AMPLIO CONSENSO EN TERMINAR LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN AMÉRICA LATINA

Más de 300 personas de 30 países participaron el 13 y 14 de septiembre de la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se llevó a cabo en México DF, organizada por la Asociación Civil Intercambios, de Argentina, y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), del país anfitrión.

Además, se entregó por primera vez el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas que tuvo como ganadores a Diego Osorno, de México, en primer lugar; Thiago Neuenschwander y Wagner Sarmento, de Brasil, en el segundo puesto; Juan Ignacio Próvendola, de Argentina, en el tercero; y Yetel Ricaño Noguera, de Cuba, reconocida con una Mención Estímulo. Por otra parte, más de una decena de eventos satélite se desarrollaron los días anteriores y posteriores a la Conferencia.

Especialistas de diversas regiones, junto a activistas, integrantes de organizaciones sociales y representantes de gobiernos, discutieron durante dos días sobre “otra política de drogas”: “Las drogas no pueden seguir siendo el chivo expiatorio de la metástasis de corrupción, miseria e injusticia que sufren cotidianamente nuestras sociedades. No queremos menos control en las políticas de drogas, sino un mejor control”, afirmó Jorge Hernández Tinajero, director de CUPIHD, en el acto de apertura.

Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, consideró que “la Conferencia es un hecho político para instalar un nuevo paradigma en el tema drogas”. Por eso, planteó: “¿Son las drogas la causa de la pobreza, la inseguridad y la violencia que afectan a países enteros, o es que el paradigma bélico que aún se sostiene profundiza la contradicción entre políticas de drogas y democracia?”.

Por su parte, César Nuñez, responsable regional de ONUSIDA, recordó que entre los objetivos fijados por la ONU se encuentra la reducción del 50 por ciento de la transmisión de VIH/Sida entre usuarios de drogas para el año 2015. Su posición fue contundente: “Lo que se necesita no son respuestas técnicas, sino decisiones políticas”.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Philippe Lamy resaltó que “el derecho a la salud pública debe ser garantizado; por ello el uso de datos epidemiológicos sólidos es fundamental; tenemos que ofrecer tratamientos y debemos apoyar investigaciones y monitoreo del uso de drogas”.

A su turno, Carlos Tena Tamayo, Comisionado Nacional contra las Adicciones (CONADIC) de México, señaló que la encuesta nacional sobre drogas del año 2008 demostró que “en el país 1.2 millones de personas usan drogas, sólo 400 mil tienen problemas de adicciones. Es una tasa baja en relación al promedio mundial, pero este incremento se concentra en los menores de edad, especialmente las mujeres. A nivel nacional, el problema más grave de adicciones es el alcohol”

Una guerra donde el enemigo son las personas más pobres

¿Qué efectos han tenido las políticas represivas llevadas adelante en América Latina para combatir las drogas? A partir de esta pregunta, los integrantes de la mesa “Consecuencias de la guerra contras las drogas” coincidieron en enumerar violaciones a los derechos humanos, desplazamientos masivos de personas y vulneración de principios constitucionales.

La diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador,  María Paula Romo, denunció que en su país, las principales víctimas del sistema represivo frente a las drogas son las mujeres: “Las personas privadas de la libertad por delitos de drogas constituyen el 40 por ciento de la ocupación carcelaria Del total de mujeres presas, 85 por ciento lo está por delitos relacionados con drogas. Son mujeres que no dirigen los cárteles, ni son grandes traficantes. Están detenidas por transportar pequeñas cantidades”.

En tanto, en México, se reformaron las leyes para concordar con la política de guerra a las drogas, “desconociendo principios fundamentales como las garantías a la libertad personal”, de acuerdo con Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Por su parte, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en La Haya, Roberto Calzadilla Sarmiento, fue enfático  en la legitimidad de la defensa de la hoja de coca y su uso tradicional como parte de la identidad boliviana. “Tras la expulsión de la DEA, hemos demostrado que podemos ejercer un control eficiente de los cultivos de coca sin necesidad de injerencia extranjera”. En 2010, Bolivia erradicó 8 mil hectáreas de coca y, en lo que va de 2011, otras 8 mil. “Y lo hemos hecho garantizando el respeto a los derechos humanos y la concertación social“, aseguró Calzadilla.

A su turno, el investigador de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía Londoño,  se refirió a su investigación sobre los resultados del Plan Colombia en términos de disponibilidad y precios de la cocaína y su relación con los intentos de erradicación de los cultivos de hoja de coca.  “El país gastó 700 millones de dólares al año. Es la intervención más grande que se haya hecho en mercados ilegales”.

