espero que esta reflexión haga visible la necesidad de centrarnos en la persona, la salud pública, los derechos humanos, para tener una política adecuada que oriente el quehacer de nuestros países en la materia”.

Amaya Ordorica, en nombre del colectivo internacional #RegulaciónPorLaPaz, señaló que el cambio en la política de drogas hay que construirlo desde abajo, desde las organizaciones, desde las calles. “Si no nos acompañamos constantemente, vigilamos el proceso, exigimos nuestros derechos, nada va a cambiar. Por eso proponemos también medidas de reparación del daño y un proceso de verdad y justicia”.

Panel 1. Exigencias y retos en la política de drogas en Las Américas

Los ponentes de este panel coincidieron en que la indiferencia, la discriminación basada en género, en raza, en clase, el uso excesivo de prisión, la falta de acciones preventivas y la apatía ante las voces de los grupos afectados por las políticas de drogas en la región, es lo que ha llevado a su fracaso y ha violentado permanente los derechos humanos de miles de personas.

“Mi activismo y trabajo es por la construcción de paz y por eso respaldo la legalización de la marihuana. Vamos en el camino correcto. Si se legalizan las drogas, podemos crear una cultura de paz en San Luis Potosí, que hoy es una zona de guerra. Vamos a ir por la legalización y así vamos a bajar la violencia”, señaló el diputado Pedro Cesar Carrizales (conocido localmente como “El Mijis”).

“El Mijis” explicó que la marihuana es una droga que ha ayudado a las y los usuarios de otras sustancias muy dañinas -como el cristal- a dejarlas. “No estoy a favor del cristal, por esa droga estamos perdiendo a muchos jóvenes y hay femicidios, pero sí a favor de la legalización de la marihuana porque ayuda a los chavos a dejar las otras drogas.” “Es necesario trazar el camino de la cultura de paz con políticas públicas que incluyan los puntos de vista de las personas consumidoras”.

Andrea James, directora ejecutiva del National Counsil for Incarcerated and Formerly Incarcerated Woman and Girls de Estados Unidos, explicó que en ese país hay un excesivo encarcelamiento de mujeres que ha crecido hasta en un 700 %. “Las historias de todas las mujeres relacionadas con delitos de drogas son las mismas, las causas están en la profunda discriminación que sufren las mujeres que viven en entornos de pobreza y con oportunidades limitadas.”, puntualizó.

Por su parte, Daniel Gómez Mazo abogado de ILEX- Acción Jurídica de Colombia, enfocó su participación en el impacto en poblaciones afrodescendientes en su país, que se han visto arrastrados al cultivo de coca por la falta de oportunidades y dijo que la guerra contra las drogas se lucha principalmente en territorios de personas afrocolombianas, cuando las personas consumidoras están en el exterior. “Tan solo el año pasado se registraron 190 muertes violentas”, detalló.

Juliana Miranda, investigadora en el Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, hizo hincapié en el proceso de militarización en ese país. Explicó que la idea de las “nuevas amenazas” como el narcotráfico, da lugar a una militarización de la seguridad interior, que implica la ampliación de las capacidades de los Estados para realizar tareas de inteligencia o para intercambiar información entre agencias de diferentes Estados. Las “nuevas amenazas”, son presentadas como justificación de técnicas de investigación y formas de vigilancia supuestamente dirigidas a los grupos criminales, pero que muchas veces, “se utilizan contra opositores políticos u otros actores sociales, e impactan sobre los derechos a la organización, la participación, la protesta y la privacidad”.

También participó María Angélica de Castro Comís, Coordinadora General y de Advocacy del Centro de Convivencia es de Ley de Brasil, quién expuso la cruda embestida del gobierno local de San Pablo que terminó con el Programa “De Brazos Abiertos”; una política municipal innovadora para las personas en una situación de vulnerabilidad extrema, que no tienen hogar y consumen sustancias psicoactivas. Se trataba de una iniciativa inclusiva que garantizaba techo, trabajo, ingresos y atención sanitaria.

Sesión Paralela #1.1: Política de drogas en América Latina: del cultivo ilegal a la regulación

En esta sesión se discutió el estado del mercado y cultivos ilícitos en diferentes contextos, con el fin de analizar las opciones de regulación en el contexto mundial y en países como México y Colombia.

Abrió la mesa Sergio Guarín, Director del área de posconflicto y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá, Colombia. Comentó la situación de los esfuerzos de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, en especial la hoja de coca en el marco del conflicto armado entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). «En el marco del conflicto armado, Colombia registra entre el año 1984 y 2018 unas 8 millones de víctimas. «Esa expansión del conflicto armado estuvo fuertemente ligado con la expansión de la hoja de coca.» Así, los cultivos son un problema de salud pública y de seguridad nacional.

En el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno con las FARC se señala en el punto 4 en relación con el cultivo de coca un enfoque conservador, se define como la resolución de un problema. Pero «lo que plantea este acuerdo es un avance sustancial» ya que se incluye una visión de seguridad más que de desarrollo. Guarín explicó que hoy en Colombia a través del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PENIS) el gobierno pacta en conjunto con 51 comunidades la definición de proyectos productivos y sus productos.

Debido a la conversación insoluble entre la perspectiva del gobierno, «es necesario abandonar el cultivo» y «que el estado acabe con los monocultivos, con la agro industria» , ya que el actor armado ilegal es el ganador.

A continuación Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, apuntó que “los cultivos de marihuana y amapola tienen distintos mercados. La marihuana en el norte del país es en parte controlada por los grupos delictivos y en el sur por la economía local campesina que luego la entrega a grupos criminales para su distribución, por lo tanto, hay un mercado interno estable y una disminución de su exportación a EUA”.

“La amapola se produce casi exclusivamente para el mercado de Norteamérica. México es el tercer cultivador ilícito de amapola. Su legalización sería deseable para fines médicos y de creación de medicamentos”, enfatizó.

Puso en perspectiva la realidad de los cultivadores para «entender la dinámica de cómo se cultiva una planta, cómo se trasforma y luego entra a los mercados», por ejemplo, “la producción de la goma de opio y su transformación a heroína que es posible por la cercanía de los laboratorios a estos cultivos; mientras que la marihuana tiene una producción principalmente rural. Así, el acomodo en los mercados es distinto, la amapola no tiene un mercado consolidado. La manera factible de incluir a los productores de Guerrero al mercado formal sería que destinaran su producción para el cáñamo, o que su producción fuera comprada por el Estado”, sugirió Tinajero.

“La idea de legalizar cultivos de amapola en el país con una agencia de gobierno que comprara para producir medicinas sería un poco ingenua por el contexto mundial donde los costos son más bajos, una eventual legalización no solucionaría el problema de desaparecer ese mercado ilegal».

Le sucedió Nidia Quintero, técnica del SENA en Cooperativismo y Trabajador de Campo. Reflexionó sobre la participación de la mujer en los cultivos. Compartió los resultados del Proyecto Voces desde el Cocal, ya que “falta un enfoque de género en el punto 4 de los acuerdos de las FARC con el gobierno de Colombia sobre los cultivos de coca”. El objetivo es dar recomendaciones al gobierno sobre su implementación y visibilizar los efectos de las políticas antidrogas sobre las mujeres.

«Las mujeres tenían mucho miedo del incumplimiento del gobierno» después de la firma de los acuerdos con las FARC. “Para ellas esta actividad es una fuente de empleo en un contexto de pobreza y conflicto, la mujer cocalera puede acceder a los servicios de salud y asegurar la educación de sus hijos”. «Esta política debe tener un cambio de enfoque de derechos humanos para desarrollo rural y de salud pública y considerar el uso cultural de los pueblos indígenas.», apuntó.

Por último, Juan Camilo Pantoja, estudiante del doctorado en historia en El Colegio de México habló sobre el caso de India y Turquía, naciones parecidas a México desde la perspectiva de sus cultivos y el mercado. “En la India existe el riesgo de desviación al mercado ilegal, hasta ahora el tercer productor ilegal de opio en el mundo, aunque parece que su producción se queda en un mercado interno. En Turquía el gobierno es el procesador, así es como se evita la desviación al mercado ilegal, su ministerio de agricultura es el encargado de este proceso. La sustitución de cultivos en México es complicada, hay que partir de lo existente. Es necesario que los productores pasen de ser criminalizados a ser reconocidos como ciudadanos», reflexionó.

Moderó el panel Pien Metaal, politóloga y parte del programa de Drogas & Democracia del Transnational Institute (TNI).

Sesión Paralela #1.2: Transformando las opciones de tratamiento: el derecho a la salud

Miles de personas son sometidas a tratamiento forzado, en contextos no regulados, donde las violaciones a los derechos humanos abundan. En esta sesión se examinaron experiencias y propuestas de distintos grupos sociales afectados por este tipo de prácticas, planteando opciones de tratamiento centradas en el derecho a la salud y el bienestar de las personas usuarias.

Rafael Torruela, Director Ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, se explayó sobre la necesidad de transformación de las opciones de tratamiento y del acceso a la salud en su país. “El tratamiento no se centra en una perspectiva científica enfocada en la reducción de daños de usuarios de drogas en situaciones marginales, sino en generar un ambiente de miedo, de angustia y de inferioridad para la víctima”. “Los modelos de tratamiento tienen un enfoque moral y no científico, sin considerar en absoluto la perspectiva de género”.

Torruela brindó detalles del diagnóstico sombrío de su país. “En Puerto Rico han considerado a las personas usuarias como incapaces de tomar decisiones para confinarlos en esos centros de rehabilitación. Entre sus prácticas está la explotación de las víctimas, trabajo forzado donde deben vender productos; los obligan a vestirse como niños hasta que cambien su postura, interrupción abrupta del consumo de las sustancias sin protocolos y medicamentos ni supervisión médica”, enumeró.

