Políticas sanitarias inclusivas y reducción de daños

En el panel “Respuestas socio sanitarias, experiencias y desafíos”, Andrea González destacó que la ilegalidad de las drogas impide que haya información correcta y abundante sobre sus efectos. Yago Di Nella enfatizó que las políticas sanitarias deben dejar de ser excluyentes con los usuarios de drogas y con poblaciones vulnerables en general, Giselle Amador Muñoz cuestionó las políticas de su país, Costa Rica, Laura Guzmán detalló las experiencia de los usuarios de crack, y Maria Elena Ramos habló de reducción de daños.

(México DF, 14 de septiembre, 15.00 hs.) La atención integral a usuarios de drogas implica el desarrollo de estrategias comprehensivas, complementarias y multisectoriales que se ocupen de la prevención, la asistencia por el consumo problemático, la reducción de los daños y la integración social. Alrededor de este concepto expusieron sus ideas y experiencias representantes de México, Argentina, EE.UU. y Costa Rica que integraron el panel “Respuestas socio sanitarias, experiencias y desafíos”.

Andrea González, coordinanora del Programa VIH/Sida de la Ciudad de México y directora de la Clínica Especializada Condesa, México DF señaló que “en el Programa estatal sobre drogas dice textualmente ‘reducir el consumo de drogas ilegales entre 12 y 17 años’, es decir que figura en un programa de salud un término jurídico. La política sanitaria de México no tiene perspectiva de salud”.

Luego de explicar que la guerra contra las drogas en México registra una tasa de mortalidad muy alta, que excede a la muerte por VIH y por consumo de drogas, se preguntó: “Concretamente, ¿qué resuelve en términos de consumo esta guerra?”

Finalmente aseguró que la consecuencia de la ilegalidad es la poca información y falsa sobre los temas relacionados a las drogas, especialmente en el tema crack. “Esta ilegalidad impide que se hagan programas de intercambio de jeringas y otras estrategias de reducción de daños”, sostuvo.

A su turno, el director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de Argentina, Yago Di Nella, comentó que la ley de Salud Mental de ese país, de reciente sanción, establece que el tratamiento médico para dependientes de drogas (lícitas o ilícitas) como un derecho para todos y que se está trabajando para llevar a la práctica este mandato.

“Por cada nueve personas que tienen problemas con el alcohol en Argentina, una persona los tiene con alguna droga ilícita. Sin embargo el presupuesto destinado anteriormente era inverso a la lógica: la epidemiología señalaba que el principal problema es el alcohol pero se invertía mucho más en drogas ilegales”, dijo Di Nella, quien enfatizó que las políticas sanitarias tienen que dejar de ser excluyentes con los usuarios de drogas y con poblaciones vulnerables, como por ejemplo las personas privadas de su libertad.

En sintonía con lo manifestado por sus colegas, la coordinadora de la Maestría en farmacodependencia de la Universidad de Costa Rica, Giselle Amador Muñoz, dijo que  tres millones de personas requieren tratamiento para uso problemático de alcohol en contraste con 34 mil que necesitan tratamiento para uso problemático de sustancias ilícitas.

Criticó el debilitamiento de los presupuestos para la atención de problemas de salud mental en su país y dio como ejemplo de las limitaciones el hecho de que cuenta apenas con nueve Centros de Atención especializados en temas de drogas, y que deberían existir por lo menos 20 de estos lugares.

“La política de drogas en Costa Rica está aliada en la Guerra contra las Drogas, a esto adhiere la presidenta actual”, señaló, y mencionó una encuesta en que se preguntó las situaciones de inseguridad percibidas por la población: las dos respuestas más numerosas fueron que la inseguridad está relacionada con el consumo de drogas y la presencia de “crackeros”. “Esta mirada es alimentada por los medios de comunicación, las políticas gubernamentales y la indiferenciación entre el narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo. En Costa Rica la tenencia para consumo no está penalizada, sin embargo de a 2006 a 2009 se incrementó la detención de personas”, finalizó.

Más tarde, Laura Guzman, Directora del Centro de Recursos de la Misión de San Francisco, capacitadora de la Coalición Norteamericana de Reducción de Daños (IHRA), EEUU, se refirió concretamente a los usuarios de crack y contó algunos casos y testimonios de usuarios. Uno de ellos consumía para olvidarse de los problemas familiares, otro estuvo tres días en coma y no sabía cómo se llamaba. Según la panelista, uno de los factores que hacen más dañino al crack son los agregados que se le hacen.

Por último, Maria Elena Ramos, directora de Programa Compañeros, Ciudad Juárez, México, rescató el hecho de que hace 25 años no se hacía nada para atender estos problemas, mientras que actualmente hay varias organizaciones que trabajan en reducción de daños.

Aseguró que, si bien se sigue arrestando a los usuarios que llevan jeringas, esto ocurre menos que en el pasado. “La violencia nos ha hecho replantear las estrategias de abordaje y tener un gasto mayor, porque los policías se llevan los contenedores como pruebas de consumo. Se ha reducido el número de centros de tratamiento no sólo en Juárez en todo el país”, expresó.

En referencia a los usuarios de drogas, afirmó que en muchos casos “viven en la marginación, tienen graves problemas de salud, tienen abscesos, tienen ITS, muertes por sobredosis, varios miembros de la familia consumen drogas. En la familia hay una historia de consumo, violación de derechos humanos, pobreza extrema y violencia de género. Las mujeres usuarias de drogas inyectables y sus situaciones más apremiantes”.