Según Mejía, inicialmente la erradicación tuvo un efecto rápido sobre el número de hectáreas plantadas, pero no se mantuvo a largo plazo y generó el desplazamiento de cultivos más allá de la frontera colombiana hacia el territorio peruano. Además, resultó altamente nocivo para el medio ambiente, la salud humana y la agricultura de subsistencia.

La perspectiva de los organismos intergubernamentales

La totalidad de los organismos del sistema de Naciones Unidas se pronunció a favor de las de las estrategias de reducción de daños, que tienen como postulado no exigir a las personas que dejen el consumo de drogas cuando no desean o no pueden hacerlo, sino proponerles que puedan regularlo y cuidar su salud.

Antonio Mazzitelli, en representación de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), aseguró que las Convenciones de la ONU suscriptas por los Estados “no piden la criminalización per se del consumo, sino de la producción, el tráfico y la comercialización. En su libertad, los Estados pueden utilizar medidas de justicia alternativas, con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos de rehabilitación para los consumidores con problemas“.

El coordinador para México de ONUSIDA, José Enrique Zelaya Bonilla, dejó en claro que “la sustitución de opiáceos es tremendamente efectiva y los programas de prevención integrales que incluyen intercambio de jeringas también”. El especialista remarcó que lo más importante es “poner fin a la criminalización de los usuarios de drogas”.

A su turno, Maristela Monteiro manifestó que desde la OPS se promueve “un modelo integrado para la prevención y asistencia en temas de drogas y alcohol que incluye: atención primaria, salud mental, autocambio, justicia criminal, servicio social, reducción de daño y programas laborales, entre otros puntos”.

Desde la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), su secretario ejecutivo adjunto Rafael Franzini Batle defendió la propuesta de “Tribunales de tratamientos de drogas”, que en su perspectiva “es un cambio, porque el adicto ya no estará en la cárcel”.

Mazzitelli, representante para América Latina de la ONUDD, también respaldó el sistema de tribunales de tratamientos, que genera polémicas, y defendió el paradigma de guerra contra las drogas vigente. “No tenemos un sistema de prohibición, sino de fiscalización. Hasta ahora ninguno de los Estados miembro, a excepción de Bolivia, ha pedido una reforma para este sistema. Es decir, los Estados están satisfechos con estas Convenciones”, aseguró.

Y diferenció: “La atención de los usuarios de drogas es un tema de salud, pero el mercado es un tema de seguridad y debe tratarse como parte del crimen organizado”.

¿Usos rituales o usos recreativos?

La tensión entre la carga simbólica y religiosa que se otorga en las culturas indígenas a la coca, la ayahuasca y el peyote con los actuales usos recreativos fueron parte del debate en el panel “Drogas, identidades y cosmogonías”, que se realizó en la primera jornada de la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

“Para los campesinos la hoja de coca es el elemento principal de rituales de la madre tierra”, comenzó Mary Ann Eddowes, directora de la Asociación Peruana de la Hoja de Coca y miembro del Comité Transdisciplinario de Medicina Tradicional. Por este motivo, hizo un llamado a un cambio de paradigma en el tratamiento de las drogas desde su país: “Esperamos que el nuevo gobierno de Perú (cuya presidencia asumió en forma reciente Ollanta Humala) tenga una óptica más amplia y menos dirigida por el gobierno de los Estados Unidos”.

A su turno, Epifanio Alonso, mayor de la Congregación Misioneros del Temporal, de México ofreció un panorama de lo que significa para su comunidad el uso ritual de hongos: “El uso que nosotros hacemos de las plantas nos ha sido transmitido por los mayores y lo usamos para curarnos de enfermedades, para guiarnos en el camino espiritual. No para embriagarnos o para otros fines”.

Por su parte, Julio Glockner Rossaniz, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, denunció el ataque de la colonia y la modernidad a la visión de mundo indígena y propuso que el término “alucinógeno” para referirse a plantas como la ayahuasca, el peyote o los hongos sea reemplazado por “enteógeno”, que significa “generar lo sagrado dentro de nosotros”.

Finalmente, la brasilera Bia Labate, investigadora en la Universidad de Heidelberg en sustancias psicoactivas, políticas de drogas, religión y rituales, criticó que la política de Estados Unidos, que prohíbe a las indígenas el uso de ayahuasca medicinal, pero autoriza la formación de sectas. Respecto del debate sobre los usos actuales de hongos, peyote y coca, señaló: “No hay contraposición entre usos tradicionales y recreativos, lo contrapuesto es el abuso”.