Ana Lucía Marinho, especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, expuso que en su país ha aumentado la cantidad de detenciones por cuestiones de posesión y consumo, en contra de la población afrodescendiente, pues ya no hay una distinción clara entre consumidores y traficantes. “Por cuestiones raciales y socioeconómicas se les obliga a internarse en los centros de rehabilitación o en hospitales psiquiátricos. Es este un Estado que hacer morir”.

“Hubo disminución del consumo del crack cuando se atendieron las necesidades básicas de vivienda, alimentación y educación, lo que demuestra que estas tendencias tienen que ver con desigualdades estructurales, por lo que se debe ampliar la visión más allá del ámbito meramente científico y psicológico”.

Ángel M. Salvador Ferrer, Coordinador de un programa en contra de la tortura en Documenta, habló sobre la salud mental de personas con problemas de vinculación social y de usuarios de drogas. En la actualidad, dijo, “hay una visión acerca de la salud mental que sólo se centra en cuestiones neurobiológicas, pero no consideran las cuestiones sociales y estructurales. Ese modelo promueve relaciones desiguales de poder entre médico y paciente. De esta manera se sectoriza la salud mental a partir de políticas públicas que tienen este sesgo”.

“Esta institucionalización fomenta la violación a los derechos humanos debido a la falta de supervisión de estas instituciones. A las personas internadas se les despoja de su estatus jurídico y judicial, pues se las trata como sujetos carentes de voluntad. De esta manera se crea un discurso estigmatizador a través del cual se invisibiliza la tortura existente en esos centros de rehabilitación. La decisión acerca de la salud mental debe ser personal, no impuesta por un juez, un médico o por mecanismos estatales”.

María Pía Pawlowicz, Coordinadora del área de Investigación de Intercambios AC, explicó la diferenciación de los distintos sistemas de salud en Argentina, a saber, público, de función social y privado. Estos tres sistemas tienen la coincidencia de tener un sesgo moral y religioso que deriva en políticas criminalizadoras y punitivas. También señaló que la visión biomédica tiene una postura muy reduccionista, pues evidentemente el consumo de las sustancias psicoactivas tiene implicaciones sociales que van mucho más allá de simples procesos fisiológicos.

“El problema que genera la visión reduccionista es que al ser tan técnica no existe la posibilidad de abrir debates que cuestionen estos dispositivos de tratamiento” analizó. Propuso integrar a estos debates “la consideración del placer que genera el consumo de las distintas sustancias con la finalidad de superar los tabúes que se han gestado alrededor del uso y la experimentación psicoactiva”.

Finalmente, Levinson Niño, Investigador en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y miembro de la Corporación IDEAC basó su exposición en el consumo de bazuco en Colombia, y de cómo ha sido la transformación en la percepción de la opinión pública acerca de esta sustancia, pues “en un inicio su consumo estaba reservado a la élite empresarial. Sin embargo, con el paso del tiempo esta sustancia se trasladó a los estratos bajos de la sociedad. Debido a esto, se hizo posible la construcción de un discurso que legitima un mayor control social hacia estos sectores de la población. Este control suele estar marcado por cuestiones raciales, de género y socioeconómicos”, concluyó.

Sesión Paralela #1.3 Militarización, derechos humanos y desigualdad social

Este panel puso en debate los efectos adversos en la seguridad ciudadana de las políticas que propician la militarización de la seguridad pública.

Maricela Orozco Montalvo es madre de dos jóvenes asesinados en el marco de la guerra contra las drogas en México, uno de los cuáles estuvo desaparecido durante tres años. La búsqueda de su hijo la llevó a unirse a otras familias de personas desaparecidas con las cuales fundó la organización Familiares en Búsqueda María Herrera.

En un crudo testimonio sobre el asesinato de su hijo Guillermo, relató que “cuando llegó la policía lo único que hicieron fue quitarme de ahí porque supuestamente iba a mover las evidencias, y me privaron de los últimos minutos de mi hijo. Después supe porqué la insistencia en quitarme de ahí. Guillermo había tomado fotos a las placas de los coches que lo siguieron, y estos militares le quitaron la memoria al celular”.

Maricela debió abandonar Veracruz por su propia seguridad, pero “sigo en la lucha, porque aún hay miles de mujeres que no han encontrado a sus hijos”.

Continuó Guillermo Escaño, quien trabajó como administrador de casos en una alternativa al programa de fianzas con Brooklyn Justice Initiatives. “Centroamérica ha sufrido una ola de violencia, podemos verlo con los miles de migrantes que están tratando de pasar por México, y que muchos vienen de Honduras y otras partes de Centroamérica”, señaló.

Representando a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Olga Guzmán expresó que “desde 2006 había un objetivo muy claro sobre el silenciamiento de la disidencia política. El fenómeno de las drogas, sus políticas y sus consecuencias han sido distintas desde 2006, cuando comenzó la guerra contra las drogas, y bajo la cual, varios expertos aseguran que los efectos han sido desastrosos en términos de derechos humanos, e incluso existen indicios de que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad”.

“Hemos hecho documentaciones donde en un periodo de tiempo identificamos cómo se cometían detenciones por parte de las fuerzas armadas en conjunto con la policía a personas de cierto perfil, edad, género, etc. Estas personas, después de ser detenidas, eran arraigadas en hoteles o cuarteles y sometidas hasta a 24 horas de tortura. Después, eran acusados de formar parte de la delincuencia organizada, y arrestadas o desaparecidas. Este ha sido el modo de operar del gobierno durante todos estos años”.

Luego, Alejandro Pocorova, quién colabora con el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, expuso las conclusiones de una serie de entrevistas en Michoacán, no a las autodefensas, sino a los ciudadanos que no participaban directamente en el movimiento, particularmente a los comerciantes. “Lo que quería era escuchar otras voces, de las personas que tenían que abrir sus comercios todos los días, a pesar del contexto de violencia. El crimen organizado es una dictadura criminal, y las fuerzas armadas no hacen nada. ¿Cómo nos posicionamos como ciudadanos frente a esta guerra? ¿Cuál debería de ser nuestro papel, y cuál el de ellos?” se preguntó el investigador.

A su turno, la activista feminista por los Derechos de las Personas María del Rosario Quirarte Plazola detalló que “en las organizaciones dialogamos sobre la situación de crisis de género, violaciones a derechos humanos, la falta de libertades, la supremacía blanca y el patriarcado”.
“Hoy vengo a tratar el tema de la militarización, el impacto en las mujeres, y cómo se ha utilizado como mecanismo para generar violencia, resultando en desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos, que particularmente afectan a las mujeres. Incluso los feminicidios han sido una estrategia para atacar a las mujeres, y así atacar un pilar imprescindible en la sociedad”.

A continuación, el Investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile y miembro del CEDD, Diego Piñol Arriagada, habló sobre los efectos de la persecución penal sobre los consumidores.

“Lo que está mal son los indicadores. Lo que importa es que los policías detengan a mucha gente. Los consumidores deben ocultar su consumo, y esto sin duda genera un estigma y una exclusión social. Y al momento de tener contacto con el sistema de justicia, tienen más estigma. Y cuando una persona consume, y además no tiene trabajo, no estudia, el estigma es peor”, argumentó.

“La lógica prohibicionista no permite al usuario tener información sobre un consumo más responsable, y algunas medidas de reducción de daños”. “El nivel de acceso a las sustancias depende del nivel socioeconómico”, sostuvo. Un hallazgo de sus investigaciones es el descenso de la marihuana prensada y el aumento en marihuana verde.

“El problema de salud pública debería enfocarse en el consumo problemático y en la calidad de lo que se consume. En cambio la prevención se entiende como control y persecución”, puntualizó.

Moderó el panel Amaya Ordorika, coordinadora del área de incidencia de ReverdeSer Colectivo.

Sesión Paralela #1.4: Entre la espada y la pared: grupos impactados por la prohibición

Esta sesión discutió sobre como la prohibición y la política punitiva frente a las drogas han afectado indiscriminadamente a múltiples y diversos grupos, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad.

Angélica Ospina es una de las fundadoras de la Red Mexicana de Reducción de Daños y dio cuenta de su experiencia en Hermosillo, donde “los chavos siempre han usado mariguana en la esquina, pero cuando grupos criminales ejercen el control de la comunidad cambian las dinámicas de socialización”. “Los jóvenes son impactados por las políticas de drogas por la presencia de grupos armados que alteran la dinámica de sociabilidad y por la ausencia del Estado en las calles”, argumentó.

“Cuando hacemos reducción de daños no arrancamos hablando de las drogas, hablamos de la vida. En el caso de las mujeres es más invisibilizado y más fuerte el estigma porque rompe los roles de género ver a una mujer consumiendo drogas con los cholos en la esquina. Las mujeres que usamos drogas tenemos derecho a la maternidad y de que se visibilice el contexto en el que vivimos”, señaló.

El sociólogo diplomado en Política de Drogas por el CIDE, Iván René Moreno Ramírez nació en Ciudad Juárez donde el tema en boga es la guerra narco y la guerra contra las drogas. “Se generó un turismo académico para analizar la ciudad más violenta por encima de Bagdad en 2011, y me pregunté cómo lo leo yo habiendo nacido aquí”, explicó.

“Me acerqué a profesionales de la salud, privados y públicos y de la Cruz Roja, preguntándome cual es el sentido o significado de su profesión. Cuando ocurre un hecho de violencia quienes están allí son policías, periodistas y profesionales de la salud”.

“Cada sirena que sonaba era un grupo de especialistas yendo a atender un evento violento. Consulte su opinión y recabé sus testimonios, y luego consulté la percepción pública sobre este grupo. Pude ver lo que llamé una guerra con ejército difuso: no se sabía quiénes mataban a quiénes ya que tenían armas similares, y la policía llegaba igual para asesinar”.

¿Qué pasa con esos grupos que terminan siendo invisibilizados en este contexto? Se preguntó el investigador. “Ninguna estrategia, preventiva o reactiva, puede funcionar si no se contempla la integralidad, a todos los grupos que van a actuar para solventar una situación, y eso nos deja claro que la guerra contra las drogas fue un capricho de Calderón para legitimar su fraude”.

Luego fue el turno de Astron Martínez, presidente de DiVU AC y representante de la CDMX en el Congreso Nacional de mexicanas y mexicanos LGBTIQ quien expuso las dificultades de las personas con VIH para acceder al ATB, primer antirretroviral que Estados Unidos aprobó para tratar a las personas que tienen VIH. “Veo muchos estigmas repetidos entre los gays y los usuarios de drogas, una misma segregación”, concluyó.

Quien prosiguió fue Emma Rodríguez, integrante de la mesa directiva de Students for Sensible Drug Policy y fundadora de la organización Estudiantes por una Política Sensata de Drogas de México.

Para ella, “la población joven en CDMX es diferente a la de Ciudad Juárez o la de Colombia. “La cultura tiene mucho que ver. Aquí se centra todo en la Ciudad de México y esa fue la idea inicial de que se expandiera a nivel nacional, viendo como estaba el contexto de homicidios dolosos y delitos. Nos dijimos México no es CDMX, y EPSD empezó a tener capítulos en Aguascalientes y Michoacán, y así en más de 15 estados de la república. De pronto nos dimos cuenta de que no solo México estaba siendo impactado, también Costa Rica, y vinieron luego EPSD de varios países de la región. La organización sirvió para acoger a quienes habían sufrido los daños actuales y nos volvimos una fraternidad sin fronteras”.

Nathalia Oliveira es Coordinadora de Iniciativa Negra por Una Nueva Política de Drogas, presidenta de o Conselho Municipal de Política de Álcool e Drogas de São Paulo e integrante de la Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Dio a conocer una perspectiva decolonial sobre políticas de drogas. “Brasil ha tenido un racismo histórico de más de 300 años desde que entró la esclavitud. Nuestra organización no fomenta la jerarquía entre saberes en el que la academia negra sigue quedando oprimida. Generamos espacios de compartir saberes no replicadores de los esquemas de opresión”, arguyó.

Froylan Manuel Rascón Barajas ha desarrollado, junto a otros jóvenes del CCH-Sur, diversos espacios políticos y culturales para cuestionar, pensar y analizar el papel de la juventud mexicana en el creciente contexto de violencia generada a raíz de la guerra contra las drogas. “Hablamos de la juventud como una población vulnerable frente a la guerra contra las drogas y yo he de ser el panelista más joven de esta mesa y de la conferencia”, señaló.

“Yo nací y crecí en la privilegiada CDMX y desde que tengo memoria he sabido que hay una fosa clandestina en un rango de 5 km de mi casa. Desde la secundaria me empecé a relacionar con sustancias y reconocer los daños que genera la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas no se puede resolver únicamente legalizando la mariguana y la amapola. Las condiciones que la perpetúan son las mismas que mantienen en la exclusión a los jóvenes en América Latina”.

“Las estructuras de gobierno hablan de cómo resolver los problemas de la juventud, pero sin la juventud”, criticó. “El programa catalizador busca justamente crear una gran red trasnacional de jóvenes comprometidos en acabar con la guerra contra las drogas. Las respuestas tienen que ser colectivas y comunitarias. Entender la guerra contra las drogas como un conflicto social. No es un tema de seguridad nacional sino uno de salud pública”.

Ángel Soriano Ruíz trabaja desde hace 5 años con poblaciones callejeras, aplicando metodologías educativas de promoción de los derechos humanos y realizando acompañamientos personalizados para facilitar la inclusión comunitaria de las poblaciones callejeras. “Esta idea de poblaciones callejeras es un fenómeno que por lo menos en la CDMX no ocurre como nos lo enseñan en las películas mexicanas”, sentenció.

“Actualmente podemos encontrar niños, adultos y familias en poblaciones callejeras. No hay datos oficiales que nos den idea de lo que pasa en la ciudad. El uso de drogas está muy presente, sobre todo los solventes inhalantes que se pueden comprar sin inconvenientes aunque vaya un menor de edad”, explicó.

Además puntualizó que “las mujeres embarazadas que consumen solventes deberían ser consideradas de un embarazo de alto riesgo y acceder a servicios de salud, y esto no pasa, sino que encima se separan a las familias.”

Moderó el panel Brun González, educador de pares, miembro de la organización ReverdeSer Colectivo.

Uruguay en #Confedrogas2018:
“La regulación del cannabis ha alejado a la mayor parte de los usuarios de la exposición a actividades ilícitas”

Uno de los momentos más esperados de #Confedrogas2018 fue la Conferencia Magistral del Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Diego Olivera, quién compartió los pormenores de la implementación de la regulación del cannabis en su país, que acaba de cumplir 5 años desde la sanción de la ley.

¿Por qué la regulación de cannabis en Uruguay? Se preguntó el funcionario uruguayo. “Nos impulsó el agotamiento del enfoque prohibicionista y la reconceptualización del uso problemático de drogas a través de la perspectiva de la reducción daños y gestión de riesgos, así como del enfoque de salud pública”. “También hay una cuestión de coherencia; ante la inexistencia de la penalización del uso, por qué entonces penalizar el acceso”. También se refirió a la “necesidad de construir un nuevo enfoque sobre seguridad pública, convivencia y Derechos Humanos”.

Luego desarrolló cómo se llevó a cabo la regulación. “Presentamos un Plan por la vida y la convivencia con la necesidad de tomar control público sobre los mercados de drogas. Esto dio paso a un amplio debate social y parlamentario”. “Hay que destacar el papel protagónico del movimiento social y de la Sec. Nacional de Drogas”. “Asumimos el desafío de revisar la aplicación de las Convenciones Internacionales”, explicitó.

“La regulación del cannabis ha alejado a la mayor parte de los usuarios de la exposición a actividades ilícitas y ha permitido disminuir los daños ocasionados por el acceso a sustancias de peor calidad. Además ha arrebatado una parte sustancial del mercado a los traficantes”, destacó Olivera.

“Creamos una nueva institucionalización, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que regula y fiscaliza las actividades relativas al cannabis, desde la plantación al expendio, para las diferentes vías: industrial, medicinal, investigación y uso no médico. También asesora al Poder Ejecutivo en la materia”.

Decretos complementarios y actividades económicas

A continuación el funcionario uruguayo explicó el decreto que regula la investigación científica y usos medicinales: “Reglamenta la plantación, cultivo, cosecha, distribución y comercialización de cannabis psicoactivo y no psicoactivo para ser destinado, en forma exclusiva, a la investigación científica, o a la elaboración de especialidades vegetales o farmacéuticas para uso medicinal”. “Actualmente hay una licencia otorgada para el cultivo de 10 toneladas de flores al año y 1 para industrialización, y tenemos 25 proyectos productivos o de investigación en evaluación”.
“Estamos apostando a que las actividades productivas en relación al cannabis beneficien la economía y el bienestar de los uruguayos”.

En ese sentido, remarcó la reglamentación del Cáñamo industrial para el cannabis no psicoactivo, con THC menor al 1%. “Es el Ministerio de Agricultura y Pesca quien otorga las licencias y autoriza la importación, exportación y cultivo de cannabis no psicoactivo. Actualmente hay 11 licencias otorgadas y autorización para cultivar más de 1.200 hectáreas”, puntualizó.

Por último, detalló las 3 vías para obtener cannabis psicoactivo de uso no médico y la cantidad de registrados. “Para el cultivo doméstico hay 6.920 registrados, tenemos 109 clubes de membresía y 29.935 para dispensación en farmacias. Son vías excluyentes, que requieren registro obligatorio para uruguayos o residentes permanentes, mayores de 18 años.

“Por fin, la regulación del cannabis es un componente central de la reforma de una política de drogas agotada y una herramienta clave para la profundización de la democracia y la equidad social”, concluyó el funcionario uruguayo.

Panel 2. La regulación nacional como ejemplo para la comunidad internacional.

En este panel se expusieron modelos de regulación de cannabis y propuestas de regulación de amapola en distintos países de la región, y se hizo una evaluación de la implementación desde lo local hasta lo internacional.

Inició el debate la canadiense Jenna Valleriani, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Salud y Educación del Cannabis, quien habló sobre la experiencia de Canadá en la legalización de la marihuana. Explicó que su legislación prevé el control del Estado de la posesión, venta y distribución de esta droga. Prevén protección a menores de edad y cantidades de posesión legales. “No pasó nada catastrófico con esta regulación”, resumió. “Para dar un paso como este es necesario tener una buena educación pública, trabajo con organizaciones civiles, generar indicadores y mediciones sobre uso de sustancias y su relación con la salud pública”, argumentó.

Por su parte Shaleen Title, Comisionada de la Comisión para el Control de la Cannabis de Massachusetts, mencionó que la regulación de las drogas “no puede llegar sin que exista una justicia social”. Además, para ella “ha llegado el momento de hablar sobre la legalización y regulación de todas las drogas, no solo de la marihuana”.

En un mismo sentido, la experta Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) propuso que “en México no se puede regular solo el mercado de marihuana. No estamos dispuestos a aceptar daños derivados de la prohibición de otras sustancias”, indicó. “Deben legalizare la marihuana, la amapola y todas, bajo la protección del Estado”.

Cerró el panel Yuritzia López Gómez, médica cirujana originaria de Guerrero, quien explicó que en este estado mexicano “desde hace más de 40 años se ha cultivado la amapola y más de cien mil familias dependen de esta actividad. Desde las autoridades han intentado cambiar la actividad económica pero ninguna es redituable ni resulta efectiva para las y los agricultores, debido a la orografía y el clima de la región”. Por ello, “las y los campesinos piden la legalización de la amapola, para asegurar el precio de su producto y dejar de ser víctimas de la violencia”.

Sesión Paralela #2.1: Política de drogas y construcción de paz

¿Cómo usar la regulación para impulsar la justicia social o la reparación del daño? Fue la pregunta disparadora con la cual los panelistas expusieron sus planteos.

Dio inicio Ralida Silva, activista social brasileña, cofundadora de Amparar, Asociación de Familiares y Amigos de Presos/as. «Nosotras somos mujeres negras, pobres, de periferias, somos nordestinas o hijas de nordestinos, eso por sí solo son factores e indicadores del racismo, prejuicio y discriminación en nuestro país, que nos sigue marginando y encarcelándonos cada vez más», remarcó.

«Somos seres humanos, tenemos derecho a la vida, con debilidades, somos madres en luto… somos madres de dependientes clínicos, que no tenemos las condiciones financieras para pagar un tratamiento digno para nuestros hijos… Somos madres con el corazón lleno de amor por el prójimo y con una voz de largo alcance, ¡basta!, queremos igualdad social, basta de genocidio, todos tenemos derecho a la vida, tenemos el derecho de ser madres y tenemos el derecho de tener a nuestros hijos vivos”, exclamó emocionada.

A continuación Gustavo Bolívar, escritor, periodista, senador y guionista colombiano puso a Colombia como el ejemplo del fracaso de la lucha contra las drogas y señaló dos indicadores.

“Por un lado, el bajo presupuesto en educación comparado con el alto presupuesto destinado al armamentismo. Colombia invierte 12 mil millones de dólares anuales en armas y es el país de Latinoamérica que más invierte en la guerra. Para los gobiernos de derecha es estratégico invertir en defensa, porque eso les da votos. Se invierte muy poco en cultura y educación, un 90 % menos de lo que se invierte en armas, lo que demuestra que es un país que no quiere salir del atraso”.

“Por el otro lado, las muertes por el narcotráfico son más que las que produce la sobredosis”. Por eso, desde su perspectiva “sería deseable quitar el negocio a los narcotraficantes, además de contar con centros de consumo vigilado para evitar sobredosis”.

Luego fue el momento de Juana Quispe Ari, diputada de Bolivia y miembro de la Comisión de la Hoja de Coca, quien hizo una crítica aguda a los políticos de derecha cuya bandera de guerra contra el narcotráfico ha sido «simplemente un pretexto para hacer violaciones a los derechos humanos, despojo de tierras, acaparamiento de riquezas naturales y control político”.

A su vez denunció el intervencionismo estadounidense en la soberanía de los pueblos: «Han inventado el problema del narcotráfico». «Mejor sería penalizar las armas», manifestó.

La investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana, AlaOrillaDelRío, Estefanía Ciro Rodríguez, es experta en el movimiento cocalero de Colombia. Ha estudiado la trayectoria de vida de los cocaleros y ha seguido los acuerdos de paz y el rol de las mujeres cocaleras en el escenario de los acuerdos. Piensa “la paz como ejercicio de construcción del Estado”.

“Vivimos la implementación de políticas públicas sin considerar la historia de los pueblos. La coca se inserta en una contradicción entre el pequeño campesino y el gran terrateniente, entonces es aceptado ahora que es un asunto de pobreza rural porque los campesinos lo hacen para sobrevivir”, explicó.

Puso en perspectiva cómo el plan Colombia con intervención estadounidense comenzó la guerra y cómo la crisis de soberanía alimentaria afecta a los campesinos que buscan una manera de sobrevivir. Sobre este panorama es que se firmaron los acuerdos de paz en noviembre de 2016.
Su labor de recolección de datos territoriales de estos programas muestra que la proporción de mujeres inscritas en los proyectos de desarrollo integral rural son pocas en proporción con los hombres, «tenemos una crisis de participación de mujeres».

“Reforma agrícola y proceso de sustitución van separados, lo que resulta en acuerdos cuyas condiciones son impuestas por el gobierno. Por ejemplo, la sustitución no ha sido voluntaria y el estado tampoco ha asegurado las condiciones de seguridad de los cocaleros”. Reconoció que las mesas cocaleras llevadas a cabo desde 2013 hasta el 2018 son “un logro político en el reconocimiento del sujeto cocaleros”.

La estadounidense Shaleen Title, se desempeña en la sede de justicia social de la Comisión de Control de Cannabis en Massachusetts. Para ella, la legalización detendrá los arrestos. “Pero depende al grupo al que se aplique esta legalización, no todos responden de la misma manera, después de la legalización habrá otras maneras de regular el uso”.

En Massachusetts, después de la legalización las personas seguían teniendo problemas sociales, como la pérdida de empleos, problemas caseros, antidoping, discriminación, y no se resuelven los problemas de falta de espacio de consumo”.

“Respecto a la recaudación fiscal millonaria existen muchos actores que buscan beneficiarse de estos impuestos. En este contexto, en Massachusetts se busca aplicar la justicia restaurativa dando las licencias a solicitudes de emprendedurismo bien conformadas”, indicó. “Massachusetts es ejemplo de estándares ambientales y a su vez la industria busca incluir la diversidad racial siendo incluyentes”, finalizó.

Cerró la sesión Paula Aguirre, abogada de Elementa, Consultoría en Derechos quien brindó un panorama sobre política de drogas, justicia transicional y construcción de paz. Para ella “la política prohibicionista, principalmente en países productores, ha traído violaciones a los derechos humanos”. “La relación que existe entre políticas de drogas y justicia transicional es fuerte. El objetivo de la justicia transicional es transitar hacia la paz teniendo en cuenta que el prohibicionismo es un generador de guerra».

Señaló que “no resulta descabellado incluir la política de drogas a los procesos de justicia transicional, tal como el esfuerzo de Colombia en el acuerdo de paz”. Pero cuestionó “qué tanto se sostendrá la implementación de justicia transicional si prevalece la política prohibicionista”. «No olvidemos que la guerra contra las drogas terminó siendo una guerra contra las personas.»

Moderó el panel Adriana Muro, abogada por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Sesión Paralela #2.2: Experiencias comparadas en litigio estratégico para impulsar reformas

Esta sesión buscó promover el intercambio de experiencias sobre el litigio estratégico, sus alcances y limitaciones para impulsar cambios legislativos a nivel nacional.

El abogado y presidente de la Fundación Centro Estratégico de Impacto Social, Andrés Aguinaco, dio inicio a esta sesión. Es el autor de los principales juicios a nivel nacional en materia de uso personal y medicinal de cannabis, los cuales permitieron al día siguiente el fallo de la Suprema Corte del país (SCJN) que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo recreativo del cannabis. Aguinaco explicó cómo el camino de litigio estratégico convierte “un mecanismo elitista en un mecanismo de cambio social”.

«Ya no es una mera opinión de un ministro más, ahora será una opinión vinculante para todos los jueces del país que obligará a todos a reconocer los derechos de los usuarios del cannabis», profesó el constitucionalista.

La abogada Gloria Rose Achá presentó el trabajo realizado desde Acción Andina Bolivia, que trabaja contra la persecución a personas usuarias de drogas y con la población vulnerada en sus derechos. “Hemos comenzado una campaña por la descriminalización del uso de drogas”, comentó, ya que muchos usuarios se ven privados de la libertad. Puso como ejemplo el caso de Mauricio, un joven de 29 años que “ante un diagnostico de drogodependencia ha sido excluido y marginado”. “Existen defectos en la ley que permiten que jueces y fiscales hicieran caso omiso al pedido de tratamiento”, remarcó.

Por su parte, el costarricense abogado penalista, criminólogo, psicoanalista y Máster en Criminología y Ejecución Penal de la Universitat Autónoma de Barcelona, Sebastián Mesén Arias, analizó las contradicciones de las leyes de su país en función del caso Mario, acusado por cultivo a vista del público “Nunca logró cosechar y le realizaron 5 allanamientos. Solo era para su consumo personal pero le impusieron una medida cautelar de prohibición de cultivar de la fiscalía. Fue acusado por cuatro delitos de cultivo, sin embargo fue absuelto en 2016”.

“A partir de este caso se genera una perspectiva importante sobre el uso del cannabis personal”, definió. “Abre la posibilidad de incidir para romper el estigma que pesa sobre los consumidores y la coordinación de acciones de litigio estratégico, así como para despertar el interés de la industria privada en la producción de cannabis”.

A su turno, el investigador de Intercambios AC e integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, Alejandro Corda, analizó los límites de la Ley de Cannabis Medicinal, que quedó restringida a los casos de epilepsias refractarias y a una sola forma de acceso al aceite de cannabis a través de la importación, dejando fuera de la ley a las personas que cultivaban.

“Se iniciaron acciones de amparo que si bien no están resueltas, se pidió como medida cautelar que les autorizaran el cultivo para fines medicinales. Son tres casos, dos individuales y uno colectivo. En los tres casos los jueces hicieron lugar a la medida cautelar, con algunos requerimientos, aunque habrá que ver el resultado final. Lo interesante es que los fallos recogen las prácticas de cultivo de las madres. Por ejemplo, en el caso de Salta le autorizaron a cultivar doce plantas adultas, con cuatro de cepas distintas, porque van rotando el uso, y cuarenta plantines, teniendo en cuenta que de allí muchos salen machos y son inutilizables”, explicó Corda.

Por último, el abogado de Conectas Brasil, Enrique Apolina, discurrió sobre las consecuencias de la criminalización del consumo en su país y destacó la labor de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas, una red para la actuación conjunta de organizaciones no gubernamentales, colectivos y especialistas de diversos campos que busca debatir y promover políticas de drogas fundamentadas en la garantía de los derechos humanos y en la reducción de los daños producidos por el uso problemático de drogas y por la violencia asociada a la ilegalidad de su circulación.

“En el 2005 una modificación de la ley dio un tratamiento más leve a la tenencia de drogas, pero al tiempo elevó la pena mínima de los delitos de tráfico, con lo cual algunas conductas de usuarios quedaron alcanzadas por las penas de tráfico, y la policía continúa deteniendo consumidores”. “Con esto, aumentó la cantidad de personas encarceladas por delitos de drogas, y no existen medidas alternativas al encarcelamiento”, concluyó.

Ofició de moderadora Tania Ramírez, Directora del Programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Sesión Paralela #2.3: Narcomenudeo, cortes de drogas y la nueva criminalización del uso, distribución y transporte de drogas

La implementación de programas y políticas que no están fundamentadas en evidencia, pueden provocar efectos que, en lugar de mejorar la situación, agravan el problema de las políticas actuales. Con esa premisa se encendió el debate de esta sesión.

