Conclusiones y perspectivas

Con más de 450 asistentes, se realizó el 27 y 28 de agosto en Buenos Aires la V Conferencia Nacional de Políticas de Drogas en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación organizada por INTERCAMBIOS Asociación Civil. Durante estas jornadas, por primera vez tres funcionarios de primera línea del gobierno nacional definieron una postura a favor de la reducción de daños como política pública: el ministro del interior Aníbal Fernández, el vicepresidente de la nación y presidente de la Cámara de Senadores Daniel Scioli y el subsecretario de programas de prevención del ministerio de salud Andrés Leibovich, quienes diferenciaron la persecución del narcotráfico de la atención de la salud de las personas que usan drogas.
Por quinto año consecutivo, la Conferencia Nacional de Políticas de Drogas reúne en un salón del Congreso de la Nación a legisladores, jueces, decisores políticos, profesionales del sistema judicial y de instituciones de salud, representantes de ONGs y usuarios de drogas. Declarada de interés por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores  de la Nación y declarada de interés legislativo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Conferencia se realizó con el apoyo del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Secretaría de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

INTERCAMBIOS Asociación Civil es una ONG que desde hace 12 años trabaja para el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas y en esta oportunidad introdujo este debate en el más alto nivel del ámbito legislativo.

Durante la inauguración de la Conferencia, Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, señaló: “Durante demasiado tiempo hemos visto cómo las políticas de drogas han potenciado una construcción estigmatizante, centrándose en las categorías de delito y enfermedad, ocultando así las profundas raíces sociales del problema y consolidando procesos de criminalización y medicalización, que han acarreado tanto sufrimiento”.

Touzé agregó: “Es hora de que reconozcamos que la persecución a los usuarios de drogas, persecución desigual que recae particularmente sobre los sectores pobres, dificulta su acceso al cuidado de la salud y los somete a intolerables situaciones de discriminación”. Para concluir, animó a instalar “un discurso y una práctica coherentes” y que se despenalice “de hecho y de derecho, la tenencia de drogas para consumo personal”.

En el panel de apertura, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, planteó: “Estoy persuadido de que el tema de la droga no lo pueden solucionar solamente policías, jueces, fiscales, políticos y médicos. Es un tema transversal que nos compromete a todos. En una democracia, aquel que tenga un problema de adicción a sustancias legales o ilegales debe tener derecho a la salud, y a un plan de reducción de daños”. El ministro aseguró que desde su cartera se busca “diferenciar las políticas sanitarias de reducción de daños, para ocuparnos nosotros desde el Ministerio del Interior de la persecución criminal. Sabemos que algunos nos criticarán, pero les proponemos revisar todos los documentos de Naciones Unidas que sugieren separar lo criminal de las políticas de la salud”.

Por su parte, el vicepresidente de la nación y presidente de la Cámara de Senadores Daniel Scioli apoyó las palabras del ministro y reconoció la trayectoria de Intercambios Asociación Civil, organización que lleva más de diez años de trabajo en políticas de drogas desde una perspectiva de reducción de daños.

Haciendo referencia a las estrategias de Reducción de Daños, el subsecretario de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, Andrés Leibovich, dijo:”Fuimos criticados, allá por el 2002, cuando les dábamos a los usuarios de drogas insumos de prevención. Me parece que hoy la mentalidad argentina está aceptando estas medidas”.

Finalmente, María del Carmen Rico, vicepresidenta segunda de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Honorable Cámara de diputados de la Nación, señaló: “Sabemos que la salud pública en nuestro país no se identifica con la reducción de daños. Por eso es importante afrontar el debate sin tener miedo a poner nuestras posiciones y nuestro pensamiento. Necesitamos un gran punto unificador: la defensa de los derechos humanos”.

Un contexto para un fenómeno

En el primer panel sobre “Contexto sociocultural del fenómeno de las drogas”, la profesora de la Maestría de Psicología Social Comunitaria de la Facultad de Psicología  de la UBA, Graciela Zaldúa, dijo: “Hay retóricas preventoras que sólo ponen el eje en lo parental, mecanismos de responsabilizar siempre a la familia, sobre todo se busca una épica materna de reparación. El adicto busca con la ingesta hacer previsible el acontecer, al buscar un estado y sufrir un estado siempre igual, previsible. Esto nos plantea algo en nuestro contexto. El desafío es pensar otras trayectorias, instituyentes, para poder armarse en esa ilusión del porvenir”.