Nivel de consumo: igual en el prohibicionismo y la liberalización

Los gobiernos no diseñan sus políticas de drogas basados en datos científicos, sino en la información que viene de los medios masivos. A su vez, los medios masivos replican los anuncios alarmistas que emiten los gobiernos para ganar apoyo de la población a sus políticas exclusivamente represivas. Este es el círculo vicioso que explicó el investigador canadiense Dan Werb en la segunda jornada de la Conferencia.

El experto,  que forma parte del Centro de Internacional para la Ciencia en Políticas de Drogas, ICSDP, señaló que así lo demuestra un estudio de este Centro (http://www.icsdp.org/research/publications.aspx). De acuerdo con su investigación, el presupuesto para el rubro de lucha contra las drogas aumentó en Estados Unidos en 600 por ciento en un período de 20 años. Sin embargo, el consumo de drogas entre adolescentes en ese país no se ha modificado significativamente en ese lapso.

Los estudios indican que no importa la intensidad de las políticas, sean éstas liberales o conservadoras (tomando a Portugal y a Rusia en cada extremo) las tendencias de consumo se mantienen. “Evidentemente, las tendencias en consumo no dependen únicamente de la disponibilidad de las drogas, sino de una serie de factores sociales y personales“, agregó Werb.

Por otro lado, Ilona Szabó de Carvalho, integrante del Secretariado de la Comisión Global sobre Drogas, anunció el próximo lanzamiento de la Iniciativa de África Occidental sobre Drogas, con liderazgo del ex secretario de la ONU, Kofi Annan: “La vulnerabilidad de los estados de esta región amerita la acción más rápida y eficiente posible”, puntualizó.

Alternativas a la militarización

La combinación de no persecución a los usuarios de drogas con políticas de promoción social y alianzas con las organizaciones comunitarias en las localidades más afectadas por la violencia fueron presentadas como alternativas a las políticas de militarización en el abordaje de los problemas de seguridad asociados a las drogas. En el panel “Drogas, seguridad y derechos humanos”, el miércoles 14 de septiembre, se dieron a conocer las experiencias de El Salvador, Río de Janeiro, la localidad San José Guaviare de Colombia y México DF.

Favorable a no perseguir a los usuarios de drogas, el viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Àlvaro Henry Campos Solórzano, aclaró: “La simple legalización de las drogas no resuelve automáticamente la violencia, porque al igual que con los productos legales hay robos, amenazas, disputas violentas entre los productores. Mientras una sociedad no haya superado sus problemas de debilidad institucional, será difícil encontrar alternativas en el campo sanitario y en el campo de la justicia”.

En cambio, Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, mostró otra posición: “La decisión de introducir a los militares en la lucha contra el narcotráfico porque los jueces estaban corruptos y no respondían generó en México una situación veinte veces más difícil. Tenemos más de 50 mil muertos por las decisiones que nos dicen que hay que reducir la oferta. Probablemente la legalización de las drogas no es la única respuesta, pero sí mejoraría la situación de un montón de problemas que tenemos en la actualidad“.

La experiencia de gobierno en una zona de conflicto fue llevada por Pedro José Arenas García, alcalde de San José Guaviare, Colombia, uno de los tres estados con mayor producción de coca y pasta base de su país, con más de 50 por ciento de la población desplazada a causa de la violencia, y que en su pequeña penitenciaría municipal llegó a tener más de 300 personas detenidas, la mayoría relacionada con estupefacientes, casi todos campesinos o pequeños transportistas.

“Nosotros dijimos: primero la vida, y logramos bajar de 70 homicidios el año pasado a 37 hasta esta altura del año”, afirmó. Para lograrlo, la indicación a la policía fue: “No nos importa quién sea el causante de la agresión, guerrillas, paramilitares o grupos asociados con el tráfico de drogas. El tema es defender lo que afecta la vida y los derechos humanos”.

Por su parte, el Capitán Felipe Magalhães, integrante de la Unidad de la Policía Pacificadora de Río de Janeiro, Brasil, narró “la transformación positiva que experimentó la comunidad con el establecimiento permanente de la policía comunitaria y la salida de la mayoría de las personas vinculadas al tráfico de drogas”. Sin embargo, reconoció que “el abuso de sustancias debe ser abordado no desde un punto de vista policial, sino de salud”.

Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto mexicano en temas de violencia, seguridad y crimen organizado, hizo un análisis cuantitativo de las manifestaciones de la violencia relacionada con el narcotráfico: “La detención o muerte de grandes capos suele desencadenar una escalada de violencia, por la pugna entre facciones por el control del territorio”.