El economista colombiano David Villanueva Acuña, co fundador y coordinador del área de planeación urbana y derecho a la ciudad del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT) dio inicio a esta sesión.

“La intención de esta presentación es tener una visión de cómo la guerra contra las drogas impacta sobre la organización de las ciudades. Mi presentación hará énfasis en dos palabras que básicamente simplifican: deterioro y recuperación”. “Ambas se plantean como herramientas que están usando los Estados locales, particularmente las ciudades, para estigmatizar espacios urbanos y las personas que usan esos espacios, como forma de justificar intervenciones por parte del Estado para favorecer intereses inmobiliarios”, afirmó.

“Cuando se habla de espacios urbanos deteriorados, se plantea desde una visión particular en que son las personas que habitan las que hacen que el espacio se deteriore. En Colombia y varias ciudades, son las elites las que han abandonado espacios urbanos, y eso hace que entren en procesos de desvalorización, porque ya no son las clases altas las que están ahí, pero si migrantes, pobres, etc”, afirmó el especialista.

“Deterioro implica abandono y desvalorización inducida por medio de la estigmatización de los espacios. El proceso de deterioro tiene la intención de que esos suelos se desarrollen en un futuro, mediante proyectos inmobiliarios”. “Debemos pensar la recuperación en tres sentidos: de las personas que habitan las calles, en pobreza, y además usuarios de drogas; es espacios públicos para los ciudadanos y por ultimo en suelo para el mercado inmobiliario”. “La guerra contra las drogas es una forma fácil de intervenir en estos espacios”, concluyó.

A continuación, el internacionalista por la Universidad San Francisco de Quito, Daniel Gudiño Pérez, realizó una revisión histórica de las políticas de drogas de Ecuador, con algunos resultados puntuales.

“El año 2008 fue paradigmático por la nueva Constitución de Ecuador. El artículo Nº 364 elevó a nivel constitucional el derecho a la salud para usuarios de drogas e indultó a las llamadas “mulas”. “A pesar de esto, los usuarios de sustancias seguían criminalizados. Así que se creó la primera tabla de porte de consumo. Los umbrales son como las dosis mínimas”.

“A partir de 2015, por contextos de la política, el gobierno hizo consultas para establecer los condicionantes específicos de preocupación de la ciudadanía sobre drogas. Básicamente fue porque la policía aplicó la metodología como una causante de su poca efectividad, y que esto la ataba de manos. Esto presionó al gobierno central para hacer una volteada de tuerca, inaugurando una contrarreforma. Modificaron las cantidades de porte de sustancias y aumentaron las penas por drogas”.

“Si no hay forma de aplicar los derechos que tenemos por Constitución, no hay política efectiva que pueda aplicarse. Por la forma en que está constituido el sistema judicial, los usuarios se ven obligados a demostrar su posición de usuarios. No se trata de que la policía demuestre la intención de comercio, sino que el usuario debe mostrarlo. Muchas de las detenciones son arbitrarias”, especificó Gudiño Pérez.

Para el sociólogo Francis Negrete, miembro del Grupo de Investigación sobre Drogas del Ecuador (GIDE), “lo que podemos evidenciar tanto con las historias como con los datos, es que existe un prejuicio real, que debería ser transformado a una inversión monetaria. Una persona debería de denunciar al Estado reclamando su derecho a la inocencia”.

Por su parte, el etnólogo Carlos Zamudio Angles, investigador del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas, expuso reflexiones desde la participación juvenil en los mercados de drogas locales.

“Cuando hablamos de narcomenudeo estamos buscando cuestiones con el valor del uso: el usuario. Y el usuario puede ser legal o ilegal, dependiendo de la cantidad. Es importante conocer cómo se articulan los jóvenes de acuerdo al mercado de drogas”.

Zamudio, autor del libro Autor del libro “Las Redes del Narcomenudeo”, distingue tres formas de mercados locales: Puntos de venta fijos (ollas, narcotienditas); puntos de venta semifijos (raves, festivales, universidades); y puntos de venta ambulantes (teléfono, redes sociales)

“Generalmente los lugares que sufren los mayores impactos son los puntos de venta fijos, porque son los visibles, los que están ahí envenenando a la sociedad, y se sabe a quién reprender. Pero no nos importa, ni sancionamos, muchos de los otros canales”, señaló.

“Las redes de comercio de drogas se dan mediante redes y grupos de amigos y familias. Se van juntando los jóvenes que venden drogas, porque su familia vende drogas, y por lo tanto también los nietos, etc.”.

“Tenemos que considerar los elementos culturales para construir políticas de drogas. Esto es especialmente relevante con las cortes de drogas, que es un modelo de Estados Unidos que confunde usuarios con narcomenudistas. Y las cortes no entienden que una persona tal vez vende drogas porque su familia vende drogas, no porque consuma”, puntualizó.

A continuación la estadounidense Cleia Noia, directora del programa Drogas, Seguridad y Democracia, hizo su aporte a la discusión sobre las cortes de drogas. “Son presentadas como una alternativa al encarcelamiento, sus proponentes afirman que reducen la reincidencia, son más económicas, y que ofrecen el tratamiento de la dependencia a las drogas”, estimó Noia. “Pero es debatible que los tribunales sean realmente una alternativa al encarcelamiento. Tal y como se han implementado en Estados Unidos constituyen una intervención costosa. Resulta ambivalente la evidencia sobre si es eficaz en reducir los costos. Los costos financieros y de vida de las personas son muy altos”, remarcó.

“Las autoridades que evalúan y dan el diagnóstico y tratamiento deberían ser profesionales de salud en lugar de funcionarios judiciales. Hay que recordar que el tratamiento es un tipo de servicio que le compete a los servicios de salud y se debe tratar como pacientes a quienes actualmente se trata como delincuentes”, destacó la especialista.

Isabel Erreguerena, coordinadora del área de políticas públicas de Equis Justicia para las Mujeres, moderó el panel.

Sesión Paralela #2.4: Educación en drogas, política y cómo reducir sus riesgos y daños

Esta sesión propuso el intercambio de buenas prácticas en la implementación de proyectos de reducción de daños asociados al consumo de sustancias.

María Elena Ramos y Julián Rojas presentaron aspectos de su investigación sobre las condiciones de consumo de heroína y crack. Su trabajo tiene una parte cualitativa; “se hacen entrevistas a profundidad, se trabaja con la población para deducir el fondo del consumo y venta de drogas”. Sus informantes deben tener niveles de confianza. Un segundo componente es una encuesta estructurada (2 veces por año), que se actualizan por medio de variables. Una tercera situación es la detección de VIH en personas que consumen drogas. La cuarta es la creación de un comité local de centros de integración y rehabilitación.

“Paralelo a ello, hay una coalición política de derechos humanos y seguridad. Se plantea cambiar la percepción negativa de los consumidores (victimización y criminalización), esa acción ha logrado que el 86% de los encuestados hayan recibido algo más que una revisión y el 89% el equipo de seguridad de inyecciones y condones”, señalaron.

Según sus estudios, el 10% de los encuestados han recibido tortura por parte las autoridades, el 39% mencionan que hay extorsión, el 42% mencionó lesiones graves, un 26% denunció amenazas y al 16.8% les siembran droga.

Lorena Emilia Paredes González es maestra en Antropología en la ENAH y Psicóloga de la UNAM, y fundadora e integrante del Colectivo Psicocalle. Trabaja con la población que consume solventes en la población callejera.

“Ellos consumen más solventes, pero no es un rasgo o exclusivo de ellos” aclaró. “Hay un incremento hacia el consumo de solventes. Son productos industriales que tienen otros fines”, explicó.

Su organización investiga efectos y causas, desde el ámbito de neurociencias, psicológicas y antropológicas. Registran historias de vida para lograr intervención. “Construimos un modelo de reducción de riesgos y daños para la población, respetando la libre decisión, identificandp daños específicos como nacer en la calle, ser niños o mujeres embarazadas”, detalló.

Durante un año adoptaron a una población autodenominada “plaza del activo” y analizaron su consumo. “Se hicieron aproximaciones, primero para que pudieran identificarse como consumidores. Segundo, se iniciaron dinámicas comunitarias buscando causas que pueden identificar con ello emociones y sentimientos y tercero se propusieron modelos de reducción de daños para la persona que decida modificar sus hábitos”. Luego se creó la plática “Que onda con la mona” donde se describe qué pasa cuando consumes, efectos en el cuerpo y que se ve a nivel colectivo y a nivel individual.

“Como resultados se consiguieron técnicas, cartografías corporales, construcción de relación de consumo basado en imágenes, sistematización de recomendaciones al consumidor, metodologías según la población a estudiar e impactos en la salud”, finalizó.

Rocío Asturizaga es miembro de la organización boliviana Acción Semilla y promotora de terapias con las plantas maestras. Su organización trabaja sobre el consumo y uso terapéutico de distintas sustancias para proponer soluciones por medio del arte y la cultura.

“Bolivia está en inicio de la socialización en temas de estigma”, declaró. “Hemos abierto un centro cultural para cambiar las perspectivas hacia los consumidores. Nos encargamos de capacitar a los padres en temas de consumo, venta, tráfico o microtráfico de drogas, y evitar la violencia de padres hacia sus hijos. También les explicamos cómo proceder en caso de que sus hijos sean atrapados por la policía”.

“El espacio es multidisciplinario, médicos, abogados, sociólogos, nutriólogos. Somos una organización única en Bolivia. Estudiamos el estigma desde la crítica por medio de la interculturalidad. Desarrollamos pensamiento crítico a través de conversatorios y escenarios de arte; lanzamos la campaña mitos y realidad para los consumidores; y reivindicamos las personas, las plantas y la tierra. Tratamos de crear un puente o vinculo entre los actores”, concluyó.

Luego fue momento de María de Lourdes Angulo Corral, fundadora de VERTER e Integración social, cuya incidencia es en la zona norte del país. “En la zona fronteriza se da el consumo de heroína y cocaína y/o drogas inyectables. No hay datos claros en la población. En Mexicali hay aproximadamente unos 5000 usuarios que en su mayoría son deportados, personas en situación de calle. Estar en la calle hace que el consumo sea en ella, que se compartan jeringas, con riesgo de contagios de ETS”, explicó.

“La sobredosis que se da por la mala calidad de las drogas y porque los usuarios salen de centros de internamiento, prisión o anexos y consumen en la cantidad de antes. Además sufren lesiones en la piel por mala técnica de inyección y no acuden a centros de salud. Hay usuarios amputados”. “Otro factor es la persecución policiaca por estar en la calle o por traer jeringas nuevas que obtienen de otros programas de salud. Los programas administran jeringas y los policías se las quitan, el usuario tiene miedo de ir por ellas”, relató.

“Hay que buscar la reducción de daños en todos los niveles, modificar los lugares de consumo, evitar compartir jeringas para reducir riesgos en el consumo, sustitución de opioides. Las salas de consumo seguro existen en otros países con excelentes resultados, pero cada país debe adaptarse al contexto. Esta población requiere otros servicios de intervención según sus necesidades”, afirmó.

Por el momento, están desarrollando un programa piloto de tres meses, donde se están tratando solo a mujeres, para poder aplicarlo luego a la población en general.

El antropólogo costarricense Shankar Stwart Syed Mora es encargado de reducción de daños del programa “Consumo seguro en San Pedro”. “En San Pedro está la ciudad universitaria, hay mucho flujo de jóvenes”, explicó. “El lugar está compuesto por centros de entretenimiento como bares, conciertos, actividades culturales y en la actualidad existen “mega bares” que producen una nueva forma de socialización y de consumo de alcohol, música alta y acoso a la mujer”, detalló.

“Nos enfocamos en el policonsumo de sustancias como alcohol, tabaco, marihuana, MDMA o éxtasis y ketamina. El gran reto es adaptar la campaña a un lenguaje que sea atractivo para la población joven y así informar y concientizar qué es lo que se está consumiendo y qué efectos tiene”.

El proyecto además realiza conversatorios sobre el uso y consumo de drogas, espacios de dialogo-experiencia y una carpa informativa (información de sustancias, efectos de combinar sustancias). Previenen que las personas estén en la calle o en deshidratación.

A su turno, el antropólogo social Eduardo Safra Mora, presentó el proyecto de CDMX sur que trabaja con las 25 colonias con mayor consumo en piedra/crack. El proyecto “Tirando esquina. Interviniendo muros de salud” se aplica a la comunidad de Iztapalapa, área que no había sido permeada por programas sociales. Otro factor fue que para usuarios de piedra no hay campañas de prevención de riesgos.
“Se genera ese proyecto para dar un empujón conductual para que ellos visibilizaran la ayuda y los riesgos que implican esas prácticas”, comentó. “Se recolectó información basada en 150 entrevistas de la investigación y se elaboraron campañas para ayudar al consumidor”.

“Realizamos el spot a la población general Qué es el VIH, el segundo Las mil caras del VIH, el tercero Quien se puede contagiar, con mensajes de prevención y el cuarto Qué es el sistema inmune y como se contagia de VIH; todo en un lenguaje coloquial”.

“Luego de entregar kits para usuarios, hicimos un cortometraje llamado El camión de la piedra, con historias de consumo problemático y un video No te fumes el destino de tus hijos con historias de consumidores y los afectados. El spot En una pipa cabe toda tu casa y tu familia resume las resonancias culturales por las que pasa un usuario, desde la venta de sus pertenencias, robo a familias, hasta prostituirse”.

La última ponencia fue de la dominicana María Esther Carbuccia, psicóloga clínica de la Universidad de Santo Domingo, coordinadora de proyectos en el Centro Integración y Orientación Integral.

“Desde 2011 la institución se ha involucrado en la reducción de daños con un proyecto piloto para recabar información y mostrarla a las autoridades”, explicó. “Hemos entregado 3.326 kits de jeringas; 12.672 condones a trabajadoras sexuales; y se han instalado un sistema de ir-venir del usuario y personal de prevención, para evitar riesgos de contagio por jeringas usadas, e identificar el testeo para ver donde el usuario se siente mejor”, añadió.

“La institución tiene una clínica que no cobra costos, con medico, odontología y especialidades para que el usuario se sienta cómodo. La institución hace bloques de capacitación para quitar la coraza que tienen, trabajar con la reducción de daños, empoderamiento de la población hacia los derechos humanos, sensibilización de médicos, de personal que imparte justicia, este acercamiento hizo que bajen los niveles de discriminación. La policía es un factor de riesgo que representa un ente que aleja, limita y agrede a la gente para que no asista a las instituciones sociales”, indicó.

Moderó la mesa el antropólogo social por la Universidad Veracruzana, Rubén Carreón Diazconti.

Día 3

Cortes de Drogas en México: una crítica a partir de las experiencias de mujeres.

El informe presentado por EQUIS Justicia para las Mujeres da cuenta de que las Cortes de Drogas no son una alternativa al encarcelamiento y, mucho menos una solución “al problema de las drogas”, sino un mecanismo que refuerza la discriminación y la violencia contra las mujeres, que criminaliza a las personas usuarias y refuerza el uso del derecho penal.

Las Cortes de Drogas son un modelo de origen estadounidense que se planteó como una alternativa al encarcelamiento. En México surgieron en el estado de Nuevo León, en 2009, con el nombre de Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA). A partir de 2014, fueron implementadas en otros estados de México como: Durango, Chiapas, Morelos, Chihuahua y Estado de México.

El informe da cuenta de que su expansión no sólo es indeseable, sino que podría ser perjudicial para el desarrollo de políticas públicas en materia de drogas.

En el Programa participan tres actores principales: la persona procesada, la autoridad judicial y el equipo multidisciplinario. En la fase procesal, la inclusión al PJT se activa cuando el ministerio público detecta a un posible candidato o candidata y propone su ingreso al programa.

El candidato o la candidata realizan su petición al juez, quien autoriza o niega el acceso. Una vez en el programa, el equipo multidisciplinario -compuesto por una jueza o juez; el ministerio público y/o fiscal; la o el defensor; la o el representante del centro de tratamiento; la o el agente de supervisión; la psicóloga o el psicólogo clínico especializado en adicciones y/o psiquiatra- vigila el cumplimiento de las condiciones impuestas al candidato o candidata, bajo la autoridad del juez. Una de las condiciones básicas del programa es que la persona se abstenga de consumir drogas. Si la persona tiene una recaída, o incumple de algún modo al tratamiento, el juez tiene la posibilidad de sancionarlo con revisiones más frecuentes, arrestarlo hasta por 36 horas o ampliar el tiempo del tratamiento.

El incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas puede llevar a la expulsión de la persona participante y, por ende, a la reanudación del proceso penal. Si una persona se gradúa del programa, el proceso se da por terminado y queda libre de antecedentes penales.

Sin embargo, derivado de entrevistas y solicitudes de información, EQUIS concluye que las Cortes de Drogas aumentan la supervisión judicial y castigan a los participantes que no cumplen con los requisitos del programa con sanciones más altas de las que habrían recibido de no ingresar al mismo; por ende, se traducen en una expansión y una añadidura del aparato de justicia criminal. Tampoco funcionan como una intervención de salud, ya que el juzgador cuenta con facultades para tomar decisiones relativas al tratamiento, pese a no tener la competencia para ellas.

Cabe señalar que el acceso voluntario al tratamiento es cuestionable, ya que éste no es fruto de una decisión libre, sino de una “elección forzosa” entre tratamiento y privación de la libertad.

Las Cortes en México operan mediante estándares que excluyen a ciertos candidatos y candidatas, y seleccionan a posibles “casos de éxito”, reproduciendo la selectividad de la justicia y la exclusión social, en lugar de atenderla. Se mantiene un enfoque del consumo dependiente como “un problema” del individuo y de las personas que lo rodean, y no un asunto de salud pública e integración social, que se hace más evidente en el caso de las mujeres.

Las Cortes de Drogas reproducen la violencia contra las mujeres y la discriminación en razón de género. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que son principalmente las mujeres que apoyan a los participantes en el cumplimiento de los requisitos del programa, tanto en términos económicos, logísticos, de cuidado y emocionales. De esta manera, las mujeres sustentan el brazo penal del Estado, llevando a cabo una doble o triple jornada laboral. Asimismo, la inclusión de delitos que afectan principalmente a las mujeres (como el hostigamiento, el abuso sexual y la violencia familiar) en un programa donde, en teoría, se admiten únicamente “delitos menores no violentos” refuerza la idea de que la violencia contra las mujeres en razón de género es un asunto que cabe dentro de la categoría de actos que “no hacen tanto daño” y, por ende, se fomenta la impunidad.

A partir de lo anterior, EQUIS realiza las siguientes recomendaciones: Suspender la ampliación del programa a otros estados; apostar por la descriminalización efectiva de uso de sustancias y de las actividades de producción para uso personal; desvincular las actividades de venta para el consumo personal del ámbito penal; ampliar el abanico de medidas de derivación pre-procesal, procesal y de ejecución en el caso de delitos de drogas menores no violentos; garantizar la inclusión transversal de la perspectiva de género y del enfoque interseccional en las políticas de drogas, incluyendo la participación activa de los grupos afectados; desarrollar políticas de prevención y tratamiento centradas en las mujeres.

Un momento mágico

Ruben Albarran, reconocido músico y cantante, integrante de la banda de rock alternativo Café Tacvba, compartió en un diálogo con Zara Snapp su experiencia con las plantas sagradas, y nos invitó a resignificar la concepción sobre las drogas y el consumo.