Por su parte, Gabriela Diker, doctora en educación, vicepresidenta de la Fundación Centro de Estudios Multidisciplinarios, tras aclarar que no trabaja en particular el tema adicciones, sino con chicos y adolescentes que transitan situaciones complejas, problematizó la actual tendencia de cargar a la educación de cuestiones preventivas. “Con esto, se renuncia a lo propio de educar y a esta altura queda claro que es un tanto absurdo pensar que la educación es un antídoto contra los males de la sociedad”. Al mismo tiempo, instó a pensar que

la educación “en ciertas ocasiones puede contribuir a discutir destinos preasignados”, pero no desde la perspectivas de la prevención, sino desde la perspectiva de la habilitación”.

A su turno, Mario Pecheny, investigador del CONICET y del Área de Salud y Población del Instituto Gino Germani de la UBA, se ocupó de aclarar que “el contexto es el fenómeno. No es que lo rodea, sino que es parte de su producción y reproducción” Pecheny alertó sobre los procesos de despolitización del problema drogas, que a su parecer se dan a través de tres mecanismos: medicalización, judicialización y victimización. “Estos tres procesos descontextualizan en un sentido fuerte, porque reducen los problemas a cuestiones individuales, privadas”.

Políticas de drogas locales

Para repasar las experiencias públicas en drogas, se realizó el panel “Políticas de drogas locales”. Allí, Damián Lavarello, coordinador general del Programa Municipal de Sida de Rosario (una de las pocas experiencias en la Argentina que trabajan desde el estado con la perspectiva de reducción de daños), advirtió que en Rosario “la estrategia de Reducción de Daños en Rosario es muy parcial, se resiste a su implantación y se desimplanta con facilidad”. Lavarello señaló que esto se debe a las resistencias del personal de salud a incorporar esta perspectiva. “Creemos que el usuario de drogas tiene que poder consultar en el servicio de salud, y tiene que poder ser atendido sin imponerle abstinencia”. Para él, el desafío pendiente es “lograr la plena institucionalización de lo que es reducción de daños”.

A su turno, Claudia Petracca, coordinadora del programa Municipal de Sida de General San Martín, municipio de la provincia de Buenos Aires con cuatrocientos mil habitantes y tasas de desempleo superior al 20 por ciento, relató el proceso a través del cual fueron logrando institucionalizar hasta convertir en una política del municipio la reducción de daños. En la actualidad hay bajo programa 643 usuarios de drogas y 257 usuarios de drogas inyectables. Pese a esta tasa, Petracca señaló que aún hay fuertes debilidades, ligadas a: 1) Estigmatización del uso de drogas por parte del personal de salud; 2) Penalización del consumo; 3) Ausencia de la reducción de daños en la agenda nacional; 4) Obstáculos entre el primero, segundo y tercer nivel de atención y 5) Que el uso de drogas se mantiene como una práctica oculta.

En el panel también expusieron la diputada de la ciudad de Buenos Aires Lidia Saya, coautora de la Ley para la Prevención y Asistencia a las adicciones y abuso de sustancias para la ciudad de Buenos Aires y Patricia Segovia, subsecretaria de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Como cierre del debate, y luego de varias preguntas del público sobre la reducción de daños y el abstencionismo, el moderador de la mesa, Marcelo Vila, de Intercambios, señaló: “Cuando se genera

la presencia de modelos nuevos, hay una tensión. Pensemos que aunque en lo ideológico haya tensiones, diferencias importantes, hay un plano de lo programático que se puede juntar porque hay preocupaciones comunes”.

Una mirada global sobre el narcotráfico

Al finalizar la primera jornada, en la mesa sobre Geopolítica Regional del Narcotráfico y las Políticas Antidrogas, el analista internacional en asuntos de drogas y seguridad Ricardo Soberón Garrido, integrante del Trasnational Institute (TNI), se refirió a la incapacidad de la actual política de guerra contra las drogas en el Cono Sur: “El narcotráfico ha logrado en estos diez años mimetizarse, responder adecuadamente a las políticas de la OEA, el Plan Colombia y ahora el Plan México, y lo que estamos evidenciando es que los sistemas nacionales de represión están apuntando mal, gastando plata, generando problemas graves. La pregunta es qué va a pasar cuando esto empiece a afectar a los que vivimos en las ciudades y observemos que estos sectores comienzan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada”.

De las intervenciones y la ética

En la segunda jornada de la V Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, el primer tema del día fue “Bioética y Derechos Humanos”, donde se presentaron diferentes posiciones sobre la relación entre los paradigmas de atención a personas que usan drogas.