Finalmente, Álvaro Henry Campos Solórzano, viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador sintetizó: “Los delitos relacionados con las drogas no suceden en los lugares más pobres sino más desiguales. El sistema de justicia penal ha sido superado por la realidad. Mientras se recuperan y fortalecen las instituciones, hay que atender las necesidades generadas por la violencia y el delito”.

Respuestas socio sanitarias, experiencias y desafíos

La atención integral a usuarios de drogas implica el desarrollo de estrategias comprensivas, complementarias y multisectoriales que se ocupen de la prevención, la asistencia para el consumo problemático, la reducción de daños y la integración social.

Andrea González, coordinadora del Programa VIH/Sida de la Ciudad de México y directora de la Clínica Especializada Condesa señaló que en el Programa estatal sobre drogas “dice textualmente ´reducir el consumo de drogas ilegales entre 12 y 17 años’, es decir en un programa sanitario se utiliza un término jurídico. La política sanitaria de México no tiene perspectiva de salud”.

Luego de explicar que la guerra contra las drogas en México registra una tasa de mortalidad muy alta, que excede a la muerte por VIH/Sida y por consumo de drogas, se preguntó: “Concretamente, ¿qué resuelve en términos de consumo esta guerra?”

En su ponencia, el director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de Argentina, Yago Di Nella, comentó que “por cada nueve personas que tienen problemas con el alcohol en el país, una persona los tiene con alguna droga ilícita. Sin embargo, el presupuesto que antes se destinaba era inverso a la lógica: la epidemiología señalaba que el principal problema es el alcohol pero se invertía mucho más en drogas ilegales”.

En sintonía con lo manifestado por sus colegas, la coordinadora de la Maestría en farmacodependencia de la Universidad de Costa Rica, Giselle Amador Muñoz, criticó el debilitamiento de los presupuestos para la atención de problemas de salud mental en su país y comentó que “en Costa Rica la tenencia para consumo no está penalizada, sin embargo de 2006 a 2009 se incrementó la detención de personas usuarias de drogas”.

Más tarde, Laura Guzmán, Directora del Centro de Recursos de la Misión de San Francisco, capacitadora de la Coalición Norteamericana de Reducción de Daños (IHRA), EEUU, se refirió a los usuarios de crack e indicó que los agregados a esa droga son los factores más dañinos.

Por último, Maria Elena Ramos, directora de Programa Compañeros, Ciudad Juárez, México, indicó que los usuarios de drogas en muchos casos “viven en la marginación, tienen graves problemas de salud, muertes por sobredosis, familias con historia de consumo, violación de derechos humanos, pobreza extrema y violencia de género. Las mujeres usuarias de drogas inyectables y sus situaciones son las más apremiantes”.

Lecciones para América Latina

¿Es el incremento de la violencia un barómetro de éxito? ¿Qué consecuencias trae la negociación con los actores del crimen organizado? ¿Qué ocurre mientras tanto con los eslabones menores como mulas y pequeños vendedores? ¿Cuál es el impacto de las políticas prohibicionistas en las y los usuarios de drogas, especialmente los más pobres? Con estas preguntas se desarrolló el panel “América Latina en el contexto internacional”, donde Fabio Mesquita (OMS Vietnam), Steven S. Dudley (InSight-Crimen Organizado de las Américas), David Holiday (OSI) y Mike Trace (IDPC) hilvanaron cada uno de estos ejes.

“En el momento en que se crea un sistema represivo de control, el mercado queda en manos de los criminales”, advirtió al comienzo de su presentación Mike Trace, presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC). Y reflexionó: “La guerra contra las drogas ha significado una crisis social en los países donde se lleva adelante”.

El experto del IDPC también se refirió al efecto globo: reducir la oferta de una sustancia no significa reducir el número de usuarios de drogas. Por ejemplo, en Australia, la escasez de heroína en 2009-2010 fue considerada un éxito, pero en realidad significó que los consumidores se volcaran al meth, de efectos más nocivos.

Fabio Mesquita, responsable de la Unidad de VIH de la OMS en Vietnam, denunció los centros de “tratamiento” obligatorio en varios países de Asia y alertó sobre el modelo en Río de Janeiro, donde los niños que viven en la calle y usan crack están siendo conducidos a centros de tratamiento obligatorio.

La Organización Mundial de la Salud, en su último informe, pidió por primera vez el cierre de todos los centros de tratamiento obligatorio, a los que considera verdaderas cárceles para usuarios.

El modelo de negociación de Colombia con Pablo Escobar fue presentado por Steven S. Dudley, co directro de InSight-Crimen Organizado de las Américas, como un modelo de cómo no negociar con los cárteles: “En las verdaderas negociaciones Estados Unidos no procesó por los crímenes más graves, ya que cambió cooperación por penas más leves”.