“Agradezco estar aquí, porque la inteligencia colectiva es superior a la inteligencia individual”, comenzó Albarran. “Disfruto de salir de esta realidad e ir a otra y eso no debe ser criminalizado”. “Como músico me he sensibilizado porque la gente trae sus luchas”.

Plantas sagradas y criminalización de las drogas

Ante un numeroso público, el reconocido músico continuó: “Yo venía reflexionando a qué le llamamos drogas. Se refiere a un hábito pues todo es susceptible de convertirse en droga, la televisión, el celular, el trabajo, el sexo”. “Lo importante es la intención, el propósito que le pones a esa sustancia; eso lo aprendí en los contextos ceremoniales, la importancia del respeto y la dirección. Sé que es difícil de entender para quienes tienen prejuicios”. “Se trata de una gran hipocresía porque criminalizar las drogas tiende a sostener el consumismo e impedir que puedas tener experiencias que pueden cambiar tu vida, vincularte con otros seres vivos. Esta medicina tiene la propiedad de comunicarte con la naturaleza y esa genera un amor que transforma. Ese entendimiento me vino de una planta”.

“Creo que eso mismo se busca con el alcohol, alterar la conciencia, entrar en otro estado, pero no es la sustancia correcta, porque se consume en un entorno de violencia, de sufrimiento, de desamor”. “Cualquier sustancia se puede convertir en droga pero también en medicina, depende del propósito y esas sustancias pueden abrir el camino para un trabajo personal”.

“No somos la imagen que tienen de nosotros, estamos aquí a las 9 de la mañana trabajando. El problema no son las sustancias, es la sociedad, qué le sucede a los jóvenes si la educación que se les brinda es pura basura, y las sustancias siempre van a estar a mano. No la sustancias, la intención de dejar esta realidad y entrar en otro estado del ser, eso siempre va a estar y la persecución lleva a hacerlo de una forma involutiva”. “Estamos hablando de la guerra del estado contra su pueblo”.

Jóvenes y consumos de drogas

Desde su experiencia paterna, el talentoso cantante de Café Tacuva expresó que “es importante tener la libertad de conversar con los hijos y si tienen la curiosidad de probar sustancias puedan hacerlo en un entorno de contención. El alcohol es utilizado como un método de control de la sociedad y si los dejamos, también lo va a ser la marihuana, porque estamos separando el problema de las drogas de los demás problemas sociales”.

“Los jóvenes son cooptados por la delincuencia porque allí encuentran comunidad; la que no encontraron en su familia, en su entorno, y nuestro trabajo es volver a construir comunidad”.

Pecha Psicoactiva: Innovaciones en políticas de drogas

En una dinámica ágil ocho especialistas de México, Colombia, Canadá y Brasil presentaron en siete minutos a través de imágenes temas diversos.

En la pecha participaron Nadia Olvera de México, especialista en el estudio histórico y antropológico de los usos y prohibiciones de las sustancias psicoactivas. Ella habló sobre la importancia de considerar a las plantas sagradas en las políticas actuales de drogas.

Dawn Paley, originaria de Canadá, periodista y socióloga, autora de “Capitalismo Antidrogas: una guerra contra el pueblo” habló sobre las personas desaparecidas y mostró cómo han trabajo en la zona norte de México en donde dijo que “han encontrado más de 100 mil huesos de personas”.

Ángela Guerrero Alcántara de México es responsable de proyectos estratégicos del Instituto de Reinserción Social y habló de las experiencias desde las propias autoridades y la importancia de abonar en este tema y no violentar las personas que salen de prisión.

Isabel Pereira, coordinadora de investigaciones de la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad, habló sobre el acceso a medicamentos controlados.

Andrea Portilla, médica cirujana de México, indagó sobre los psicodélicos y la evidencia recabada desde la medicina hasta ahora. Enfatizó en que aún hay mucho por descubrir sobre el uso de sustancias psicoactivas para tratar enfermedades como el autismo y la depresión.

Además estuvieron Bruno Langeani de Brasil, coordinador del área de Sistemas de Seguridad y Justicia del Instituto Sou da Paz; y Julián Quintero, director de Acción Técnica Social quien se pronunció por la regulación de la cocaína.

Taller #3.1 – Experiencias en y después de prisión; un acercamiento desde las artes escénicas

Mujeres ex privadas de la libertad y sus familiares, utilizan como herramienta de expresión las artes escénicas y a través de monólogos transmitieron las causas estructurales, sus experiencias, vivencias y emociones durante el periodo en el que estuvieron privadas de la libertad, así como los retos y obstáculos al salir de prisión para proponer cambios en la impartición de justicia.

Coordinaron esta experiencia Dawn Harrington, directora ejecutiva de la asociación Free Hearts y Natacha Lopvet, colaboradora de Equis Justicia para las Mujeres, ciudadana francesa liberada en 2018 del Centro Femenil de Reinserción Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, después de pagar una condena de 10 años por delitos asociados al tráfico de drogas. En su presentación, Natacha compartió su experiencia en prisión y las dificultades por su condición de extranjera, y las diversas violencias y discriminaciones a las que se enfrentó por su preferencia sexual. También relató cómo el arte y las actividades culturales son una forma en el que las mujeres presas pueden alejarse de las actividades delictivas al interior de los penales y de la violencia y ocuparse en la creación literaria, dramatúrgica u otras actividades que tienen como objetivo una reinserción positiva y fehaciente.

La dinámica del taller constó de la conformación de grupos de trabajo de un narrador y el resto en la representación teatral. Cada grupo elaboró un guion con los personajes y la trama inspirada en experiencias reales o ficticias, que tuvieran como eje las vivencias de mujeres presas por delitos relacionados a las drogas.

Las representaciones tuvieron como ejes centrales la detención ilegal o arbitraria; la afectación que sufren no sólo las presas sino también sus familias; la discriminación a las que se ven sometidas tanto por su condición de género como por sus preferencias sexuales; la corrupción de los centros de detención; y la estigmatización que se desprende por el hecho de ser presas por asuntos relacionados al tráfico de drogas.

Al término de la actividad se generó una discusión de retroalimentación donde las participantes instaron a reflexionar sobre todos los problemas a los que se enfrentan las presas por motivos de droga, sobre todo la discriminación y la exclusión una vez fuera de prisión, e hicieron un llamado a la sensibilización, al soporte y la cooperación con organizaciones dedicadas a la lucha por los derechos de mujeres presas y sus familias.

Taller #3.2: Impulsando la reducción de daños en comunidades estratégicas

Miguel Bencomo es químico de Programa de análisis de sustancias de ReverdeSer, con el cual intentan “mitigar los riesgos del uso de sustancias y establecer una articulación discursiva”. “La reducción de daños se basa en los derechos”. Le damos mucha importancia al lenguaje porque hay un acercamiento con las organizaciones y sus necesidades”, explicó.

“Desarrollamos un conjunto de acciones encaminadas a un grupo poblacional que se quiere ayudar y brindarles una alternativa para quien no quiere o puede dejar el consumo y necesita mitigar los riesgos”. “El programa tiene tres líneas de trabajo: Información en espacios a través de consejerías; análisis de sustancias; y atención a crisis”.

Según su experiencia de campo, “a las personas les interesa saber si es pura o no la sustancia que van a consumir”. A su vez, Fany Pineda, del mismo colectivo, remarcó que “la prohibición de las drogas es más dañina que las drogas mismas” y “que hay que entender la reducción de los riesgos no solo desde el análisis de sustancias sino desde un espectro completo”.

Maria Pía Pawlowicz es coordinadora del área de investigación de Intercambios AC de Argentina. Según ella, el contexto actual de la atención de la salud en su país vive el “avance de políticas neoliberales, vaciamiento y desfinanciamiento, retroceso en las regulaciones y condiciones estatales al mercado. Atenta mayormente a las personas que viven en situaciones de mayora vulnerabilidad social”, explicó.

Luego explicó las líneas de la intervención NoTeSientasZarpado, un dispositivo de abordaje del uso problemático de drogas y promoción de prácticas de cuidado con adolescentes en situación de vulnerabilidad social en el ámbito escolar. La reducción de daños como estrategia debe contemplar “la complejidad del fenómeno ya que requiere pensar intervenciones que abarquen varias dimensiones a la vez; las redes, ya que nadie se cuida ni se daña solo; los procesos y trayectorias; la singularidad, ya que no hay intervenciones de talla única; y la responsabilidad de los equipos, la reciprocidad, los lazos y la apuesta a la transformación.

Por último, Julián Quintero de la Asociación Técnica Social (ATS) de Colombia expuso la experiencia del proyecto Échele Cabeza. “Existe una combinación entre salud y confianza”, aportó Quintero. “Si tu le hablas a los consumidores en su idioma ellos se abren y están interesados en recibir información sobre el cuidado de la salud”. “Por eso falla el mecanismo político que intenta persuadirlos del consumo”. “En este sentido además, es importante el manejo de los medios de comunicación”, explicó.

“El programa tiene como objetivos disminuir los efectos negativos producto del uso de drogas y mejorar la calidad de vida de las personas que las consumen; reducir los riesgos asociados a prácticas de consumo, prácticas sexuales riesgosas y hábitos de consumo abusivos; y prevenir sobredosis derivadas del consumo riesgoso”. “Para ello, es importante recabar información de los propios usuarios”, concluyó.

Taller #3.3: Mucho ruido, pocas nueces: ¿Cómo asegurar que tu mensaje llegue al público correcto?

En este espacio se presentaron las experiencias de dos proyectos, Los Dromómanos y Lugo y las drogas.

El primero se trata de una productora de proyectos periodísticos. Sandra Sánchez y José Luis Pardo contaron sus experiencias sobre la creación de narrativas. Su primer proyecto exploró el impacto del narcotráfico en distintos países de Latinoamérica. Exploraron el significado de las pandillas en el Salvador y su relación con las drogas; la extensión del narcotráfico en Guatemala; cómo funcionaba Costa Rica para los carteles mexicanos; el lavado de dinero en Panamá, qué sucedió después de los grandes carteles de Colombia y el consumo de crack en Brasil, entre otros. También han trabajado en conjunto con Vice en formato audiovisual el proyecto “Indígenas vs narco”.