En primer término, Patricia Sorokin, vicepresidenta del Foro Latinoamericano de Miembros de Comité de Ética de la Investigación en Salud (FLACEIS), afirmó que el desafío ético para los profesionales es: “No hacer lo que para nosotros es lo mejor para el otro, sino respetar lo que el otro considera que es lo mejor para él” La especialista destacó que “Nos cuesta mucho reflexionar sobre las implicancias de limitar la autonomía de las personas, suponiendo que usar drogas las hace incapaces, impotentes e inhábiles.

Con la pregunta “¿el adicto tendrá derechos?” inició su presentación el director nacional de Asistencia de la SEDRONAR, Alejandro Gregori, quien afirmó que “El paciente adicto está buscando su propia destrucción y aquí surge un problema ético para el profesional. Porque el paciente adicto lo que tiene es una solución, no un problema. Muchos pacientes judicializados o quienes llegan al tratamiento por alguna situación de presión familiar, sin creer que les vaya a servir, terminan agradeciendo haber empezado coercitivamente”.

Desde otra perspectiva, Roberto Gallinal, vocal por el Nodo Sur de la Red Iberoamericana de Adicciones (RIOD) de Uruguay, advirtió que en el tema drogas la salud termina convirtiéndose en el brazo blanco de la criminalización. Se arma una “industria de la cura”, con “cárceles blancas”, donde por un lado instrumentan el cuidado personas que atravesaron la experiencia y por otro aparece una sobrepsiquiatrización. Gallinal puntualizó: “¿Qué pasa con este usuario que está penalizado por la ley, de poder elegir con la institución su tratamiento? ¿Puede decidir qué terapeuta? ¿Puede no estar de acuerdo con el programa? Lo cierto es que si no está de acuerdo, le toca otra propuesta en su vida”.

Finalmente, Rubén González, presidente de la Federación de ONGs de la Argentina para la prevención  y el tratamiento del abuso de drogas (FONGA), hizo un repaso de la institucionalización de las comunidades terapéuticas en la Argentina y puntualizó como desafío ético la realidad actual con la pasta base de cocaína: “Nuestros tratamientos nunca estuvieron atravesados por una sustancia, siempre quisimos hablar de las personas, pero esta sustancia es devastadora. Por eso estamos tratando de pensar programas acordes al tema del paco”.

Leyes, fuerzas de seguridad y justicia

En la mesa dedicada a “Legislación Nacional sobre Drogas”, la primera en disertar fue la procuradora general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, quien analizó la experiencia de trabajo a partir de la desfederalización de la persecución al comercio de drogas ilícitas y planteó las dificultades que tienen para investigar la comercialización de drogas: “De diciembre de 2005 a agosto de 2006, el 58 por ciento de los casos que nos trajo la policía bonaerense fue de jóvenes detenidos por tenencia para el consumo. Mientas, nuestros equipos nos decían: ‘doctora, a la vuelta de donde detuvieron a estos chicos hay una cocina”.

Falbo explicó que para modificar esto, las estrategias que se dieron son: 1) en los allanamientos se garantiza presencia absoluta y permanente de la fiscalía; 2) se le avisa a la policía en el momento en que se llega del procedimiento, nunca antes; 3) contacto permanente con el Ministerio de Seguridad; 4) no se recibe la declaración del imputado, cuando se entiende que no tiene importancia y 5) no se permite hacer legajos de los chicos que entran por consumo.

A su turno, el diputado Juan Héctor Silvestre Begnis, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara baja, puntualizó que hay en el tratamiento del tema drogas una lateralización de  la cuestión de la salud: “Nuestra secretaría de Drogadicción está hecha a imagen y semejanza del modelo de la DEA. Ayer escuchábamos “mientras venga a través de organismos internacionales, ese modelo viene condicionado”. ¿Diseñar un modelo argentino y financiarlo? Ninguno de los proyectos que están presentados en el Congreso contempla esto”.

Las trampas del sistema penal para quienes consumen drogas fueron planteadas por el fiscal federal Carlos Rivolo, de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nro. 2, quien señaló que muy pocos pacientes de los que ingresan a tratamientos vía el sistema judicial los terminan. “El sistema represivo no ha funcionado. Es el momento de focalizar sobre la salud. Y si la prevención no alcanza, dar otra respuesta. Pero nunca dentro del ámbito penal. A los que no les gusta la despenalización, tampoco les gusta quizá la desjudicialización”.