Puso como ejemplo a Nicolás Bergonzoli, que estuvo 39 meses en prisión, logró la legalización de sus bienes y llevar a su familia a EEUU. “Al tiempo, todos querían ser Bergonzoli. Esto resultó positivo para los fiscales y agentes anti drogas de los EEUU, que entonces podían mostrar éxitos”. ¿Quiénes perdieron? Las llamadas mulas y el eslabón de narcomenudeo, que terminaron con penas más severas que los integrantes del crimen organizado.

Finalmente, David Holiday, oficial del Programa para América Latina de la Fundación Open Society Institute, denunció que “el aumento de la violencia sigue siendo un barómetro de éxito de la política de drogas”. En su opinión, “el crimen organizado estará presente, podemos controlarlo y reducirlo pero una acción verdaderamente eficiente tiene que basarse en un proceso de muy largo plazo para fortalecer las instituciones”.

Conclusiones: amplio consenso en el fin de la guerra

La III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas concluyó el miércoles 14 de septiembre por la tarde con un llamado a lograr “otra política de drogas” para la región.

En el cierre, se presentaron las declaraciones de usuarios de drogas, jóvenes de América Latina y el movimiento por la legalización del cannabis, que durante los dos días del encuentro tuvieron sus propias reuniones.

“Las primeras víctimas de la guerra contra las drogas somos las personas usuarias de drogas”, señalaron en su documento de conclusiones integrantes del movimiento de usuarios de drogas de la región, quienes exigieron el respeto de las Convenciones y tratados de derechos humanos y “la implementación de políticas de reducción de daños, con participación de las y los usuarios de drogas”.

Desde el Colectivo mundial por la normalización del cannabis, reclamaron “la despenalización de la simple tenencia y el consumo de toda sustancia psicoactiva en todos los países”.

Por su parte, integrantes del movimiento mundial de jóvenes y de la organización mexicana Espolea, denunciaron: “Partimos del hecho que en sólo 4 años más de 40 mil personas perdieron la vida en México y que hasta 7 de cada 10 mujeres en países como Argentina y Ecuador están en la cárcel por infringir las leyes de drogas. No necesitamos otro consenso de Washington. Necesitamos una nueva lógica internacional que respete la soberanía nacional, los derechos humanos y que sea sensible a la cultura local”.

En el cierre, Pablo Cymmerman, integrante del Comité Organizador y de Intercambios, señaló: “América Latina tiene una enorme experiencia acumulada en luchas por los derechos humanos frente al terrorismo de Estado, organización de los pueblos originarios y por el derecho a la tierra”. Llamó a articularse con organizaciones comunitarias y movimientos de base “para revertir la estigmatización” y a utilizar los instrumentos regionales como UNASUR, MERCOSUR y ALBA “para poner en la agenda política de América Latina los cambios necesarios en las políticas de drogas”.

Entre las recomendaciones finales se mencionaron: políticas públicas integrales para los territorios afectados por la violencia, despenalización de la tenencia y estrategias de reducción de daños, priorizar los derechos humanos por sobre las operaciones militares, respetar los usos culturales de las sustancias y penas alternativas a la prisión para los eslabones más débiles del tráfico.

En la Conferencia hubo participantes de treinta y dos países de Latinoamérica, Europa, Asia y África, entre estos últimos, funcionarios de salud y justicia de Cabo Verde, Mozambique, Guinea Bissau y Angola, que analizaron alternativas ante el nuevo papel de África en el mercado global de las drogas.

La III Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas fueron auspiciadas por: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA); Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México  (FCPyS - UNAM); Cátedra UNESCO “Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema Internacional de las Drogas”; Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Embajada de Argentina en México; Programa Grupos de Trabajo - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO; Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC); Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC); Asociación Internacional para la Reducción de Daños (HRI); Grupo Latinoamericano sobre Políticas de Drogas  (GRULAD); Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS); Red Iberoamericana de ONGs que Trabajan en Drogodependencias -RIOD; Cáritas Alemania; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Transnational Institute (TNI); Alianza sobre Políticas de Drogas (DPA); Centro Cáritas de Formación (CAFAC); Espolea; Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH); Coalición de Reducción de Daños (HRC); Psicotropicus. Centro Brasilero de Políticas de Drogas; Youth R.I.S.E. Para su realización se cuenta con el apoyo de la Fundación Open Society Institute.

Se espera que este espacio regional aporte cada año a fortalecer una perspectiva crítica y propositiva para superar las situaciones de violencia y estigmatización asociadas a las drogas en la región.