Según Alejandra, intentan “combinar el periodismo de investigación y el periodismo narrativo para lograr conectar con el lector. La conexión entre periodismo y emociones es posible porque el cerebro humano es empático por naturaleza. El mensaje de empatía se crea a partir de tener información de otros. Las historias tienen el poder de influir en la gente y motivar a la acción».

Lugo Potamio es un personaje creado por los chicos de Fósforo. Es un peluche que viene de la isla de los peluches, y ante el consumo problemático que tuvo, ahora aconseja a las personas consumidoras para hacerlo sin hacerse daño ni a las personas que están a su alrededor.

A partir de su proyecto como agencia en comunicación y publicidad en derechos humanos, plantearon el hacer “que la discusión técnica sobre la reducción de riesgos y daños llegará en términos más digeribles a diversos públicos consumidores”.

Así surgió Lugo, un Muppet como vehículo para hacer llegar el mensaje. “Él no es una figura de autoridad, no es violento, es un consumidor y no busca criminalizar, es bastante tranquilo y no dice nada que fomente el consumo”, explicaron.

Respecto a la comunidad que sigue a Lugo en redes sociales, compartieron lo que significa el engagement en términos afectivos y no sólo numéricos: ”Importa mucho más una comunidad activa preguntando en los comentarios, esto es una interacción más significativa”.

Al final de la sesión se propuso una actividad en grupos en la cual cada equipo construyó un consumidor distinto, narró su historia y dio un consejo a partir de sus experiencias.

Taller #3.4: ¿Cómo hablar de drogas en escuelas, en familia o con tomadores de decisiones?

Organizado conjuntamente por ReverdeSer Colectivo y Anyone’s Child México este taller con base en metodologías de educación popular, propuso un espacio de diálogo constructivo y participativo, para plantear estrategias de resolución de problemas desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños en diversas comunidades, como pueden ser desde escuela y la familia, hasta instituciones públicas y privadas.

Panel 3: Oportunidades de movilización frente a 2019

¿Qué ha pasado a nivel internacional desde UNGASS 2016? Este panel exploró los logros y retos del movimiento reformista en los espacios internacionales, con miras a consolidar la postura de países afines para un cambio real y sustentable en las políticas de drogas.

Para Marie Nougier, responsable del trabajo de comunicaciones y publicaciones del IDPC, “los gobiernos no han hecho una evaluación del impacto de la declaración política de los últimos 10 años”. Por ello el Informe Sombra evalúa el impacto sobre los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, que son prioridades de la ONU, utilizando datos de la misma ONU y complementándolos con estudios académicos revisados por pares e informes de la sociedad civil.

“Hemos visto que oferta y demanda no se han reducido sino aumentado. La demanda ha aumentado un 31% y las anfetaminas un 130%”. “En derechos humanos hemos visto un impacto muy severo, no hubo reducción de prevalencia de VIH y Hepatitis B”, agregó.

“Solo 26 países en el mundo discriminalizaron el consumo de drogas. Un 75% de la población mundial no tiene acceso a medicamentos esenciales para paliar el dolor”.

“Casi 4000 personas fueron ejecutadas por delitos de drogas y hay muchísimas ejecuciones extrajudiciales. A nivel internacional 1 de cada 5 personas esta presa por delitos de drogas”.

“Este modelo tiene un fuerte impacto sobre el desarrollo. Ha exacerbado la pobreza y las malas condiciones de cultivadores y campesinos. Debemos dejar atrás los objetivos de un mundo sin drogas y pensar nuevos objetivos basados en el bienestar de las sociedades”, declaró Nougier y agregó: “Necesitamos que la sociedad civil continúe monitoreando y presionando para promover reformas y darle voz a las comunidades afectadas”.

Inmediatamente, Coletta Youngers, Asesora Principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) destacó que UNGASS 2016 fue muy importante aunque “somos realistas de que no íbamos a cambiar el paradigma prohibicionista pero hubieron logros y avances en el lenguaje sobre derechos humanos y género; y destacamos la participación de la sociedad civil en el proceso”, puntualizó.

“Ahora estamos en un momento clave porque viene la próxima reunión en marzo de 2019 para evaluar la estrategia y definir el próximo plan. Hay un temor de abrir la caja de pandora con la regulación de los mercados de drogas para países como China y Rusia”, sentenció. “El consenso de Viena no tiene consenso. El lobby de países con posiciones duras está a la ofensiva y los países que promueven modificaciones forman una coalición más pequeña. Hay todo un esfuerzo por lograr un nuevo consenso, generando dinámicas muy problemáticas. Estamos promoviendo que los gobiernos más abiertos a las reformas tomen un mayor protagonismo en la ONU”, alentó Coletta.

Finalmente señaló que “es muy importante que México presente en ese espacio las reformas que tienen pensado hacer e identificar nuevos indicadores que sean más realistas, que incorporen derechos humanos, promoción de paz y desarrollo”.

Por último, Tania Ramirez, Directora del Programa de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia señaló que “en todos los procesos han habido desarrollos positivos y negativos” pero es importante el “mantenimiento de las organizaciones de la sociedad civil”. “Como negativo estamos viendo la pérdida del liderazgo colombiano y un mayor protagonismo de Estados Unidos”, analizó.

Mesa de cierre

Con la gran emoción de haber superado las expectativas, se dio cierre a la séptima edición de la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

La primera en tomar la palabra fue Angélica Ospina en representación de LANPUD-Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas.

“Celebramos esta conferencia que nos fortalece. Remarcamos la necesidad de políticas que nos incluyan a los usuarios, que nos escuchen en nuestro contexto. La guerra contra las drogas es contra los pobres. Debemos fortalecer las redes comunitarias con mas presencia para los grupos vulnerabilizados. Debemos visibilizar la ciudadanía de las personas que usan drogas y posicionarnos como sujetos de derechos”, expresó.

A continuación, Aram Barra, en nombre del colectivo #RegulacionPorLaPaz, no disimuló su felicidad. “Me da mucha alegría ver tantas organizaciones nuevas. Y esa diversidad se vio reflejada en los paneles, y se plasma en las luchas por las políticas de drogas. Es una reacción ante el impacto de las políticas de drogas entre cultivadores, consumidores, comunidades afro, mujeres y víctimas de la violencia. México es uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de las políticas prohibicionistas. El abuso del derecho se usado como una herramienta para castigar, discriminar y controlar. De aquí en más los retos son muchos”, sugirió Barra.

“Esta conferencia es una ventana por donde empieza a entrar la luz sobre este oscurantismo que hay con las drogas. No vamos a parar hasta tener regulado el mercado de marihuana y de todas las drogas”, finalizó. Aram Barra es el ciudadano que recibió el quinto amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para consumir y cultivar marihuana con fines recreativos.

Itandi Guzman tomó el micrófono y leyó el documento elaborado colectivamente por jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 21 años, de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
“Dicen que nosotras, las personas jóvenes, somos portadoras de la voz y las acciones del mañana, desconociendo que todos los que habitamos el presente tenemos una responsabilidad sobre el futuro. Dicen, demos voz a los jóvenes, como si fuéramos solo uno, anulando nuestras múltiples vivencias, las latitudes que nos distancian, las diferencias étnicas y culturales y, por ende, nuestras opiniones y prioridades. Dicen que es importante que participemos, pero nuestras contribuciones raramente son tomadas en serio”.

“Ser joven en contextos afectados por la violencia de la Guerra contra las Drogas, nos vuelve doblemente vulnerables a los efectos dañinos de la prohibición. Por demasiado tiempo, estas políticas prohibicionistas han sido justificadas en nombre de proteger a la juventud. Sin embargo, nuestras voces y opiniones no han sido tomadas en cuenta”.

A continuación, Arturo Lopez habló por los cultivadores de productos declarados ilícitos. “La política de los últimos 50 años falló. En todos los países hay problemas, muerte y desolación. En guerrero tenemos diez mil mujeres viudas cultivadoras de amapola porque les han matado a los esposos, y niños huérfanos. Están violando nuestros derechos. Tenemos que estar unidos todos los países latinoamericanos para ganarle la lucha a las malas políticas de drogas”.

Luego habló una representante de Familiares en Búsqueda María Herrera. “La guerra contra el narcotráfico fue una guerra contra nuestros hijos. Admiro la lucidez y las ganas de luchar de los jóvenes con tanto interés por lo que ellos consideran debe ser legalizado. Esto que llaman “daño colateral” tiene rostro, familia, nombre, no son daños colaterales. Deseo con todo mi corazón que se dé la legalización porque eso le arrebataría el poder a aquellos que tienen en sus manos a la sociedad”.

Isabel Erreguerena, coordinadora del área de políticas públicas de Equis Justicia para las Mujeres dijo que “fue enriquecedor poder hablar entre diversos movimientos entendiendo que la política de drogas es una pieza entre muchas otras para lograr una sociedad más justa”.

La diputada boliviana Brígida Quiroga remarcó que “esta conferencia me permitió ver los derechos humanos de los consumidores. Hoy estoy tratando de llevarlo a mi país para plantear nuevas estrategias que abran el camino a una legalización. Personalmente admiro a Uruguay porque soberanamente cambio sus leyes”.

Por último, Julián Quinteros de ATS habló en nombre del Consorcio Confedrogas, organizador de esta Conferencia Latinoamericana. “Empezamos con muy malas noticias, pero eso nos dio fuerzas… Uruguay, Canadá, nos muestran el camino. El fallo de la Corte Suprema es una gran noticia. Algo pasa con las conferencias”, dijo emocionado.

“Desde su primera edición, la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas ha dejado profundas huellas en las políticas de drogas de cada país anfitrión; ha fortalecido posiciones emergentes e innovadoras de otros países en el concierto regional; y ha empoderado a muchísimos actores de la sociedad civil”, explicó. ”Tanta evidencia sobre la mesa los gobiernos no pueden seguir ignorándola”.