Al cierre de este panel, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro, secretaría ejecutiva del Comité Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja del Ministerio del interior, aseveró que hoy en la Argentina “están colisionando dos instrumentos: el que obliga al país a perseguir el tráfico y el que obliga a atender el derecho a la salud. Cuando hay dos posiciones, hay que priorizar la que tiene por fin proteger la integridad de la persona”.

A diez años de UNGASS

En 1998, la asamblea de las Naciones Unidas dedicó una Sesión Especial de Naciones Unidas al tema drogas. Estas sesiones especiales se llaman UNGASS. En aquel momento, de esa asamblea se desprendieron compromisos ratificados por los estados que, una década después, deben ser evaluados y redefinidos. El encuentro para la revisión de las metas sucederá en un año. Para debatir este tema, se realizó la mesa  sobre Revisión de las Metas de la Sesión Especial de Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS).

El primero en exponer fue Ricardo Soberón Garrido, analista internacional en asuntos de Drogas, Seguridad y Amazonia de la Universidad de Lima, Perú, quien recordó que en 1998 la comunidad internacional acordó que debían tenerse indicadores cuantificables de erradicación de la oferta y de la demanda, lo que permitirá hoy “cuestionarnos a nivel nacional, la necesidad de una evaluación seria, científica, transparente”.

Para Soberón Garrido, las posibilidades de llegar a incidir realmente como estados es escasa, porque queda poco tiempo. “Me permito decir que  en la parte sur de América del Sur, Uruguay, Brasil y Argentina, hay experiencias muy propias de esta parte que deben ser al menos escuchada. La experiencia sudamericana de reducción de daños debería poder ser escuchada, porque lamentablemente en países Colombia, Perú y en menor medida Ecuador y Bolivia se nos hace muy difícil pensar en estos términos, porque estamos en un problema diferente. Nuestra pregunta es: ¿la erradicación de cultivos sirve o no para reducir la oferta?”.

El coordinador de la comisión de Política Nacional de Drogas del Instituto Brasilero de Ciencias Criminales, Maurides Ribeiro, decidió compartir sobre todo la experiencia brasileña en política punitiva a personas que usan drogas. “Si bien en Brasil no hay posibilidad legal de pena privativa al usuario, lo cierto es que hay penas alternativas, por lo tanto la conducta continúa criminalizada con otro elenco de penas que no significan cárcel, pero igualmente son criminalizadoras”.

A su turno, Ricardio Di Lelle, integrante de la Dirección General de Asuntos Internacionales de Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, afirmó que “la revisión de las metas de UNGASS es un camino que recién  ha empezado. Es un buen momento para repasar las estrategias adoptadas y corregir las desacertadas”.

Desde la subsecretaría Técnica de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la Sedronar, Mariana Souto Zabaleta, coordinadora de Relaciones Institucionales e Internacionales, señaló que no considera que se esté a tiempo de cambiar las cosas, “estamos a tiempo de tomar conciencia”. La especialista planteó dificultades en torno a los sistemas de información existentes y a los criterios de evaluación de las políticas en materia de drogas. En su presentación, enumeró los problemas vinculados a los instrumentos orientados a una evaluación de tipo formal: 1) Información sobre evolución del problema basada en estimaciones; 2) Imposibilidad de medir “impacto”; 3) Problemas en torno al nivel de cumplimiento y a la revisión de la información; 4) Ausencia de datos sólidos sobre áreas centrales del problema y 5) Deficiencias en los sistema nacionales de información.

El panel se completó con la presentación de Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, quien recuperó la experiencia de UNGASS en VIH/Sida donde la transparencia de la información y los procesos es característica y las organizaciones de la sociedad civil es central. “En temas de drogas las cosas aparecen más oscuras, la información menos accesible, el ingreso de la sociedad civil más restringido”. Recordó que algunas de las oficinas de Naciones Unidas dedicadas al tema drogas dejan de lado sistemáticamente las experiencias de reducción de daños para la atención de la salud de los usuarios. Al cerrar, coincidió en que el tiempo para llegar con una evaluación científica, objetiva y transparente a la revisión de metas de UNGASS el año próximo no deja lugar al optimismo, pero lo que es bienvenido es que se empiece a poner el tema en debate.

En el cierre de la jornada, Pablo Cymerman de Intercambios Asociación Civil destacó: “Como resultado de la Conferencia, esperamos incentivar el trabajo multisectorial entre distintas áreas del gobierno, la academia y la sociedad civil”. Y señaló como una novedad que abre nuevas expectativas “la importancia del cambio discursivo en relación con la penalización de la tenencia de drogas para consumo”, y se señaló como desafío pendiente “que se materialice en políticas públicas concretas”.