Entrevista exclusiva al Viceministro de Justicia y Seguridad pública de La República de El Salvador

“Hacen falta políticas regionales, no podemos actuar aisladamente”

En una entrevista previa a la III Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, el funcionario salvadoreño señaló que las políticas deben ser transformadas de manera conjunta por los diferentes países. También explicó que se debe excluir de sanción al consumidor sin afectar la eficacia en la represión a los narcotraficantes y que debe involucrarse a las organizaciones de la sociedad civil a la hora de tomar decisiones.

- ¿Cuál es la situación de su país respecto de los problemas de violencia asociados al narcotráfico que afectan actualmente a la región?

- Desde el inicio de la posguerra, El Salvador ha vivido bajo elevados niveles de violencia e inseguridad, siendo considerado uno de los países más violentos de la región. Actualmente por número de homicidios, somos en el orden, el tercer país más violento y por tasas de homicidios el segundo con el mayor porcentaje de homicidios en Centroamérica. Los informes policiales nos indican que fundamentalmente son tres las fuentes de los homicidios y lesiones en El Salvador: actividad de pandillas o maras, crimen organizado y narcotráfico y violencia social. El narcotráfico es uno de los principales generadores de violencia, especialmente por la lucha por el control del territorio y los beneficios derivados de la venta de drogas. El uso del territorio centroamericano para el traslado de drogas deja una estela de violencia que impide el desarrollo. En los últimos años el pago con drogas por servicios para el narcotráfico y el consumo de drogas en el país ha ido en aumento, con lo cual también se ha elevado la gravedad de los hechos violentos, el número de hechos delictivos cometidos por quiénes necesitan mantener acceso a la droga y el número de ventas en las calles que hacen confrontar a diferentes competidores.

- ¿Cuáles son las políticas que lleva adelante el gobierno para afrontarlos?

- Hemos diseñado una Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia que pretende mejorar la eficacia policial y la coordinación interinstitucional, prevenir el consumo de drogas y ofrecer programas de rehabilitación para consumidores, ejercer mayor control en los centros penales, planificar de manera regional acciones conjuntas contra el delito y rescatar y fortalecer instituciones públicas para evitar que el narcotráfico corrompa o contamine a las mismas.

- ¿Qué evaluación hace de las directivas que emanan de los organismos multilaterales a la hora de abordar los problemas relacionados con las drogas?

- Brindan a los estados herramientas y líneas de acción específicas para abordarlos, con el fin de contribuir a reducir los daños derivados del complejo fenómeno de las drogas. Es cierto que en algunos casos las recomendaciones pueden ser poco efectivas o contradictorias; pero es importante mantener una relación permanente con estos organismos y asumir de acuerdo a las realidades regionales lo que sea aplicable y conveniente de esas recomendaciones. No podemos negar avances, por ejemplo, el hecho de que algunos organismos han estado orientando a los países a ser efectivos en la exclusión penal de los consumidores. Es posible que en los próximos años  observemos muchos avances positivos  en  las políticas de estos organismos.

- ¿Cuáles son los principales conceptos sobre los que girará su ponencia en la III Conferencia Latinoamérica sobre Políticas de Drogas?

- Que la actual situación de las drogas es una permanente amenaza para los Estados y los ciudadanos y que las políticas deben ser transformadas de manera regional y no actuar aisladamente. Que las principales acciones de represión del delito deben desarrollarse contra los delitos violentos relacionados con las drogas y para recuperar el territorio usurpado por carteles y microtraficantes violentos. Que la política de persecución penal verdaderamente debe excluir de sanción al consumidor sin afectar la eficacia en la represión a los narcotraficantes y que deben tener respaldo legal los sistemas terapéuticos u otras novedosas formas de reducir el contacto del traficante con el consumidor, disminuir el uso de drogas más peligrosas y asegurar la reducción del poder económico de los traficantes de drogas.

- ¿Qué evaluación hace acerca de la utilidad de este tipo de foros?

- Considero beneficiosos estos encuentros, porque nos permiten conocer diversas experiencias, superar los recelos o prejuicios entre las instituciones públicas y las organizaciones civiles y desarrollar consensos para la transformación positiva de las ideas, las políticas y las acciones que pueden derivar en resultados positivos.

- ¿Qué rol deben ocupar, en su opinión, las organizaciones de la sociedad civil a la hora de tomar decisiones sobre políticas de drogas?

- Las mismas ocupan un lugar importante al ser una voz crítica e independiente que contribuye con sus opiniones, cuestionamientos y aportes a la toma de decisiones sobre políticas de drogas. Debe involucrarse a estas organizaciones en los procesos de consulta y construcción tanto de políticas públicas como proyectos específicos. *Los gobiernos no pueden continuar tomando decisiones sobre políticas de drogas, de espaldas a las organizaciones civiles. Precisamente para reforzar esta posición es que en El Salvador actualmente se acompaña por parte de la Comisión Nacional Antidrogas el esfuerzo que realizan algunas ONG vinculadas con la atención a personas afectadas por las drogas, para la formación de la Asociación Salvadoreña de Centros de Tratamiento en Adicciones (ASCTA) y de un capitulo salvadoreño de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas.