“Para hacer la guerra contra las drogas se violan las constituciones de América Latina”

Prisiones sobrecargadas de pequeños vendedores, cada día más mujeres privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas; cultivos ilícitos en constante desplazamiento de un lado al otro de las fronteras andinas; atropello de los derechos indígenas y constituciones políticas lesionadas en pro de una política represiva son algunas de las consecuencias de la guerra contra las drogas expuestas por especialistas de América Latina en este primer día de debates de la III Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas.

(México DF, 13 de septiembre de 2011; 12:30 Hs) ¿Qué consecuencias han tenido las políticas represivas llevadas adelante en América Latina para combatir las drogas? A partir de esta pregunta la diputada María Paula Romo, de la Asamblea Nacional de Ecuador, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en La Haya Roberto Calzadilla Sarmiento, el investigador mexicano Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE y el colombiano Daniel Mejía Londoño, investigador de la Universidad de los Andes, coincidieron en enumerar violaciones a los derechos humanos, desplazamientos masivos de personas y vulneración de principios constitucionales.

Fue este mediodía, durante el panel “Consecuencias de la guerra contra las drogas” de la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se realiza hoy y mañana en el Hotel Crown de México DF.

La diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador, María Paula Romo, denunció que en Ecuador, las principales víctimas del sistema represivo frente a las drogas son las mujeres. “Las personas privadas de la libertad por delitos de drogas constituyen el 40% de la ocupación carcelaria total. Del total de mujeres privadas de su libertad, 85% lo están por delitos relacionados con drogas. Son mujeres que no dirigen los cárteles, ni son grandes traficantes. Son mujeres detenidas por transportar pequeñas cantidades de droga“, dijo Romo.

La diputada citó el caso de una anciana de 75 años, condenada a 8 años de prisión por la pose de 22 gramos de cocaína. “Casos como éste inundan el sistema penal ecuatoriano. En 2009, 60% de los denunciados por tráfico de drogas fueron capturados mientras, mientras que sólo 2 de cada 100 denuncias por homicidio terminan en sentencia, es decir, tenemos una impunidad en el tema de homicidios de 98%. Esto es una total distorsión del sistema de justicia“.

Aunque destacó el indulto otorgado a casi 2.000 personas acusadas de microtráfico en 2008 en Ecuador, Romo alertó sobre el retroceso que implicó a comienzos de este año la consulta popular que reformó la Constitución, que volvió a mecanismos represivos.

Otra Constitución que se ha visto afectada por la imposición de la guerra contra las drogas ha sido la mexicana. De acuerdo con el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, Alejandro Madrazo, en México se han reformado las leyes para concordar con la política de guerra a las drogas, “pero se ha hecho desconociendo principios fundamentales como las garantías a la libertad personal”.

Puso como ejemplo la modificación del Código Penal de Chihuahua para introducir la figura de “arraigo”, que significa detener una persona y dejarla en manos de autoridades sin que se le haya imputado un delito. La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional esta medida, por considerarla incompatible con las garantías de libertad personal, entre las que está el debido proceso. “Pero tres años después, el presidente Felipe Calderón propuso al Congreso -y el Congreso lo aprobó- introducir el arraigo en texto constitucional. O sea que esta práctica ya no es inconstitucional. Sin embargo, está en conflicto con los valores de la Constitución”, explicó Madrazo.

Una situación diferente pero no menos conflictiva enfrenta Bolivia, por presentar resistencia a las políticas de Estados Unidos que son violatorias de la Constitución Nacional del país presidido por Evo Morales. Bolivia se encuentra en campaña internacional para obtener apoyo en su demanda contra la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que incluye a la hoja de coca en la lista de sustancias ilícitas junto la cocaína, la heroína y otras.

El embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en La Haya, Roberto Calzadilla Sarmiento, fue enfático en la legitimidad de la defensa de la hoja de coca y su uso tradicional como parte de la identidad boliviana con dos mil años de práctica tradicional de acullico, es decir, succión de la hoja de coca para efectos rituales, sociales y medicinales.

“De ninguna manera esto significa que descuidaremos el control de la coca. Tras la expulsión de la DEA, hemos demostrado que podemos ejercer un control eficiente de los cultivos de coca sin necesidad de injerencia extranjera: en 2010 erradicamos 8 mil hectáreas de coca y, en lo que va de 2011 otras 8 mil. Existen 31 mil hectáreas en Bolivia, es decir, hay estabilidad en el control y una eficiencia en la reducción neta de los cultivos. Y lo hemos hecho garantizando el respeto a los derechos humanos y la concertación social“, aseguró Calzadilla.

El embajador recalcó que Bolivia cumplirá con los tratados internacionales y que su país no estará por fuera de la Convención ni un solo día, ya que a la demanda le seguirá una inmediata adhesión, con la salvedad sobre la coca. “Si más de 66 países se manifiestan en contra, la reserva estaría vetada, pero consideramos que vamos a tener comprensión de parte de la comunidad internacional y en especial de México”, que es el único país Latinoamericano que no ha apoyado esta iniciativa hasta el momento.

En Colombia, donde también hay grupos indígenas que practican el “mambeo” de hoja de coca desde hace siglos, se ha aplicado en cambio el Plan Colombia. El investigador de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía Londoño, realizó una investigación sobre sus resultados en términos de disponibilidad y precios de la cocaína y su relación con los intentos de erradicación de los cultivos de hoja de coca. “El país gastó 700 millones de dólares al año. Es decir, es la intervención más grande de mercados ilegales de drogas que se ha hecho en el mundo y equivale al 1.1% del Producto Bruto Interno (PBI) de Colombia”, afirmó.

Según Mejía, inicialmente la erradicación tuvo un efecto rápido sobre el número de hectáreas plantadas, pero no se mantuvo a largo plazo y generó el desplazamiento de cultivos más allá de la frontera colombiana hacia el territorio peruano. Además resultó altamente nocivo para el medio ambiente, la salud humana y la agricultura de subsistencia.

“Basado en estudios de otros mercados ilegales, como el tráfico de madera, se puede aseverar que lo que aumenta las tasas de violencia no es el producto en sí, sino la ilegalidad del mercado. Nuestras investigaciones de los mercados de tráfico de madera, evidencian un incremento de homicidios“, concluyó.

La III Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas reúnen hoy y mañana a más de treinta expertos y funcionarios de gobierno de once países a definir propuestas sobre cómo abordar los problemas relacionados a las drogas en la región.

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